El control de alquileres provoca un cisma en Bruselas: «A largo plazo es contraproducente»

La crisis de la vivienda no es un caso aislado en España. En toda Europa existe una escasez de oferta y una demanda muy rígida que está tensionando cada vez más los precios. De hecho, según datos de Eurostat, los precios de la vivienda en la Unión Europea (UE) aumentaron un 55,4 % y los alquileres un 26,7 % entre 2010 y 2024, y en algunos países estos incrementos son superiores al 200 %. Estas subidas superan con creces las alzas salariales, lo que lleva a muchos hogares, sobre todo a los de bajas rentas, a destinar casi el 40 % de sus ingresos al pago de la vivienda.

Para revertir esta situación, la Comisión Europea presentará el 16 de diciembre en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno un Plan de Vivienda Asequible, en el que tendrá en cuenta las recomendaciones que haya hecho el Consejo Asesor de Vivienda, creado en junio. Este grupo de expertos ha presentado un informe donde plantean 75 recomendaciones específicas para mitigar este problema, que van desde la reforma de las ayudas de Estado hasta la regulación de los alquileres de corta duración.

«Necesitamos un cambio de paradigma para que la vivienda se considere una infraestructura social y económica esencial, y para desalentar la financiación de la vivienda como activo especulativo en lugar de como hogar a largo plazo», señala el informe.

Una de las propuestas más importantes por las que se aboga en dicho documento es la intervención del Estado en zonas tensionadas, que serán determinadas utilizando indicadores como el rápido aumento de los precios de la vivienda, la elevada inmigración y los alquileres a corto plazo. Una vez identificadas, el Consejo Asesor de Vivienda recomienda aplicar políticas, entre las que se incluye el control de alquileres.

Este informe no obliga a la Comisión Europea a seguirlo, pero al haber sido encargado por ellos hace pensar que va a incluir muchas de las recomendaciones en su Plan de Vivienda. Esto puede abrir un cisma dentro del propio Ejecutivo comunitario, porque hace poco más de un mes la dirección general de Asuntos Económicos desmontó esta medida ya aplicada en España por «contraproducente».

En el estudio La Vivienda en la Unión Europea: Evolución del mercado, factores subyacentes y políticas, elaborado por expertos de la Dirección General de Asuntos Económicos, aunque no se nombra la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de coalición en 2023, sí que se posiciona acerca de regular los precios de los alquileres, tal y como ocurre en Cataluña, País Vasco y Navarra.

Bruselas admite que tiene efectos positivos y puede «producir un alivio» a corto plazo, pero considera que es contraproducente y lesiva, para lo que se pretende beneficiar si se aplica a medio y largo plazo. Esto es porque «con el tiempo, una regulación excesiva puede crear mercados duales y disminuir la disponibilidad de propiedad en alquiler debido a menores rendimientos, lo que puede desviar la oferta hacia zonas no reguladas y contribuir a la gentrificación».

A su vez, aumenta la falta de vivienda, inflando los precios, ya que «a menudo se generan desajustes entre la oferta y la demanda con efectos heterogéneos entre los distintos grupos de ingresos». Esto puede acabar desatando burbujas inmobiliarias, y «un exceso de endeudamiento de los hogares, al empujar a más personas hacia la propiedad, lo que potencialmente reduce la resiliencia económica durante las crisis financieras». Además, puede «aumentar el número de personas sin hogar», sentencia.