El pinchazo de la medida del Gobierno para que los jóvenes compren casa
El pinchazo de la medida del Gobierno para que los jóvenes compren casa: «En la mayoría de casos no es viable»
Los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) se crearon con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda en propiedad a los jóvenes de hasta 35 y a aquellas familias que tengan menores a su cargo. Para ello se habían aprobado 2.500 millones de euros, con los que se pretendía ayudar a la compra de unas 50.000 viviendas. Sin embargo, más de un año después apenas se han concedido 200 millones para adquirir 8.400 pisos y las entidades financieras adheridas –un total de 67–, han movilizado 1.074 millones en financiación que cuentan con más de 203 millones en avales, según datos del ICO.
El pinchazo de estos avales se explica por los propios requisitos que se han puesto para poder optar a ellos. Por un lado, los solicitantes no podrán superar los 37.800 euros de ingresos brutos anuales, aunque en el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos será de 75.600 euros anuales. Por otro está que no puede superar el precio máximo de compra que varía dependiendo de la comunidad autónoma en la que se ubique la vivienda, y van desde los 200.000 euros en Extremadura a los 325.000 euros en la Comunidad de Madrid. Actualmente es prácticamente imposible encontrar inmuebles dentro de esos límites.
«En la mayoría de casos no es viable, porque cuando los jóvenes se enfrentan al mercado, no son capaces de encontrar una vivienda con las características que pide el propio programa, porque la tensión de los precios ha superado esa cuantía», asegura Lorena Zenklussen, directora comercial de financiación hipotecaria de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).
Además, Zenklussen considera que «las entidades financieras han lanzado sus propias ofertas hipotecarias destinadas a los jóvenes, al margen de los ICO, y con las que se ahorran tener que seguir todos los pasos exigidos por esta institución». También algunas comunidades autónomas han lanzado sus propias herramientas.
El propio presidente del ICO, Manuel Illueca, reconoció esta problemática en un acto celebrado el pasado marzo, donde destacó que «la línea de avales ICO para compra de primera vivienda no está entrando tanto en las zonas con precios más elevados y rentas más altas, entre otras razones porque la concesión de los avales está acotada a niveles de rentas medios y hay un tope de patrimonio».
Otro impedimento son esos niveles de renta. A través de este programa el Estado avala a los beneficiarios con el 20 % necesario para acceder al crédito. Pero esta garantía se devolverá en las mismas condiciones que el 80 % restante de la hipoteca, por lo que el banco realizará con normalidad un estudio financiero para comprobar si el solicitante es solvente y tiene un salario «aceptable».
Para que una entidad financiera conceda una hipoteca es muy importante que el cliente no supere la ratio de endeudamiento recomendado por el Banco de España, es decir, que no vayan a pagar de cuota de hipoteca más del 30 o 35 % de sus ingresos netos mensuales. A eso se le suma que los tipos de interés de las hipotecas que financian el 100 % del precio de la vivienda son más altos que los tipos de interés medios de mercado.
«Si ganas 800 euros y quieres comprar una vivienda de 225.000 euros, no es viable. La entidad tiene que asegurarse que el cliente va a tener una capacidad de pago suficiente por la totalidad de la hipoteca, incluyendo la parte avalada por el ICO», sentencia la directora comercial de financiación hipotecaria de UCI.
El Gobierno es consciente de estas limitaciones y por eso está estudiando cómo mejorar estas ayudas que concluyen el próximo 31 de diciembre, pero que se van a prorrogar.
Por el momento, Andalucía, con 2.458 operaciones, Comunidad Valenciana, con 1.219, y Cataluña, con 1.068, son las regiones donde más operaciones se han formalizado; mientras que en la Comunidad de Madrid ha habido 386, cifra similar a la de comunidades con mucha menor población, como Castilla y León (387), Castilla-La Mancha (354) y Aragón (333), y en Baleares solo 50.