Los sindicatos exigen al Gobierno que cumpla la sentencia europea sobre los interinos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha cifrado este martes en al menos 125.000 personas los interinos que continúan en abuso de temporalidad y para los que no se han convocado o no han sido cubiertas las plazas de estabilización comprometidas (más de medio millón).

El sindicato, que ha pedido soluciones ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conocida este martes, ha denunciado que las administraciones públicas están incumpliendo «de manera sistemática» la Ley de Temporalidad.

«Esta situación pone en evidencia la ineficacia y falta de voluntad política de las diferentes administraciones, lo que supone un flagrante incumplimiento de lo establecido por mandato legal en la Ley 20/2021, ya que la resolución de los procesos de estabilización debería haberse ejecutado antes del 31 de diciembre de 2024», sostiene CSIF.

La organización que dirige Miguel Borra ha denunciado además que la tasa de temporalidad en el sector público continúa estancada en el 30 % por ciento, el doble que en el sector privado, el equivalente a cerca de un millón de temporales.

Esto se debe, expone CSIF, a que las administraciones siguen contratando a personal interino como consecuencia de la tasa de reposición, ahora ya eliminada en un acuerdo logrado el pasado mes de noviembre entre Gobierno y sindicatos de la Función Pública.

Ante esta situación, CSIF propone regular en el ordenamiento jurídico español «sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables» para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal.

Además, pide que este tipo de sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan.

Reclama también que en las ofertas de empleo público se convoquen todas las plazas estructurales para prestar el servicio público y evitar así acudir a la contratación temporal, así como reducir los plazos de ejecución de los procesos selectivos, pues el plazo máximo actual de tres años «se incumple sistemáticamente».

Además, tras el acuerdo alcanzado el pasado mes de noviembre, CSIF insta al Gobierno a eliminar la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público para que las administraciones puedan realizar ofertas de empleo público en función de sus necesidades sin contratar interinos.

No basta con medidas genéricas

Para CCOO, no basta con medidas formales o genéricas, sino que deben existir instrumentos efectivos, disuasorios y proporcionados. Asimismo, el TJUE insiste en que los procesos de estabilización, aun siendo legítimos como vía de ordenación del empleo público, no constituyen por sí mismos una sanción adecuada frente al abuso.

«Y no lo son porque se trata de procedimientos abiertos, sometidos a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, en los que puede concurrir cualquier aspirante, haya sufrido o no abuso en la temporalidad», ha precisado el sindicato.

Del mismo modo, CCOO ha advertido de que vuelve a quedar en entredicho la insuficiencia de la indemnización tasada de 20 días por año con el límite de una anualidad, al no incorporar un verdadero elemento sancionador vinculado específicamente al abuso producido.

UGT Servicios Públicos, por su parte, ha reclamado este martes al Gobierno la convocatoria urgente de la Comisión de Temporalidad tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que cuestiona el actual tratamiento jurídico del personal laboral indefinido no fijo en el sector público.

El sindicato ha explicado en un comunicado que el objetivo de esta convocatoria de la Comisión sería tratar medidas complementarias que permitan reducir la temporalidad; evitar nuevos abusos y garantizar una solución integral y estable para los trabajadores afectados.