Pagamos más impuestos, pero no vivimos mejor que hace 45 años

En España no se vive mejor que hace 45 años. A pesar de pagar muchos más impuestos. El aumento del sector público no ha aumentado la calidad de vida del ciudadano; al contrario, ha reducido su capacidad de compra. Según la OCDE en España ha habido una caída del 4,2 % en el poder adquisitivo de los salarios reales entre 2021 y 2025.

En los últimos años, España ha experimentado una subida histórica en la recaudación de impuestos. Sobre todo, por el efecto de la inflación sobre el IRPF. La presión fiscal ha alcanzado niveles sin precedentes, situándose en torno al 45 % del PIB. Muy por encima del 30 % que representaba a comienzos de los años 80. Sin embargo, esto no se traduce en una mejora en la vida de muchos ciudadanos.

En lugar de redistribuir la renta, el Estado ha acabado absorbiendo una gran parte de ella. Por tanto, debemos hacer una reflexión profunda sobre la gestión pública y sobre el modelo económico que debemos tener.

Resulta útil recordar que España dedica hoy 270.000 millones de euros más al gasto público (descontada la inflación) que hace 45 años. Cada trabajador paga una media de 12.000 euros adicionales al año en impuestos respecto a lo que pagaba en 1980. Y, sin embargo, la vida entonces no estaba marcada por una carencia de infraestructuras, servicios o escasez de viviendas. Había hospitales, carreteras y trenes, y la sociedad española avanzaba con relativo bienestar.

Entonces, ¿por qué ahora con un esfuerzo fiscal mucho mayor no mejora el bienestar ciudadano? La respuesta parece encontrarse en la ineficiencia del gasto público actual. Y en el modelo económico español, que se sustenta sobre sectores de baja productividad, y con salarios que apenas han crecido en términos reales durante las últimas dos décadas.

El espejismo del crecimiento del PIB

Hoy, la productividad por trabajador en España está prácticamente al mismo nivel que hace 20 años. Y el salario real medio -descontada la inflación- ha seguido una tendencia prácticamente plana. Es decir, los trabajadores no ganan más en términos de poder adquisitivo.

Cuando dividimos el PIB entre el número de habitantes, se obtiene el PIB por habitante, que es un buen indicador del bienestar. Y aquí España sale mal parada: el PIB per cápita está por debajo de la media europea y, lejos de los países más desarrollados. Aunque producimos más en términos globales, el pastel se reparte entre más gente y, por tanto, la porción de cada uno casi no aumenta.

La trampa del IRPF

La inflación está teniendo un papel crucial en este fenómeno. Cuando suben los precios, también lo hacen los salarios. Pero si los tramos del IRPF no se ajustan a esa subida (es decir, si no se deflacta el impuesto), más contribuyentes saltan a tramos superiores, sin haber ganado realmente más. Esto es lo que se conoce como «recaudación en frío»: se recauda más sin necesidad de subir impuestos explícitamente.

Así, el Estado obtiene ingresos récord vía IRPF, mientras que la capacidad adquisitiva de los ciudadanos se ve reducida. La inflación en España lleva tres años por encima de la media de la zona euro, lo que agrava la pérdida de poder adquisitivo.

Esta combinación de impuestos crecientes, escasez de viviendas, salarios reales a la baja e inflación elevada golpea con más fuerza a un modelo económico basado en sectores de bajo valor añadido, como la hostelería, la construcción, el empleo doméstico o la agricultura, que emplean a gran parte de la mano de obra inmigrante.

¿Es posible otro camino?

Sin duda. Pero exige una reorientación drástica de las prioridades del país. Implica apostar por un modelo productivo basado en la innovación, la formación profesional y el incentivo al ahorro y la inversión. Requiere una reforma del gasto público, orientándolo hacia áreas que generen valor añadido y reduciendo el peso de la burocracia.

El debate no es si el gasto público debe ser alto o bajo, sino si debe ser eficiente. Porque España no puede permitirse gastar el equivalente a un 45 % del PIB para obtener resultados propios de un país que gasta el 30 %. Por lo que resulta urgente rediseñar nuestro sistema tributario para que sea justo y no tenga alcance confiscatorio (artículo 31 de la Constitución). Esto nos conviene a todos. Como señaló Milton Friedman: «el poder de recaudar impuestos es también el poder de destruir».