La financiación oculta del sistema de pensiones español: los cotizantes que nunca cobrarán lo que aportaron

Todo sistema de reparto necesita una ilusión para sobrevivir. Pero el sistema de pensiones español necesita algo más, necesita una población de cotizantes que nunca recuperarán lo que aportaron, o que no cobrarán nada en absoluto. Esta masa silenciosa constituye el pilar oculto del edificio, el fundamento que nadie menciona y que, sin embargo, sostiene en parte su estructura. Allí donde el discurso habla de derechos, la contabilidad se apoya en renuncias involuntarias y descansa sobre quienes pagan sin llegar a cobrar:

La muerte prematura: el excedente que nadie menciona. El primer mecanismo de esta financiación oculta es la muerte prematura Cada año, decenas de miles de trabajadores fallecen antes de alcanzar la edad de jubilación. Han cotizado durante años, a veces durante décadas, pero no llegan a devengar ni un solo euro de pensión. Sus aportaciones se integran en el sistema sin resistencia, sin devolución, sin memoria. La muerte, en el reparto, no es una tragedia fiscal, es un alivio presupuestario. Y cuando se invoca la pensión de viudedad como posible compensación, el Estado despliega un arsenal de requisitos –duración mínima de convivencia en parejas de hecho, en caso de divorcio que el beneficiario esté recibiendo pensión compensatoria, requisitos de cotización del fallecido– que reduce drásticamente el número de beneficiarios y en cualquier caso se reduce la cuantía de la pensión (normalmente el 52 % de la base general). La puerta de entrada es amplia; la de salida, estrecha.

Las carreras incompletas: cotizar no garantiza cobrar. El segundo mecanismo es la insuficiencia de cotización. El Estado exige quince años para acceder a una pensión contributiva, pero no garantiza que quienes han cotizado catorce, doce o diez reciban algo a cambio. La pensión no contributiva, presentada como red de seguridad, depende no del esfuerzo pasado, sino de la renta familiar presente. Así, quien ha cotizado durante años puede quedar excluido, mientras quien nunca cotizó puede acceder. El sistema no premia la contribución, premia la necesidad. Las cotizaciones del primero financian la pensión del segundo. En otros países existe mecanismos de devolución de aquello que cotizaron.

La emigración laboral: cotizar aquí, jubilarse fuera. El tercer mecanismo es la emigración laboral. Miles de trabajadores extranjeros cotizan en España durante un periodo limitado y regresan a sus países sin consolidar derechos. Algunos no tienen convenio, otros no solicitan la pensión, otros no cumplen los requisitos formales. El Estado no persigue al beneficiario potencial, se beneficia de su ausencia. La movilidad internacional, celebrada como signo de modernidad, se convierte en una fuente adicional de financiación involuntaria.

La brevedad de la jubilación: desigualdad que financia. El quinto mecanismo proviene de que la esperanza de vida no es igual para todos. Muchos trabajadores alcanzan la edad de retiro para fallecer pocos años después. Han cotizado cuarenta años y han cobrado dos, tres o cinco. El sistema no devuelve el excedente, lo absorbe. La desigualdad en la longevidad –que debería ser un problema moral– se convierte en una ventaja financiera.

La inacción administrativa: derechos que se pierden. El sexto mecanismo es la inacción administrativa. Existen quienes no solicitan pensión, quienes no completan trámites, quienes desconocen sus derechos o quienes residen en el extranjero y no reclaman prestaciones. El Estado no corrige estas omisiones, las capitaliza. La ignorancia del ciudadano es un recurso fiscal.

La carencia específica: el mecanismo más invisible. Finalmente está el mecanismo silencioso que expulsa a quienes sí cotizaron. Para cobrar una pensión contributiva no basta con haber cotizado quince años, dos deben estar dentro de los quince anteriores a la jubilación. Este requisito afecta a quienes fueron expulsados o tuvieron que abandonar el mercado laboral a los 50 o 55 años y no pudieron volver, a desempleados de larga duración, mujeres que dejaron de trabajar para cuidar de su familia, autónomos que cerraron su negocio. Alguien con 25 años cotizados puede no tener derecho a pensión alguna y no se le devuelva nada de lo cotizado. Alguien que nunca cotizó puede recibir una no contributiva. La lógica contributiva se rompe sin que nadie lo admita.

El resultado: un sistema que se sostiene también sobre los ausentes. Si se suman estos mecanismos –muerte prematura, insuficiencia de cotización, emigración, topes de pensión, jubilaciones breves, no solicitud y carencia específica– se obtiene una cifra que el Estado posiblemente nunca publicará, pero con los estudios demográficos y actuariales correspondientes podría estimarse que entre el 12 % y el 20 % de las cotizaciones totales se quedan en el sistema sin generar pensión equivalente o alguna compensación.

Esta es la gran ilusión del sistema de pensiones, se presenta como un contrato, pero funciona a modo de un seguro colectivo o hay quien dice que como una lotería; se proclama como un derecho, pero se sostiene sobre renuncias involuntarias; se defiende como un pacto intergeneracional, pero se financia en parte gracias a quienes nunca cobrarán lo que aportaron. Allí donde el ciudadano cree que su contribución es un ahorro, el Estado sabe que es un excedente. Y allí donde el sistema proclama su estabilidad, la realidad muestra que su equilibrio depende, en parte, de quienes pagan sin recibir.

La ilusión financiera no consiste solo en ocultar el coste del sistema, sino en ocultar quién lo paga realmente. Y en el caso de las pensiones, quienes lo pagan no son solo los trabajadores presentes, sino también los ausentes, los que murieron antes, los que no llegaron, los que no cumplieron, los que no reclamaron. El sistema se sostiene, en última instancia, gracias a ellos. La ilusión consiste en no decirlo y en no prevenir, al menos en algunos casos, un mecanismo de compensación.