El azote británico de la Agencia Tributaria: «El Gobierno español intentó cancelarnos»

El informe elaborado por el abogado norteamericano, Robert Amsterdam, y el experto fiscal británico, Christopher Wales, sobre la opacidad y la falta de garantías en la Agencia Tributaria ha llegado hasta el Senado. El Partido Popular ha interpelado al Gobierno para exigir explicaciones sobre las denuncias, a lo que el Ejecutivo responde que Hacienda «respeta escrupulosamente los derechos de los contribuyentes». Wales y Amsterdam, sin embargo, sostienen que el modelo fiscal español «trata a los ciudadanos como siervos inútiles» y denuncian el intento del Gobierno por silenciarles.

En su informe Hacienda contra el pueblo, publicado el pasado mes de mayo, ambos expertos documentaron cientos de casos de afectados por discriminación y prácticas arbitrarias por parte de la Agencia Tributaria, especialmente en casos de acogidos a la ley Beckham. Algunos contribuyentes denunciaban que las inspecciones se extienden a familiares y personas del entorno, con requerimientos dirigidos a colegios de hijos o cuentas bancarias de terceros no implicados.

Y esa praxis no se restringe al régimen de impatriados, sino que se extiende al resto de contribuyentes, como revelaba el presidente del recientemente constituido Movimiento Contribuyentes en Acción, Ignacio Basco, en una entrevista para El Debate. Wales es particularmente duro al respecto y afirma que en su experiencia a lo largo de los últimos 10 o 12 años trabajando para decenas de gobiernos en todo el mundo, no ha visto «nada que se parezca ni remotamente a la forma en que la Agencia Tributaria gestiona el sistema fiscal español».

Esta gestión incluye opacidad respecto al algoritmo utilizado para elegir a los contribuyentes investigados, bonificaciones para los inspectores que incentivan la persecución más allá de que se haya cometido o no un delito, o una disminución de los derechos de apelación en caso de negarse a pagar inicialmente.

Estas acusaciones llevaron al senador ‘popular’ José Antonio Monago, que fuera presidente de la Junta de Extremadura, a registrar una pregunta en la Cámara Alta sobre dichas irregularidades en la que inquiría al Gobierno sobre las acciones que emprenderá «para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión tributaria y en los procedimientos de inspección».

El Ejecutivo respondió el pasado viernes asegurando que la Agencia Tributaria respecta «escrupulosamente» el derecho fundamental de igualdad ante la ley y los derechos de los contribuyentes. Considera que el respeto de estos derechos «es la mayor garantía de transparencia y rendición de cuentas», y se remitía al Consejo para la Defensa del Contribuyente o a las publicaciones del organismo público. Por ello, «no hay evidencia de la certeza de las declaraciones que sirven como antecedente de las preguntas».

«Montaña» de pruebas

Estos expertos, no obstante, se reafirman en sus acusaciones. En declaraciones a El Debate, Christopher Wales lamenta que el Ejecutivo «se niegue a reconocer la evidencia» y asegura que «ya hemos proporcionado una montaña de pruebas». «Le sugiero a Soledad Fernandez [directora general de la Agencia Tributaria] que lea nuestro informe técnico y la conferencia que impartí en la Universidad de Sevilla el 30 de septiembre. Y le sugiero a la ministra Montero que salga y escuche al pueblo español, para variar. Le darán muchas pruebas», afirma.

Wales sostiene que «todas las pruebas apuntan a que la forma en que se gestiona la administración tributaria en España es completamente diferente a la de cualquier otro país» y que «en más de treinta gobiernos en los que he trabajado, no he visto nada que se parezca ni remotamente a la forma en que la Agencia Tributaria gestiona el sistema fiscal español».

Wales acusa al Gobierno de intentar silenciarle durante su conferencia en la Universidad de Sevilla

También acusa al Gobierno de «huir de la discusión» e incluso de haber intentado cancelar su conferencia en la Universidad de Sevilla. «El Gobierno tuvo una oportunidad en la conferencia sobre los derechos de los contribuyentes celebrada la semana pasada. Tuvieron la oportunidad de exponer su caso y aclarar los hechos si creen que no los hemos entendido bien. En cambio, llamaron a la Universidad e intentaron que se cancelara la conferencia. Es una acusación impactante contra la actitud del Gobierno español hacia la libertad de expresión».

Desde la institución académica declinan confirmar ese extremo y se limitan a señalar que «la conferencia se desarrolló sin problema».

«Más de 500 víctimas fiscales»

Amsterdam, por su parte, respalda el diagnóstico de su socio y eleva el tono. «Hemos tenido más de 500 víctimas fiscales que se han puesto en contacto con nosotros después de haber sido tratadas de forma horrible por Hacienda. Y eso representa solo una pequeña parte», señala.

El abogado describe esa actuación como «una campaña despiadada, que trata a los ciudadanos no como súbditos, sino como siervos inútiles», y acusa al Ejecutivo de sostener «un sistema de bonificaciones corrupto que es la vergüenza de España» y que «incentiva acciones perversas dentro de la Administración, poniendo en duda la honestidad y la motivación de los propios auditores».

Por ello, hace un llamamiento a todos los partidos políticos «para que se comprometan realmente con nosotros y hablen sobre esta crisis de credibilidad en España». Y añade: «España no puede pretender actuar como un Gobierno normal sin haber presentado un presupuesto durante tres años. Los españoles no tienen ni idea de dónde van a parar los fondos recaudados con sus impuestos».