Los expertos advierten que la caída de la prórroga del alquiler provocará una oleada de litigios

El Gobierno votará en la última semana de abril el decreto que congela durante dos años los contratos de alquiler que finalizan en 2026 y 2027. De esta manera apura al máximo los plazos legales para que el Congreso decida si el texto sigue o no en vigor.

En concreto, el Real Decreto-ley 8/2026 introduce una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler que venzan entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. También incluyen un tope para revalorizar esas rentas del 2 %.

De momento, el PP, Vox y Junts ya han expresado su posición en contra del decreto ley abanderado por Sumar. De hecho, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo se ha negado a sentarse a dialogar sobre esta normativa. Por lo que, el socio minoritario del Gobierno lo fía todo a un apoyo de última hora por parte de los independentistas, algo que no contemplan porque no están de acuerdo con él.

Pese a ello, los de Yolanda Díaz, junto a otros socios clave como el diputado de ERC, Gabriel Rufián, el Sindicato de Inquilinas o Facua-Consumidores, animan a los afectados a que envíen ya un burofax a sus caseros diciéndoles que se acogen a la prórroga. A eso se le suma que Consumo ha presionado a 13 inmobiliarias y fondos de inversión, que concentran más de 100.000 viviendas, enviándoles una carta informándoles que deben prorrogar obligatoriamente los contratos de sus inquilinos.

Aquellos que finalicen después de una eventual derogación no tendrán respaldo jurídico para solicitarla, aunque se haya mandado ese burofax mientras estaba en vigor. Lo lógico, cuenta Zurdo, es que en la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) donde se anuncia que no ha sido convalidado se «aclaren los efectos reales».

Si no es así se abre la puerta a una oleada de litigios, ya que, si se tiene en cuenta los datos aportados por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, más de un millón de contratos –que involucran a 2,7 millones de personas– vencen entre este año y el próximo.

«Los contratos que se acaben más allá de la vigencia del decreto no tienen porque ser prorrogado. El propietario podrá hacerlo si quiere, pero no está obligado», explica Matilde Cuena, Catedrática de Derecho Civil y miembro de la Fundación Hay Derecho. «Plantear que un decreto derogado siga produciendo efectos una vez no se ha convalidado es un fraude constitucional», añade.

Es por eso que recomienda a los inquilinos no pedir la prórroga si el contrato no vence ahora, «porque se colocarán en una situación complicada con el propietario, generando una desconfianza innecesaria», considera Cuena.

«Una auténtica chapuza»

Los expertos inmobiliarios advierten de los efectos contraproducentes del texto. Leandro Escobar, profesor de Economía de Comillas-Icade, considera que este real decreto «es una auténtica chapuza» que alienta a los propietarios e inquilinos a mantenerse «a la gresca».

«Es una barbaridad más de las que estamos acostumbrados, aunque va un paso más allá de la intervención de los precios de los alquileres», critica, por su parte, Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid.

Si esta medida sale adelante «va a condenar y cerrar el mercado de alquiler de viviendas», asegura Salcedo. «Ya es un atentado contra la seguridad jurídica, contra la libertad de contrato e individual», alerta.

Se espera que este año haya una contención en los precios de la compraventa de vivienda, algo que no va a ocurrir en el mercado del alquiler. «Es lo que se prevé, entre otras cosas, por ese intervencionismo de la Administración Pública que acaba produciendo lo contrario a lo que se supone que busca», sentencia Leandro Escobar.