El gran pinchazo del Gobierno 'de las 200.000 viviendas': casi veinte promesas fallidas en cinco años

El Gobierno ha aprobado este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado de hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior. En él se contempla destinar el 40 % de su presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30 % a rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas, y el 30 % restante va destinado a ayudas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero o a la compra de vivienda en pueblos.

Su objetivo es corregir el desequilibrio existente entre la oferta y la demanda, para así conseguir que los precios bajen e intentar poner coto a la crisis de vivienda que asola nuestro país. Pero esta no es la primera vez que escuchamos a los miembros del Ejecutivo de Sánchez prometer que van a solucionar el problema de la vivienda a través de casi una veintena de medidas que, o nunca llegaron, o no tuvieron el efecto deseado.

Ley de Vivienda

La primera vez que Pedro Sánchez prometió solucionar el problema de la vivienda fue en octubre de 2021, cuando anunció la primera Ley de Vivienda para contener los precios y promover el acceso a la vivienda, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

En mayo de 2023 salió adelante con el apoyo de Unidas Podemos, pero cinco años después del primer anuncio, tal y como habían avisado los expertos, no solo no ha mejorado el acceso a la vivienda, sino que los efectos de esta norma han agravado este problema, debilitando el alquiler residencial, provocando una destrucción de la oferta de alquiler nunca vista hasta ahora y batiendo todos los récords de precios en prácticamente todas las provincias del país.

Dentro de esta normativa se incluía la limitación de precios del alquiler en las zonas tensionadas. El objetivo de este mecanismo es regular el precio máximo de los nuevos contratos de alquiler en aquellos municipios donde el precio de la vivienda se ha disparado. Por ahora solo tres regiones y una ciudad –Cataluña, País Vasco, Navarra y La Coruña– han introducido esta medida, pero el resultado es el mismo en absolutamente todos los mercados: la oferta ha caído a doble dígito.

Bono alquiler joven

En enero de 2022 el Gobierno aprobó el bono joven al alquiler, destinado a jóvenes entre 18 y 35 años. La ayuda era de hasta 250 euros mensuales, durante dos años, y podían optar a ella aquellos jóvenes cuyos ingresos no superasen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir, no superar los 1.800 euros mensuales.

Casi 200.000 viviendas nuevas

Antes de las elecciones autonómicas de 2023, Sánchez anunciaba que su Gobierno iba a «habilitar unos 183.000 inmuebles para el alquiler asequibles». Esta promesa la continúo repitiendo en muchas de sus intervenciones e incluso incrementó la cifra. Y un mes después de haber sido investido de nuevo como presidente del Gobierno, aseguró que iba a usar durante la legislatura «todos los recursos del Estado para habilitar 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible».

Tres años después de esta promesa, no se conoce el número definitivo de viviendas construidas. Algunos cálculos apuntaban a que en octubre de 2024 tan solo había movilizado un 5,5 % del objetivo final.

De hecho, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ha asegurado que el nuevo Plan de Vivienda del Gobierno no ha levantado expectativas entre los españoles porque ya conocen cómo actúa el actual Ejecutivo. «Anuncian que van a construir 25.000 viviendas, 30.000 y hasta 200.000, pero no han construido ninguna», critica.

Avales ICO

En febrero de 2024, el Consejo de Ministros dio luz verde a los avales del 20 % que pretendían facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes de hasta 35 años y de aquellas familias que tengan menores a su cargo. En dos años solo se concedieron 221,1 millones de euros para adquirir 9.125 pisos; por eso decidieron extenderlos hasta el 31 de diciembre de 2027.

Desde el sector financiero señalan que, además de ser una ayuda todavía poco conocida, el pinchazo de estos avales se explica por los propios requisitos que se han puesto para poder optar a ellos. Por un lado, los solicitantes no podrán superar los 37.800 euros de ingresos brutos anuales, aunque en el caso de que la vivienda sea adquirida entre dos personas, el límite de ingresos será de 75.600 euros anuales.

Por otro, la vivienda no puede superar un precio máximo de compra, que varía dependiendo de la comunidad autónoma en la que se ubique la vivienda, y van desde los 200.000 euros en Extremadura a los 325.000 euros en la Comunidad de Madrid. Actualmente, es prácticamente imposible encontrar inmuebles dentro de esos límites.

Un paquete de 12 medidas

En enero de 2025 se anunció un paquete de 12 medidas, de las que solo se han llegado a materializar la mitad, aunque con apenas efectos. Las más adelantadas son la puesta en marcha de la empresa pública de vivienda, Casa 47, que fue creada a finales del año pasado, tomando relevo de Sepes; el PERTE de vivienda, que tiene como objetivo modernizar e innovar en el sector de la construcción y de la construcción modular; y un seguro de impagos de los alquileres para los propietarios.

En ese paquete de medidas también se incluía garantizar que toda vivienda que sea construida por el Estado mantenga de manera indefinida la titularidad pública, y dar ayudas a quienes reformen un piso para ponerlo en alquiler a un precio asequible durante al menos cinco años. Ambas iniciativas se incluyen en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado este martes, más de un año después de que se anunciasen.

Se creó el registro único de alquileres con el objetivo de perseguir el fraude en los alquileres de temporada. Sin embargo, lo único que se prohíbe es alquilar las viviendas a través de plataformas digitales, por lo que existen formas de esquivar esta regulación.

Por el camino se han dejado medidas que habían anunciado a bombo y platillo, y que tenían el objetivo de limitar los alquileres turísticos. Es el caso de la reforma fiscal que contemplaba subir el IVA de estos arrendamientos al 21 % para que tributaran como una actividad económica.

Tampoco ha prosperado modificar la tributación de las Sociedades Cotizadas de Inversión (Socimi), para que pasasen de tributar el 15 % al 25 %, salvo que promoviesen viviendas destinadas al alquiler a precio asequible, en cuyo caso la tributación sería «nula».

A diferencia de la Ley de Vivienda, la Ley del Suelo sí contaba con el visto bueno del sector inmobiliario

Ley del Suelo

La reforma de la Ley del Suelo también estaba incluida dentro de estas 12 medidas, pero lleva bloqueada desde hace casi cuatro años en el Congreso. El Consejo de Ministros la aprobó en 2022, pero decayó con el avance electoral de julio de 2023. Tras volver a aprobarse en 2024, tenía previsto que el Congreso de los Diputados la votase ese año, pero el Gobierno la retiró por falta de apoyos. En 2025 volvió a ir a la Cámara Baja, pero se topó con el «no».

A diferencia de la Ley de Vivienda, la Ley del Suelo sí contaba con el visto bueno del sector inmobiliario, que la considera necesaria para mejorar la seguridad jurídica que necesita el sector.

Bonificaciones fiscales a propietarios

Sánchez ha prometido en más de una ocasión bonificaciones fiscales para los propietarios. Primero fue una exención del 100 % del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) a aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia.

Un año después, concretamente este enero, anunció una bonificación del 100 % en el IRPF, pero esta vez para los propietarios que no suban el precio del alquiler. Tras las críticas de Sumar, quiso combinarlo con el castigo en el IRPF a los caseros que incrementen el precio de los nuevos contratos. Pero su socio de gobierno también se opuso, por lo que nunca llegó a aprobarse en el Consejo de Ministros.

Fin Golden Visa

Se iba a crear un nuevo impuesto para desincentivar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios y extranjeros no residentes, gravando la compra de vivienda de este colectivo. La cuota íntegra del tributo se iba a obtener aplicando a la base imponible el tipo de gravamen del 100 %. Es decir, el precio de la vivienda se iba a acabar doblando.

Esto nunca se llegó a votar. Pero fuera del paquete de medidas presentado hace un año, una de ellas brillaba con luz propia por sus efectos adversos: la eliminación de las Golden Visa. Estos visados permitían el acceso al permiso de residencia a cambio de la adquisición de una vivienda valorada en más de 500.000 euros.

Aunque se eliminaron hace un año, el Gobierno no ha logrado reducir el problema de incremento de precios. De hecho, el interés inversor por España se mantiene. El mercado inmobiliario español cerró 2025 con un récord histórico absoluto de compraventas realizadas por ciudadanos extranjeros. En total, se registraron 97.480 operaciones, lo que supone un crecimiento interanual del 5 % y la cifra más alta de toda la serie histórica, según datos del Colegio de Registradores.

Recargo vivienda vacías

Tampoco han prosperado cambios fiscales que pretendían «incentivar la salida de viviendas al mercado del alquiler». Uno de ellos era gravar, aún más, las viviendas vacías. Actualmente, la tributación de este tipo de inmuebles oscilaba entre el 1,1 % y el 2 %. Por ello, el Gobierno propone establecer una mayor progresividad con tramos de tributación, por lo que cuanto mayor sea el valor acumulado de las viviendas vacías, mayor va a ser la cantidad a pagar.