El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
El Gobierno chantajea a los funcionarios al ligar su subida salarial al desbloqueo presupuestario
Al mismo tiempo continúa con su hoja de ruta de desmantelamiento de la Administración central en beneficio de Cataluña y País Vasco
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha ligado la subida salarial pendiente de más de tres millones de empleados públicos a la aprobación de unos Presupuestos bloqueados por la falta de apoyos parlamentarios.
En declaraciones a TVE, López ha asegurado que «este Gobierno ha acordado siempre con los sindicatos y va a acordar la subida salarial», pero primero hay que «desbloquear las cifras de los presupuestos». Según defiende, la negociación de los incrementos está ligada al escenario presupuestario «que obviamente se ha retrasado».
A pesar de que ya se pactaron las subidas de 2024 y 2025 con la prórroga de las cuentas de 2023, el ministro intenta desviar la responsabilidad hacia un colectivo que ya ha advertido de un «otoño caliente» ante la negativa del Ejecutivo a negociar. Hace dos semanas, los sindicatos mayoritarios de la Administración enviaron una carta a López expresando su indignación por la «parálisis» de su departamento y la «falta total y absoluta» de interlocución.
En la misiva, advertían que los problemas de los trabajadores públicos «no dejan de agravarse por la inacción del ministerio para resolver asuntos muy preocupantes tanto en materia de empleo como de congelación salarial» y conminaban al ministro a retomar cuanto antes el diálogo. De no hacerlo, las organizaciones sindicales –que representan al 80 % del personal público– advertían que tomarían las medidas que consideren oportunas.
Ya este año, los sindicatos organizaron varias protestas por la subida salarial pendiente del 0,5 % pactada en el Acuerdo Marco y que tardó un año en materializarse. Aunque debía aplicarse desde enero de 2024, no se aprobó hasta julio de 2025, tras meses de movilizaciones y advertencias.
Cesiones a nacionalistas
Pero mientras el Ejecutivo pide paciencia a los funcionarios, mantiene las concesiones a los partidos nacionalistas como contraprestación por su apoyo en la pasada legislatura. En los últimos meses, el Gobierno ha permitido al País Vasco contratar funcionarios en Justicia por encima de la tasa de reposición, ha cedido al PNV la designación de secretarios e interventores municipales y ha transferido a Cataluña la gestión integral del funcionariado con habilitación nacional.
A ello se suman los traspasos de competencias en materia de Seguridad Social, que han alarmado a las asociaciones de altos funcionarios por su riesgo de romper la «caja única» del sistema. Diversos organismos, como Fedeca o Apsital, han denunciado que estas cesiones vulneran los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y advierten de un riesgo de «politización» en el control económico y jurídico de las administraciones locales.
