Fedea detecta una rebaja de Hacienda a la «financiación singular» para Cataluña, aunque advierte de que el daño «ya está hecho»

El Gobierno ha empezado a rectificar las partes más conflictivas del acuerdo entre ERC y el PSC para la financiación de Cataluña. Según un análisis del director de Fedea, el plan que maneja el Gobierno omite los elementos más sensibles del pacto inicial y orienta la reforma hacia un modelo de carácter general aplicable al conjunto de autonomías. No obstante, esta institución advierte que parte del daño derivado del acuerdo «ya está hecho y no se revertirá con el aparente cambio de rumbo» al legitimar el relato de la infrafinanciación catalana.

El pasado 17 de noviembre, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), María Jesús Montero anunció que el Gobierno presentará a comienzos del próximo año una propuesta «completa» para la reforma del Sistema de Financiación Autonómica. Sobre este anuncio, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, ha publicado un acertado análisis en relación con la propuesta «financiación singular» prometida a ERC para sentar a Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat. Según explica, el rechazo generalizado a este acuerdo y el miedo al coste electoral ha llevado al Ejecutivo a «ralentizar el proceso» y «diluir» el acuerdo original, «aunque sin renunciar a introducir elementos de singularidad o la cesión de competencias sustanciales de gestión tributaria».

De la Fuente compara el contenido de la propuesta original con el Acuerdo de la Comisión Bilateral y el anuncio de la ministra y concluye que las diferencias «son notables», aunque «sin llegar a la contradicción abierta». El economista recuerda que el pacto de 2024 proponía «una reforma radical del modelo de financiación de la Generalitat que avance hacia la plena soberanía fiscal», con la cesión gradual del «100 % de los tributos de titularidad estatal» y una Agencia Tributaria catalana que asumiría todas las competencias de recaudación y gestión. El texto también contemplaba una aportación reducida de Cataluña a la caja común y la garantía de que se respetaría el principio de ordinalidad.

Sin embargo, según De la Fuente, nada de esto se ha consolidado en los documentos posteriores. El Acuerdo de la Comisión Bilateral de julio de 2025 «no sólo no concreta y hace operativo el texto anterior, sino que parece cuestionar algunos elementos importantes del mismo», al omitir referencias a la soberanía fiscal, al maltrato fiscal alegado por ERC y a la cesión íntegra de impuestos. La versión más reciente, presentada por Hacienda en el CPFF, pone el foco en un modelo general para todas las comunidades y en un sistema de gestión tributaria «en red» que «no irá en detrimento de la AEAT».

El plan que prepara el Gobierno incorpora además un aumento sustancial de recursos para todas las autonomías mediante un incremento de los porcentajes de cesión de algunos tributos compartidos. También plantea una reformulación de las entregas a cuenta para reducir el desfase temporal con el que las comunidades reciben los fondos, así como un refuerzo de la solidaridad entre territorios mediante la reducción de las diferencias de financiación homogénea por habitante ajustado. La ordinalidad, según el economista, permanece «en negociación».

De la Fuente identifica algunos elementos positivos en estos cambios. La agilización del sistema de entregas a cuenta podría tener «efectos positivos desde el punto de vista de la rendición de cuentas y la autonomía y responsabilidad fiscal». También considera relevante el compromiso de avanzar hacia un reparto más equitativo de recursos, aunque lamenta que no se plantee extenderlo a las comunidades forales.

Maltrato fiscal

El director de Fedea advierte, sin embargo, de que «buena parte del daño derivado del acuerdo con ERC ya está hecho y no se revertirá con el aparente cambio de rumbo». Considera que la aceptación inicial del relato del «maltrato fiscal» ha legitimado reivindicaciones de soberanía fiscal que podrán resurgir en el futuro. Además, alerta de que el modelo de gestión tributaria a la carta podría desembocar en «la ruptura efectiva del principio de caja única», con mayores costes, menor eficiencia y dificultades de coordinación entre administraciones.

Otro punto de preocupación es la previsión de una inyección adicional de recursos sin una explicación clara sobre su financiación. Según el economista, este tipo de medidas «agravará los serios problemas de ausencia de incentivos para mantener una cierta disciplina fiscal» que ya padece el sistema y que suelen trasladar el coste político al Estado.

En su valoración final, De la Fuente sostiene que, por lo visto hasta ahora, «no está nada claro que lo que el Gobierno está cocinando pueda ser un punto de partida válido para una reforma del SFA consistente con el interés general del conjunto del país». Y concluye que sería necesario buscar «una vía alternativa» que tenga en cuenta las demandas razonables de las comunidades pero preserve la solidaridad interterritorial y la autonomía de la Administración Central.