El Gobierno invita, la empresa paga: Yolanda Díaz decreta otro subidón del SMI pero no que haya dinero para pagarlo

Subir el Salario Mínimo tiene una ventaja electoral evidente: el Gobierno anuncia la mejora y otro paga la factura. La ministra Yolanda Díaz comparece, el trabajador hace sus cuentas y el pequeño empresario tiene que encontrar el dinero para pagar.

Trabajo propone elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 5,3 % en 2027, desde los 1.221 hasta los 1.286 euros mensuales en catorce pagas. La comisión de expertos había recomendado un 4,9 %. El Gobierno ha decidido ir más allá. A mi juicio, su motivación es conseguir votos y presentarse ante los ciudadanos como el gran protector de los trabajadores.

Ahora bien, sería poco riguroso afirmar que el 4,9 % es una cifra impecable y el 5,3 % una catástrofe. La discusión económica debe ir al fondo del asunto: cómo pueden afrontar las empresas nuevas obligaciones salariales cuando, además, siguen aumentando las cotizaciones sociales.

La factura completa

Hagamos una cuenta sencilla. La subida propuesta supone un incremento del salario bruto anual de 910 euros. Pero el coste para la empresa no termina ahí. A esa cantidad hay que añadirle las cotizaciones.

Supongamos unas cotizaciones empresariales equivalentes al 32 % del salario bruto. Con ese dato, los 910 euros se convierten en unos 1.200 de coste anual adicional. Un pequeño negocio con diez trabajadores afectados tendría que pagar 12.000 euros más al año.

¿De dónde salen? Pensemos en una empresa que factura 300.000 euros anuales y obtiene un beneficio de 15.000. Si tuviera que asumir esos 12.000 euros adicionales sin modificar sus ingresos ni otros gastos, ¡perdería el 80 % de su beneficio! El ejemplo es hipotético, pero permite entender que un incremento pequeño de los costes puede consumir una parte enorme del margen.

Y ese beneficio sirve para afrontar un mal año, devolver un préstamo, renovar maquinaria o contratar a más trabajadores. Reducirlo tiene consecuencias sobre la viabilidad del negocio.

Más cotizaciones

A ello se une otra subida de las cotizaciones en 2027. Las cotizaciones financian prestaciones necesarias. Pero su financiación debe tener en cuenta las consecuencias sobre el empleo. Cuanto más se encarece contratar, más difícil resulta que una empresa amplíe su plantilla. Y una parte de esa carga puede trasladarse a precios más altos y a menos oportunidades laborales que sufrirán los ciudadanos.

También aparece lo que he llamado otras veces el «efecto comparación». Si los trabajadores de menor categoría cobran más, los del nivel siguiente reclamarán también una subida de sueldo. Y así, sucesivamente, a lo largo de la escala. Aunque no exista una obligación general de subir todos los sueldos un 5,3 %, la presión sobre los costes puede extenderse a toda la plantilla.

Desigualdad y desempleo

Hay dos argumentos para justificar estas subidas: estimular el consumo y mejorar la distribución de la renta. Ambos merecen consideración. Quien conserva su puesto y cobra más obtiene una mejora evidente. Pero también hay que examinar qué sucede con quien busca empleo.

Decía el ex ministro Pedro Solbes que la peor precariedad es el paro. Por eso, una política salarial debe valorar tanto los ingresos de quienes trabajan como las posibilidades de quienes intentan incorporarse al mercado laboral.

El joven sin experiencia necesita que alguien le dé una primera oportunidad. El desempleado de larga duración, que una empresa apueste por su reincorporación. Si aumenta el coste, el empresario puede exigir más experiencia, reorganizar el negocio o aplazar la incorporación de nuevos trabajadores.

Las pequeñas empresas

La capacidad de absorber una subida tampoco es igual en una gran compañía que en una pequeña explotación agraria, un comercio o un negocio de hostelería. Quien puede trasladar el coste a los precios tiene una salida. Quien compite con productores extranjeros se queda sin margen. Además, el encarecimiento del empleo puede favorecer la economía sumergida. Allí no rigen salarios mínimos, ni contratos escritos, ni protecciones sociales. Se trata de la lamentable explotación, tantas veces denostada.

Emprender exige hacer cálculos para rentabilizar un negocio. Si las obligaciones aumentan continuamente y los ingresos no acompañan, la inversión se retrasa y contratar personal se convierte, para algunas pymes, en misión imposible.

España necesita mejores salarios. Para sostenerlos hacen falta formación profesional, inversión, innovación y empresas capaces de crecer y aumentar la productividad.

El Gobierno también debería estudiar cómo aliviar la fiscalidad y las cotizaciones. Es muy fácil exigir siempre el esfuerzo a quien contrata.

El crecimiento económico y el bienestar dependen, en buena medida, de la labor imaginativa de los empresarios. Castigar su capacidad de invertir y crear empleo acaba perjudicando a quienes se pretende proteger. El Gobierno puede fijar el Salario Mínimo por decreto. Lo que no puede decretar es que haya dinero para pagarlo.