La red de poder de Montero se tambalea en una semana catastrófica para la SEPI y la Agencia Tributaria

Semana catastrófica para dos de los grandes pilares que sostienen el Ministerio de Hacienda. A la imputación de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, de la máxima confianza de María Jesús Montero le ha seguido la «desbandada», en palabras del sindicato de técnicos Gestha, de la cúpula de Hacienda.

En los pasillos del fisco cunde la incredulidad por las formas y el fondo de la salida en diferido de Soledad Fernández Doctor, y pocos se creen los motivos esgrimidos oficialmente por Hacienda. «No tienen mucho sentido», confía en privado un inspector a El Debate.

Inspectores y técnicos han salido en tromba a denunciar la «incertidumbre» generada por la catarata de salidas, que se extiende también a Manuel Trillo, director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria; y Virginia Muñoz, directora del Departamento de Recaudación.

A ello se suma la situación de inestabilidad generada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el gran brazo empresarial del Estado, tras la tercera imputación consecutiva de un presidente. Además de Gualda, investigada desde este lunes por el caso Fontanera, están imputados el actual vicepresidente, Bartolomé Lora, y Vicente Fernández.

Todos ellos no solo de la confianza de María Jesús Montero, sino que la propia Montero 'guardó' el cargo a Fernández durante más de 500 días tras su primera imputación, entonces por el caso Aznalcóllar, de la que finalmente fue absuelto. Cabe mencionar que hay otros 25 altos cargos de la SEPI imputados, de los cuales únicamente uno (María Teresa Castillo Paslodos, directiva de Isdefe) ha presentado, por ahora, su dimisión, según adelantó El Mundo.

Precisamente, los inspectores de Hacienda han puesto el foco en que en la elección del sustituto de Fernández Doctor no haya «injerencias externas de ningún tipo», y que la elección sea en base a la «profesionalidad y objetividad en la defensa de los intereses generales y, en particular, de la integridad y autonomía organizativa de la AEAT». Unos atributos que atribuyen a la dimisionaria Fernández Doctor, de la que destacan que «ha mantenido una conducta ejemplar al esperar a la finalización de la campaña de renta para facilitar su relevo».

La todavía directora general afrontará el próximo lunes el trago de tener que declarar en el Senado por la actuación de Hacienda en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero. El fisco ha demorado durante semanas –hasta precisamente ayer– confirmar si se iba a personar o no contra el expresidente por el extraño incremento patrimonial derivado de las joyas halladas en su despacho, tasadas en 1,3 millones de euros, y sobre las cuales Zapatero aún no ha justificado su origen.

Pese al aval en su despedida, lo cierto es que la tensión entre Fernández Doctor y el colectivo al que pertenece ha sido grande en los últimos meses a cuenta, sobre todo, de la reforma de la financiación autonómica por el Gobierno para Cataluña. IHE teme que la cesión de impuestos prometida a la Generalitat pase por la partición irremediable de la Agencia Tributaria, lo que, según defienden los inspectores, penalizará la lucha contra el fraude fiscal.

Por su parte, los técnicos de Hacienda destacaron ayer que bajo el mandato de Fernández Doctor se han superado por segunda vez consecutiva los resultados del control tributario de 2020, en 5.468 millones, un 31,7 % acumulado en este quinquenio, un aumento del 6,3 % interanual en este período.

Desplome de las denuncias

«Una de las causas del aumento de los resultados fue que en abril de 2025 la AEAT aumentó las competencias a los técnicos de la inspección para que puedan investigar a empresas de hasta los 10 millones de euros de facturación, tras once años sin actualizarlas, pese a la inflación acumulada y al aumento de la dimensión de las empresas producido desde 2014», según Gestha.

Por el contrario, los técnicos resaltan también que la AEAT lleva cinco años sin cumplir dos disposiciones de la ley de prevención del fraude fiscal de 2021 para que expertos independientes estimaran la economía sumergida en España y para aumentar la plantilla a la media de la UE, un 40 % de empleados más. Las estrecheces de plantilla están, para este colectivo, detrás del desplome del 85 % de las denuncias por delitos fiscales hasta 2024, «omitiendo, además, esta información en los resultados de los últimos años».