Cooperativas para alquiler: el nuevo modelo que utiliza el suelo de oficinas para crear vivienda asequible

Ante un mercado inmobiliario que cada vez está más tensionado y que es incapaz de crecer y de dar solución a la crisis de vivienda que hay en España, surgen iniciativas que tienen como objetivo aumentar la oferta. La cooperativa para alquiler es una de ellas, una fórmula que hasta ahora no existía.

Momentum Reim, una compañía especializada en la gestión y desarrollo de proyectos residenciales, ha decidido apostar por este nuevo modelo, trabajando bajo la Ley 3/2024, de 28 de junio, de la Comunidad de Madrid. En esta normativa se regula el cambio de uso en los suelos terciarios –destinados a oficinas– para la implantación de viviendas de alquiler sujetas a alguna protección pública (VPP) durante, al menos, 15 años.

Muchos de estos terrenos son adquiridos por fondos de inversión. Sin embargo, esta empresa ha comprado, hasta el momento, cinco suelos, y ya han comenzado con un proyecto, el de Atarazanas, en Valdebebas (Madrid). Aquí ya se han comercializado 230 inmuebles, aunque en esta ocasión han ido destinados exclusivamente para ingenieros navales y oficiales de la Armada, y tienen previsto comenzar las obras a finales de junio.

En mente también tienen Gavia Garden, en el Ensanche de Vallecas (Madrid). Cada uno responde a una realidad distinta, pero todos comparten una misma lógica: ampliar la oferta de vivienda en ubicaciones con demanda real mediante fórmulas que permiten superar algunas de las limitaciones del desarrollo tradicional.

Los particulares invierten en futuras viviendas que tienen un coste inferior al del mercado, ya que los suelos terciarios son mucho más baratos que los residenciales. En el proyecto que se está desarrollando en Valdebebas, el precio de comercialización ha sido de 400.000 euros por un piso de cuatro habitaciones, cuando en ese mismo barrio se encuentran entre los 800.000 y los 900.000 euros. La única condición es que durante, mínimo, 15 años, se tienen que alquilar a un precio asequible.

Durante el periodo de protección, la titularidad la tiene la sede de la cooperativa, y el socio tiene un derecho sobre la vivienda. Pasado ese tiempo, se paga la parte de la hipoteca que quede pendiente y la vivienda se liberaliza, pasando a ser completamente suya.

Cada socio tiene la obligación y la responsabilidad de buscar un inquilino que cumpla los requisitos para que la cooperativa pueda gestionar el visado de su contrato con la Comunidad de Madrid. Esa persona no tiene por qué ser un «cualquiera», ya que los inmuebles se pueden arrendar, por ejemplo, a hijos o sobrinos, siempre y cuando cumplan los requisitos necesarios para poder acceder a una vivienda protegida.

«Muchos padres están viendo el problema que tienen sus hijos para poder alquilar, y de esta forma les ayudan a acceder a un piso a un precio razonable», aseguran, en conversaciones con El Debate, Gabriel Fernández de Gamboa e Ignacio Pareja, socios fundadores de Momentum.

En caso de que uno de los cooperativistas no consiga a ningún inquilino, será la gestora española de inversiones inmobiliarias quien se encargue de alquilarla.

El objetivo es claro: ampliar la oferta residencial mediante modelos viables, regulados y adaptados a la realidad actual del mercado, combinando innovación urbanística, rigor técnico, seguridad jurídica y una visión más flexible del acceso a la vivienda.

Ahora, uno de los grandes retos de Momentum es la comunicación de estos nuevos modelos. Al tratarse de fórmulas todavía poco conocidas por el público general, resulta imprescindible explicar con claridad cómo funcionan, qué garantías ofrecen, a quién van dirigidas y qué ventajas aportan frente al mercado convencional.