España pierde atractivo inversor y se hunde en el vagón de cola de la libertad económica
El IEE alerta de que el país retrocede en inversión y competitividad, penalizado por el exceso de gasto público, el desequilibrio fiscal y la caída de la rentabilidad
A pesar de la euforia del Gobierno en materia económica, España sigue cayendo en el Índice de Libertad Económica que elabora el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Según este organismo, el deterioro de la inversión, el exceso de gasto público y una rentabilidad empresarial en retroceso lastran los resultados de nuestro país, que se sitúa ya en el puesto 31 de 38 de la OCDE.
El informe, basado en los datos de la Fundación Heritage y adaptado al contexto nacional, refleja que España se encuentra un 7 % por debajo de la media de los países desarrollados. La brecha es especialmente amplia en materia de «salud fiscal», donde nuestro país ocupa el puesto 33 de 38, lastrado por un déficit estructural elevado, una deuda en máximos históricos y una presión fiscal que pesa con fuerza sobre familias y empresas. El IEE advierte de que esta combinación no solo limita la capacidad del Estado para responder a futuras crisis, sino que además reduce el margen de maniobra para aplicar rebajas fiscales y desincentiva la inversión privada.
La principal alarma llega desde el ámbito de la inversión. España ha retrocedido hasta el puesto 20 de 38 en facilidad inversora, lo que evidencia un entorno menos favorable para las empresas. El IEE atribuye esta caída a la inseguridad jurídica, la proliferación de trabas regulatorias y la baja rentabilidad de las compañías. El Excedente Bruto de Explotación (EBE), en términos de contabilidad nacional, apenas representa hoy el 42 % del PIB, frente al 44 % en 2018. Esta pérdida de rentabilidad condiciona la capacidad de las empresas para destinar recursos a innovación, productividad y crecimiento, tres factores que definen la competitividad a largo plazo.
«La excesiva expansión del aparato estatal no solo genera ineficiencias, sino que interfiere en el desarrollo del sector privado y debilita los incentivos a la productividad», ha subrayado Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE, durante la presentación del informe. A su juicio, esta tendencia erosiona el atractivo de España frente a otras economías avanzadas y compromete seriamente la convergencia con los socios europeos.
En el ámbito de la libertad de empresa, España logra una puntuación ligeramente superior a la media de la OCDE, alcanzando los 102,1 puntos frente a la base 100. Sin embargo, sigue a gran distancia de los países de cabeza, como Dinamarca o Australia, con un diferencial cercano al 11 %. El exceso de regulación continúa siendo, según el Instituto, un obstáculo significativo tanto para la creación de nuevas compañías como para la actividad diaria de las ya establecidas.
El informe insiste en que la libertad económica y de empresa son palancas esenciales del crecimiento y la prosperidad social. Los países que protegen estos principios –recuerda el documento– canalizan mejor sus recursos, generan empleo de calidad y logran mayor bienestar. En el caso español, el retroceso en la facilidad inversora y la pérdida de atractivo empresarial explican que, pese a contar con tipos de interés más bajos y con fondos europeos disponibles, el impulso inversor se haya quedado por debajo del promedio comunitario.
La falta de dinamismo inversor resulta especialmente preocupante porque España, con una renta per cápita aún inferior a la media de la Unión Europea, debería estar invirtiendo más que sus socios para poder converger. Sin embargo, ocurre lo contrario: se invierte menos, lo que perpetúa un círculo vicioso de baja productividad, rentabilidades insuficientes y menor competitividad internacional.
El IEE alerta además de que el deterioro en materia de libertad económica no es coyuntural, sino estructural. La presión fiscal elevada, combinada con una política de gasto expansiva y con una deuda pública que roza niveles récord, dibuja un escenario poco favorable para la iniciativa privada. El resultado es un entorno en el que la rentabilidad empresarial cae y, con ella, la disposición a arriesgar capital en nuevos proyectos.
La conclusión del Instituto es que para converger en renta con Europa, España no solo debería equiparar su nivel de inversión al promedio comunitario, sino superarlo de forma sostenida en el tiempo. Hoy ocurre lo contrario, lo que deja al país atrapado en posiciones rezagadas dentro de la OCDE y limita sus opciones de crecimiento.
Registro horario
En otro orden, Fernández de Mesa también se ha referido al nuevo registro horario que el Gobierno quiere aprobar este martes. En su opinión, estas medidas «tienen que ser consensuadas» y "no contribuyen a la mejora de la empresa.
«Todas estas medidas, para poderlas introducir, tienen que hacerse a través del diálogo social. El diálogo social en España posiblemente sea una de las instituciones más fuertes que existen. Y si se bandea, digamos, este diálogo social y se merma, no va en beneficio del país», ha avisado
