Hacienda, en el punto de mira del Tesoro de EE.UU. por el «control» de contribuyentes americanos con servidores de Huawei

La opacidad del Ministerio de Hacienda empieza a llamar la atención en Estados Unidos. El abogado Robert Amsterdam, autor del libro Hacienda contra el Pueblo, ha enviado una carta al Departamento del Tesoro estadounidense en la que alerta del uso por parte de la Agencia Tributaria de servidores proporcionados por Huawei, una empresa considerada de alto riesgo por Washington y la Comisión Europea. El letrado advierte de que esta práctica podría comprometer la confidencialidad de los datos fiscales de los contribuyentes estadounidenses compartidos con España a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Durante la presentación del libro en Nueva York, Amsterdam reveló que su despacho ha remitido una carta al Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la que detalla «el uso continuado por parte de España de servidores proporcionados por la empresa estatal china Huawei». El documento -enviado el 29 de octubre- solicita al Tesoro y al Servicio de Impuestos Internos (IRS) que verifiquen el cumplimiento de las cláusulas de confidencialidad del tratado bilateral de intercambio de información fiscal suscrito entre ambos países.

Amsterdam considera que el recurso a esta tecnología «pone en riesgo la seguridad de los datos de ciudadanos estadounidenses» y constituye la «guinda del pastel» de un sistema que, a su juicio, «viola tratados internacionales, estándares de la OCDE, leyes nacionales e incluso la propia Constitución española». Durante su intervención, el abogado aseguró que «al Gobierno español no se le puede confiar información fiscal sensible» y pidió a Washington que «rechace cualquier solicitud de datos procedente de Hacienda» mientras no se garantice la protección de la información remitida por el IRS.

El letrado afirmó que su firma ha mantenido reuniones «al más alto nivel» en el Tesoro estadounidense y que el expresidente Donald Trump «ha sido informado de los problemas que involucran a España». «Las consecuencias podrían ser muy graves, y las estamos explorando», advirtió, sin concretar qué medidas podría adoptar la Administración norteamericana si se confirmara que los servidores de Huawei forman parte de los sistemas informáticos de la Agencia Tributaria.

En la misma comparecencia, Amsterdam describió a la Hacienda española como «un caso atípico absoluto» dentro del mundo desarrollado y acusó a la Agencia Tributaria de «operar en contra del Estado de derecho» y de «discriminar fuertemente a los ciudadanos estadounidenses». Aseguró que unos 50.000 contribuyentes norteamericanos se acogieron al régimen fiscal conocido como Ley Beckham, atraídos por certificados oficiales que prometían un tratamiento favorable, y que «años después fueron objeto de auditorías retroactivas que arruinaron su estancia en España».

Según el abogado, la Agencia Tributaria «otorga certificados falsos» y, tras un tiempo, «organiza estratégicamente auditorías tres o cinco años después» para reclamar millones de euros. «Es una operación clásica de cebo y cambio», dijo. «Un contribuyente ahorra unos cientos de miles de dólares y acaba pagando millones. España atrae talento extranjero y luego les criminaliza».

Amsterdam denunció que el sistema interno de bonificaciones fomenta prácticas «depredadoras»

Amsterdam también denunció el sistema interno de bonificaciones de la Agencia Tributaria, que, según explicó, «recompensa a los inspectores por la recaudación de ingresos» y fomenta prácticas «depredadoras». «El año pasado las bonificaciones ascendieron a 282 millones de euros. Estas personas reciben una parte de la acción y no sufren ninguna consecuencia si se equivocan», añadió. Criticó asimismo el sistema de «pagar para apelar», que obliga a los contribuyentes a abonar la deuda antes de recurrir, con multas del 75 al 150 % y procesos judiciales que pueden alargarse entre ocho y diez años.

A su juicio, estas prácticas configuran un modelo «incompatible con una democracia plena», donde «el auditor entra en el tribunal con la presunción operando a su favor». Concluyó asegurando que su despacho ya representa a más de 450 personas afectadas por actuaciones de la Agencia Tributaria, incluidos profesionales estadounidenses y europeos.

Contrato de Huawei

La advertencia de Amsterdam llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno español, después de que Bruselas y Washington hayan expresado su preocupación por los vínculos de Huawei con infraestructuras críticas del Estado.

En septiembre, la Comisión Europea dirigió una dura advertencia al Ejecutivo por el contrato firmado entre el Ministerio del Interior y la empresa china para la gestión de las escuchas judiciales. La vicepresidenta comunitaria para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, alertó de que esa adjudicación «puede crear una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera».

Bruselas recordó entonces que ya en 2023 había identificado a Huawei y ZTE como compañías con «riesgos significativos mayores que otros proveedores» y recomendó a los Estados miembros restringir o incluso excluir sus equipos de las infraestructuras esenciales.

El contrato con Huawei afecta a la plataforma que centraliza las escuchas telefónicas judiciales en España

El contrato con Huawei -valorado en 12,3 millones de euros- afecta al sistema SITEL, la plataforma que centraliza las escuchas telefónicas judiciales en España. Se trata de un ámbito particularmente sensible, puesto que la compañía está sujeta a la Ley de Inteligencia Nacional china de 2017, que obliga a las empresas tecnológicas a colaborar con los servicios de inteligencia de Pekín.

En Estados Unidos, el congresista republicano Rick Crawford, presidente del Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, envió una carta al Gobierno español en la que afirmaba que «cada país que abre sus puertas a Huawei solo brinda más oportunidades a la empresa controlada por el Partido Comunista Chino para extraer datos que utiliza para promover sus objetivos geopolíticos».

Poco después, la Casa Blanca suspendió temporalmente el intercambio de inteligencia con España, al considerar que la participación de Huawei en las escuchas judiciales podía comprometer la seguridad de sus comunicaciones.

Legislación china

El Ejecutivo español ha defendido desde entonces que la contratación de Huawei «cumple con los niveles requeridos en el Esquema Nacional de Seguridad y con la guía del Centro Criptológico Nacional», y ha asegurado que las comunicaciones y la ciberseguridad «están totalmente garantizadas y a los más altos estándares europeos».

No obstante, las dudas persisten tanto en Bruselas como en Washington, donde se considera que la legislación china -reforzada por las leyes de Seguridad de Datos y de Criptografía de 2020- concede al Estado un amplio poder para acceder a los sistemas y claves de cifrado de las compañías nacionales, incluso fuera de su territorio.

La posibilidad de que la Agencia Tributaria española utilice servidores de Huawei para procesar información intercambiada con el IRS ha despertado inquietud en Estados Unidos, que desde hace años mantiene a la empresa en su lista de proveedores vetados por motivos de seguridad nacional.