El salario más común apenas supera en 36 euros al mes al sueldo mínimo

Si hace unos años el salario mínimo era una referencia para los trabajadores con menor cualificación o experiencia, hoy se ha convertido en la norma de buena parte del mercado laboral, hasta el punto de situarse apenas 400 euros por debajo del sueldo más común. Pese a que las sucesivas subidas del SMI están provocando una concentración de salarios en los tramos más bajos, el Ministerio de Trabajo ha convocado ya a su equipo de expertos para preparar la revisión de 2026.

El pasado mes, la ministra Yolanda Díaz anunció la convocatoria de la comisión de expertos del Ministerio para abordar la subida del SMI con el objetivo de que represente el 60 % del salario medio, en «cumplimiento estricto» de la Carta Social Europea. Más allá de que dicho documento sea una mera directriz sin carácter vinculante, lo cierto es que los sucesivos incrementos del sueldo mínimo están provocando una situación paradójica en el mercado laboral.

El Instituto Juan de Mariana acaba de publicar un informe que muestra que, cuanto más se eleva el SMI, menos crecen los salarios del resto de trabajadores y más se consolida la igualación hacia abajo del conjunto de las rentas. Para ello mide su peso en términos reales –es decir, ajustado a la inflación– respecto al salario más frecuente.

El resultado es una convergencia inédita entre el salario mínimo y el sueldo más común. Cuando Pedro Sánchez llegó al poder, el SMI se situaba en torno a los 10.000 euros en términos reales, mientras que el más frecuente alcanzaba los 18.000 una vez descontada la inflación. Sin embargo, en 2023 el salario modal cayó a apenas 13.800 euros, mientras que el SMI ascendió hasta los 13.370, reduciendo una diferencia de 8.000 euros a solo 430, menos de 36 euros al mes.

«Así las cosas, el resultado de la política de rentas que han impulsado con determinación el presidente Pedro Sánchez y la ministra del ramo, Yolanda Díaz, es que el salario más habitual del país es ya prácticamente el salario mínimo. La distancia del 40 % que antes existía entre ambas rúbricas se sitúa ahora en el entorno del 3 %», señala el informe.

El fenómeno no responde a una mejora generalizada de las rentas más bajas, sino a la pérdida de poder adquisitivo del resto de trabajadores. En un contexto de baja productividad y precios al alza, los salarios medios y modales han permanecido prácticamente estancados, mientras el SMI ha crecido por decreto un 26 % en términos reales entre 2018 y 2023. De este modo, la política de rentas ha acabado erosionando el diferencial que tradicionalmente separaba al salario mínimo de los empleos de cualificación media.

Diferencias regionales

Al tratarse de una referencia fijada a nivel nacional que no tiene en cuenta las diferencias regionales del mercado laboral, la aplicación del objetivo del 60 % del salario medio provoca que, en el 84 % del territorio –42 de las 50 provincias españolas–, el SMI se sitúe ya muy por encima de ese umbral recomendado por la Carta Social Europea. En más de la mitad del país, esta ratio supera incluso el 75 %, reflejando un claro desajuste entre los costes laborales decretados y la realidad económica de cada región.

Las mayores incidencias se registran en Ávila (78,7 %), Zamora (77,3 %) y Badajoz (75,8 %), seguidas de Murcia (75,7 %), Alicante (74,2 %) y Salamanca (73,7 %). En el extremo opuesto, las comunidades con mayor nivel salarial –Madrid (52,3 %), País Vasco (54 %), Navarra (56 %) y Cataluña (56,7 %)– presentan todavía márgenes amplios. Esta disparidad revela que el sueldo mínimo ha dejado de actuar como red de protección homogénea y se ha convertido en un factor de distorsión territorial, con especial impacto sobre las pequeñas empresas y los sectores más intensivos en mano de obra.

270.000 empleos destruidos

El fuerte aumento del salario mínimo ha tenido también un efecto directo sobre la creación de empleo, especialmente en los sectores con menor productividad. Según los cálculos del Instituto Juan de Mariana, la subida del SMI aprobada en 2019 provocó la pérdida de hasta 174.000 puestos de trabajo, y el efecto acumulado entre 2019 y 2023 alcanza los 210.000 empleos destruidos, una cifra que podría elevarse a 270.000 en 2024 si se mantiene la tendencia.

El Banco de España ya advirtió en sus informes del impacto negativo de la subida del 22 % aplicada ese año, señalando que los jóvenes, los trabajadores con baja cualificación y las pequeñas empresas serían los colectivos más afectados. La patronal Cepyme eleva aún más las estimaciones y calcula que las compañías de menor tamaño han dejado de crear alrededor de 350.000 empleos como consecuencia del encarecimiento de los costes laborales. La contracción se ha concentrado en actividades como la agricultura y el empleo doméstico, que desde 2019 han perdido más de 30.000 trabajadores.

Trampa de dependencia

Mientras el Gobierno atribuye la caída del paro a la fortaleza del mercado laboral, los economistas advierten de un efecto estadístico que distorsiona la lectura real del empleo. Buena parte de la reducción del desempleo responde a la reclasificación de los fijos discontinuos inactivos como ocupados, una práctica que, según diversos estudios, explica cerca del 90 % del descenso del paro comunicado por el Ejecutivo. En paralelo, el número de personas que dependen de subsidios, ayudas y rentas asistenciales no ha dejado de crecer.

El gasto público destinado al Ingreso Mínimo Vital se ha multiplicado por nueve desde 2020, al pasar de 407 a 3.854 millones de euros anuales, y el conjunto de transferencias asistenciales supera ya los 28.500 millones. En total, más de siete millones de personas perciben algún tipo de prestación, lo que supone un esfuerzo fiscal cada vez mayor y reduce los incentivos a reincorporarse al mercado laboral. Los analistas advierten de que esta expansión del gasto social, combinada con la menor creación de empleo neto, está consolidando una trampa de dependencia que lastra la productividad y eleva la presión sobre las cuentas públicas.

Achatamiento de la estructura salarial

El resultado de esta dinámica es un achatamiento de la estructura salarial que reduce los incentivos a la formación y a la mejora profesional. A medida que el salario mínimo se acerca al más frecuente, el diferencial entre categorías se estrecha y la progresión dentro de las empresas pierde atractivo. En la práctica, el salario mínimo ha dejado de ser una palanca de ascenso social para convertirse en un techo que limita la movilidad y desalienta la productividad.

España es ya el cuarto país de la OCDE con peor evolución salarial en las tres últimas décadas, un dato que refleja el estancamiento de las rentas del trabajo y la falta de correlación entre productividad y remuneración. Los economistas coinciden en que la mejora de los sueldos no puede sostenerse a golpe de decreto, sino mediante políticas que impulsen la competitividad, la inversión y la innovación. De lo contrario, el país corre el riesgo de consolidar un modelo laboral basado en la igualdad en la precariedad, donde todos ganan lo mismo, pero cada vez menos.

«España necesita mejorar sus salarios, pero pretender lograrlo a golpe de decretazo es un profundo error. La alternativa pasa por un modelo que premie la productividad, facilite la competencia y estimule el dinamismo económico», concluye el informe.