Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal de un edificio
El boom inmobiliario no compensa el gasto desbocado de las comunidades, que cerrarán el año con un déficit del 0,2 %
La recaudación por transmisiones patrimoniales subió un 21,9 %, pero el gasto autonómico creció un 4,8 %, muy por encima del límite del 3,2 % fijado por la regla de gasto
El déficit autonómico cerrará 2025 en el -0,2 % del PIB, según las previsiones publicadas por Fedea. Aunque la cifra se acerca al equilibrio, los autores advierten de que es «un mal dato sin paliativos» porque descansa en ingresos excepcionales procedentes del boom inmobiliario. La recaudación por transmisiones patrimoniales –el impuesto que grava la compraventa de vivienda usada– creció un 21,9 %, pero el gasto autonómico avanzó un 4,8 %, muy por encima del 3,2 % que marca la regla de gasto. El informe alerta de un deterioro estructural y de una oportunidad perdida para sanear las cuentas.
El déficit del -0,2 % calculado por Fedea empeora en una décima la estimación del Gobierno –que sitúa el cierre en el –0,1 %–, aunque mejora la proyección de la AIReF (-0,4 %). A juicio de los autores, el resultado «evidencia que se ha perdido una oportunidad para consolidar las cuentas» en un ejercicio marcado por un notable crecimiento de los ingresos.
El informe subraya que el equilibrio no se alcanzará «a pesar del fuerte crecimiento de los recursos no financieros», que aumentaron en 7.270 millones hasta julio (+4,9 %). La principal explicación está en la evolución del mercado inmobiliario ya que la recaudación por transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados creció un 21,9 % en la primera mitad del año, impulsada por el encarecimiento de la vivienda. Fedea recuerda que este ingreso tiene «carácter extraordinario» y no debería considerarse estructural.
Sin embargo, el comportamiento del gasto ha neutralizado ese impulso recaudatorio. Los empleos no financieros aumentaron un 4,8 %, un ritmo muy superior al límite del 3,2 % que marca la regla de gasto, el mecanismo que limita el crecimiento del presupuesto autonómico para evitar desequilibrios, y que, según la AIReF, habría permitido alcanzar el equilibrio presupuestario. «Con un crecimiento más moderado de los empleos que cumpliera la regla de gasto, las CC.AA. alcanzarían el equilibrio», apunta el documento.
El informe detalla que el crecimiento del gasto se concentra en las partidas de consumo público. La remuneración de asalariados, que representa más del 40 % del total, aumentó un 2,3 %. Los consumos intermedios –que incluyen los gastos sanitarios y educativos– crecieron un 4,7 %, y las transferencias sociales en especie lo hicieron un 4,1 %, en gran parte por el incremento del gasto en conciertos sanitarios para reducir las listas de espera.
La rúbrica de intereses alcanzó los 4.502 millones de euros, un 8,3 % más, debido al encarecimiento de la refinanciación de la deuda autonómica desde 2022. Este comportamiento presenta fuertes diferencias regionales: La Rioja (+27,3 %), Murcia (+24,2 %) y Comunidad Valenciana (+23,5 %) encabezan los aumentos, mientras que Baleares, Extremadura y País Vasco registran descensos.
La inversión, por el contrario, retrocede. La formación bruta de capital fijo disminuyó un 2,6 % hasta julio y ya representa apenas el 7 % del gasto total.
Once comunidades en déficit
Las previsiones muestran diferencias significativas entre territorios. Once regiones cerrarían 2025 en negativo, con la Comunidad Valenciana (-1,4 % del PIB) y Murcia (-1,1 %) como los casos más destacados. Les siguen Aragón (-0,5 %), País Vasco (–0,3 %), Cataluña (-0,3 %), Canarias (-0,3 %) y Madrid (-0,3 %), entre otras.
En el lado contrario, solo cuatro comunidades presentarían superávit: Navarra (0,7 %), Asturias (0,3 %), Cantabria (0,3 %) y Andalucía (0,3 %). Castilla y León y Extremadura terminarían prácticamente en equilibrio presupuestario.
El documento recuerda que el cierre previsto «anticipa un nuevo deterioro estructural» por la dependencia de ingresos ligados al ciclo inmobiliario y por un gasto que crece «ampliamente por encima» del límite fijado por la regla de gasto. De cara a la aplicación de las nuevas reglas fiscales europeas, los autores consideran imprescindible que las comunidades participen activamente en el proceso de consolidación. «Las CC.AA. deben comenzar a controlar su gasto, ya sea con medidas de reducción o con mecanismos que mejoren la eficiencia», concluyen.
