El Gobierno aprueba tras el caso Cerdán multar a las empresas que corrompan con hasta el 50 % de sus ingresos

Tras el caso Cerdán, que investiga al ex secretario de organización socialista por cobrar presuntamente mordidas de empresas, el Gobierno acaba de aprobar un importante endurecimiento de los castigos para las empresas que corrompan a cargos públicos.

Así se refleja en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobado el 17 de febrero de 2026 por el Consejo de Ministros, que actualmente se encuentra en fase de consulta pública.

Los plazos de prescripción de los delitos de corrupción se amplían de cinco a siete años, mientras que las penas de inhabilitación máximas pasan de 15 a 20 años, período durante el cual no será posible contratar con la Administración, acceder a subvenciones ni obtener beneficios fiscales, según explican desde Cuatrecasas.

En lo que respecta específicamente a las personas jurídicas, la extensión máxima de las multas se amplía a 10 años, con una cuota máxima del 50 % de los ingresos o de 20.000 euros. El delito de tráfico de influencias se tipificará con penas de entre 1 y 4 años de prisión y la prohibición de contratar con las administraciones de hasta 10 años.

Además, se creará una Agencia independiente de integridad pública que unirá organismos ya existentes, pero no conectados: la Oficina de conflictos de intereses, que ahora depende del Gobierno; la Autoridad independiente de protección del denunciante; y el Servicio nacional de coordinación antifraude.

Su presidente será nombrado en un proceso público y «con refrendo del Congreso» por un periodo de seis años no renovable.

Todas las administraciones deberán contar con «mapas de riesgo», con especial foco en la externalización de servicios públicos, y dar formación a los empleados públicos y altos cargos.

Además, para garantizar la transparencia societaria, la titularidad y la transmisión de las participaciones de las sociedades de responsabilidad limitada constará en el registro mercantil.