La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez
Tensión en la coalición
La ley de la vivienda, al borde de la implosión: Podemos y PSOE, en guerra por los 'okupas'
La norma no verá la luz este año y aunque el Ejecutivo da por hecho que se aprobará en 2023, los socios han chocado en un punto capital
«El problema de la vivienda se agrava cada día por la inflación. (…) Es urgente garantizar un derecho humano como es el de la vivienda en España». Unidas Podemos ha clamado este 16 de diciembre por el bloqueo de la ley de la vivienda, que no se aprobará este año. El Gobierno ya ha asumido que habrá que esperar a 2023, aunque la ministra Raquel Sánchez asegura que está negociando las enmiendas con el resto de partidos.
«Es cierto que esperábamos tener aprobada esta ley antes de finalizar el año y puede que no sea así, pero confiamos en que sea a principios del año que viene», señaló la titular del departamento de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en rueda de prensa.
Pese a que Sánchez incidió que la tramitación de la ley no está bloqueada, lo cierto es que algo pasa, y más concretamente entre los dos socios de la coalición, PSOE, y Unidas Podemos.
Enmienda 'anti-okupas'
Unidas Podemos quiere más, también en este punto. La vivienda, por tanto, será otro foco de tensión entre ambos socios.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha demandado avanzar en la regulación de los precios del alquiler. Para sostener su tesis, ha compartido una información sobre la decisión de Países Bajos, que limitará a partir de 2024 el precio del alquiler de 300.000 viviendas. Una posición que ha desatado la polémica en el sector inmobiliario.
Pero donde, sin embargo, los morados se han encontrado una oposición que no esperaban es respecto a la posición de los grupos con los okupas.
Así, el pasado 29 de noviembre, PSOE, Unidas Podemos y sus aliados en el Congreso rechazaron en el Pleno que se tramitara una ley antiokupas que registró el PP, que con el apoyo de grupos como Ciudadanos o Vox, exigía que estos pudieran ser desalojados por la vía inmediata, estableciendo paralelamente un endurecimiento de las penas.
Lo que no esperaban en el partido que ahora lidera Ione Belarra es que los socialistas busquen abordar esta problemática vía enmienda…a la ley de eficiencia organizativa de la Justicia para luchar contra las mafias y facilitar que los desalojos puedan llevarse a cabo en un plazo máximo de 48 horas.
Es decir, que el PSOE ha registrado una enmienda para modificar una ley de un ámbito totalmente diferente pero que afectará de lleno a la vivienda.
En ella, los socialistas quieren que se hable sobre «los procesos relativos a allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles» para que la Justicia pueda dictar «desalojo en el plazo máximo de 48 horas». Una disposición que crea incomodidad entre Unidas Podemos, si nos atenemos a la virulencia con la que criticaron en el Pleno el rechazo antiokupa de la oposición.
«Son soluciones simples para problemas complejos», dijo en aquel momento Pilar Garrido, representante de los morados. «Todo lo solucionan metiendo a la gente en la cárcel un porrón de años, cuando para proteger la propiedad privada lo mejor es garantizar el derecho a una vivienda digna». Es decir, que Unidas Podemos liga la aprobación de la mencionada ley de la vivienda a que sea la solución al problema de los okupas. Según esta tesis, si la norma sale adelante, ya nadie se verá obligado a entrar en casas ajenas.
Rayando la anticonstitucionalidad
El anteproyecto de ley, tal y como lo aprobó el Consejo de Ministros, podría ser inconstitucional.
Aunque la negociación de las enmiendas continúa su marcha, lo que está retrasando su tramitación en la Cámara Baja, Fedea concluyó que la norma, tal y como salió, podía ser inconstitucional «por invadir competencias de las comunidades autónomas y alterar el contenido esencial del derecho de propiedad en el caso de las viviendas».
El catedrático de Derecho Civil Sergio Nasarre señaló que las medidas que recoge la ley vaciarían el derecho de propiedad sobre la vivienda de parte de su contenido esencial, constituyendo, por tanto, una expropiación sin compensación que sería inconstitucional.
Aunque la negociación de las enmiendas continúa su marcha, lo que está retrasando su tramitación en la Cámara Baja, Fedea concluyó que la norma, tal y como salió, podía ser inconstitucional «por invadir competencias de las comunidades autónomas y alterar el contenido esencial del derecho de propiedad en el caso de las viviendas».
El catedrático de Derecho Civil Sergio Nasarre señaló que las medidas que recoge la ley vaciarían el derecho de propiedad sobre la vivienda de parte de su contenido esencial, constituyendo, por tanto, una expropiación sin compensación que sería inconstitucional.
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