Teatro y engaño en el sistema fiscal propio para Cataluña

La vicepresidente del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció el hace unas semanas, tras el paripé que supuso el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que en enero propondría a las CCAA un nuevo sistema de financiación autonómica. Por su parte, el presidente del Gobierno dijo unos días después que el sistema sería, a la vez, bilateral y multilateral, cosa imposible, porque, en ese caso, se tratará de dos sistemas distintos.

Tras ese artificio, se esconde la repetición de un pacto entre los independentistas catalanes, especialmente, ERC, y el Gobierno, para, a cambio de unos votos que cada vez sirven para menos, conseguir seguir gobernando. Para ello, el Gobierno, en su anuncio de la presentación de una propuesta del sistema a las CCAA en enero, no puede esconder que detrás se encuentra la negociación con ERC para lograr un sistema de financiación al gusto de los independentistas catalanes, como ya ocurrió en 2009.

El actual SFA fue diseñado de manera bilateral entre el tripartito catalán liderado por Pascual Maragall y el Gobierno de España, como ahora sucede con la metodología de la condonación de deuda. Es más, los propios independentistas dieron el visto bueno al borrador de acuerdo antes de que el Gobierno de España lo propusiese al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Dicho sistema, lo plagaron de retorcimientos estadísticos para beneficiar a Cataluña, de manera que al hablar de población ajustada, que es la que se emplea para distribuir los distintos fondos, emplearon unos ajustes, unos grupos de edad y unos intervalos que aproximaban la población ajustada de Cataluña a su población real mientras que a Madrid le hacían perder muchos habitantes a considerar a la hora de repartir los ingresos. Retorcieron estadísticamente el sistema para castigar a Madrid y premiar a Cataluña, como con el límite del fondo de competitividad.

Ahora, quieren volver a hacer lo mismo: a las CCAA les ofrecerán en enero un sistema diseñado por el Gobierno en pacto con los independentistas catalanes y con Illa, que supondrá la concesión a Cataluña de un régimen fiscal propio, al estilo de las forales, que acabará con la solidaridad interregional y que podrá afectar negativamente a la prestación de servicios de las regiones ahora receptoras del sistema, quebrándose la mencionada solidaridad. Podrán vestirlo como quieran, pero ésa será la realidad.

El Sistema de Financiación Autonómica debería haberse reformado hace entre ocho y diez años

El Sistema de Financiación Autonómica (SFA) lleva pendiente de renovación desde el 31-12-2013, cuando, con la ley en la mano (DA séptima de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre), habría que haberlo revisado o, como poco, desde el 31-12-2015, si nos atenemos a las liquidaciones definitivas de 2013, entregadas en junio de 2015. La ley no lo deja claro, pero, hace entre ocho y diez años que debería haberse reformado.

En lugar de acometer esta reforma del sistema, el Gobierno, para poder seguir en La Moncloa, pacta los aberrantes cupo catalán y condonación de deuda a Cataluña, que es injusto, insolidario e ineficiente, y que con el ordenamiento jurídico actual, es ilegal. El PSOE quiere dar una financiación a la carta , según sean los deseos de los independentistas catalanes, con la creación de un régimen foral para Cataluña, que, a buen seguro, es lo que reflejará la propuesta que presente en enero a las CCAA, donde, primero, se cerrará la financiación catalana y, luego, las sobras se las ofrecerá al resto de CCAA de régimen común.

Por tanto, en lugar del pernicioso e ilegal cupo catalán, hay que reformar el SFA, pero no en la línea catalana de dotarles de una especie de régimen foral propio, porque, entonces, se quebraría la solidaridad interregional, ya que Madrid no tendría capacidad para poder cubrir al resto de regiones de régimen común. El SFA debe ser reformado para ser transparente, superando la maraña de fondos actuales, plagados de trampas estadísticas, diseñadas principalmente contra Madrid, Valencia y Murcia, ha de ser justo, sencillo y eficiente, incentivando el control del gasto y no penalizando las bajadas de impuestos, y no puede contener ninguna financiación singular para ninguna región. En su lugar, parece que ofrecerán un nuevo sistema amañado con los independentistas, completamente insolidario.