El nuevo castigo fiscal a los propietarios «agota la paciencia» del sector inmobiliario con el Gobierno

España lleva varios años inmersa en una crisis de vivienda, y el Gobierno en vez de intentar ponerle remedio solo anuncia medidas cada vez más intervencionistas que agravan aún más la falta de oferta. La última, aunque por el momento «no hay nada cerrado», es castigar en el IRPF a los caseros que incrementen el precio de los nuevos contratos.

La idea es combinar la bonificación del 100 %, anunciada enero, para quien baje el precio o los congele, con modular a la baja la reducción general del 50 % que actualmente se pueden aplicar en el IRPF todos los propietarios que sean personas físicas, y que tengan en alquiler su vivienda. Eso sí, «en ningún caso llegando al 0 % porque se mantienen un trato diferenciado para el alquiler residencial de largo plazo vs turísticos/temporada», aseguran sobre la medida.

Al sector inmobiliario se le está empezando a «agotar la paciencia». Y es que son muchos los expertos que consideran que si esta medida sale adelante la oferta de vivienda va a caer mucho más. «El principal problema por el que desaparece la oferta es el miedo. Miedo por la inseguridad jurídica, por la okupación, por el impago, por la protección al vulnerable sin una compensación directa», asegura José María Alfaro, presidente de la Federación de Agencias Inmobiliarias (FAI). «La gente buscará otras soluciones como la venta directa, el alquiler de temporada o el alquiler por habitaciones», añade.

Alfaro lleva 22 años dedicándose a la intermediación inmobiliaria, y asegura que «jamás» ha visto «nada igual». Se están dejando de gestionar alquileres porque las agencias no pueden «con la presión». «Primero nos impidieron cobrar libremente nuestros honorarios y ahora no puedes publicar una propiedad en un portal inmobiliario porque a los 30 minutos tienes que retirarla por el colapso que hay», cuenta el presidente de FAI a El Debate, quien considera que con este nuevo castigo fiscal se está «echando gasolina al fuego».

«Esa falta de certidumbre jurídica es precisamente lo que frena la puesta en el mercado de nuevos inmuebles. Las políticas basadas en la penalización suelen provocar un retraimiento de la oferta. Cuando el propietario no se siente respaldado, optar por retirar su vivienda del alquiler convencional», añade.

«Subida fiscal encubierta»

Actualmente, los caseros que han suscrito un contrato a partir de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda se benefician de una reducción del 50 % en la declaración de la Renta por alquilar una vivienda para uso habitual. Y los que lo han suscrito antes del 26 de mayo de 2023 –es el caso de los contratos que terminan este año– esta bonificación asciende al 60 %.

Esta normativa también abrió la puerta a otros incentivos fiscales para los caseros que cumpliesen determinados requisitos. Había una rebaja del 60 % para quienes rehabilitaran la vivienda; del 70 % si la alquilaban a jóvenes; y del 90 % si renovaban contratos reduciendo el precio, al menos, un 5 % en las zonas tensionadas. Por lo que la idea, es aplicar un patrón similar, pero a la baja.

Expertos como Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, lo califican como una «subida impositiva encubierta», que afecta, sobre todo, a los pequeños propietarios. Y es que, reducir las bonificaciones tiene el mismo efecto que subir el tipo impositivo. «Un pensionista que cobra 22.000 euros de pensión anual podría ver como la pérdida de la bonificación del alquiler eleva su base imponible hasta un tramo superior, incrementando el impuesto sobre toda su renta», pone a modo de ejemplo Salcedo.

Plan de emergencia habitacional

A parte de esta penalización fiscal, quieren bonificar el 100 % en el IRPF a los caseros que mantengan el precio de los contratos que terminen. Una medida que tampoco «compensa». «Con una subida interanual promedio de las rentas de alquiler de más del 10 %, cualquier que haga números sabe que sale más rentable actualizar el precio a mercado que aplicarse la bonificación», asegura José María Alfaro.

Piden un plan de emergencia habitacional, en el que hayan participado todas las fuerzas políticas, y los tres niveles de la administración, que permita desbloquear los desarrollos de obra nueva y las rehabilitaciones. Así como dotar de seguridad jurídica real a los propietarios, «compensando desde el primer minuto que se les deje de pagar, y dotando a la Administración de Justicia de recursos para gestionar los expedientes», sentencia el presidente de FAI.