Los alumnos madrileños vuelve a las aulas en el primer año de aplicación de la LOMLOE
Educación
Madrid, la 'aldea gala' que resiste contra la ley Celaá
Este miércoles vuelven a las aulas los alumnos de Infantil y Primaria en un año marcado por la eliminación de las restricciones por la pandemia y la aplicación de la LOMLOE
Este miércoles miles de alumnos vuelve a las aulas en Madrid, la comunidad que más ha combatido la imposición ideológica de la LOMLOE y que le ha costado a Ayuso el ataque de varios miembros del Gobierno e incluso la ha alejado de su partido.
Se trata de un año atípico, marcado por el fin de las restricciones contra la covid y la aplicación de la ley Celaá, un texto que durante meses ha provocado un importante conflicto entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid o, más bien, entre dos formas diametralmente distintas de entender la libertad educativa.
El primer frente fue la eliminación en la LOMLOE del concepto de «demanda social» en la elección del centro, a lo que Madrid respondió con la Ley Maestra de Educación, que garantiza esa libertad «mediante el establecimiento de criterios que no limiten la admisión por lugar de residencia».
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Este texto apunta que «goza de especial trascendencia la libertad de las familias para elegir el tipo de educación y el centro escolar de sus hijos, por lo que supone en cuanto a la admisión de los alumnos en centros sostenidos con fondos públicos, ya sean públicos o privados concertados».
Además, establece la realización de «evaluaciones externas dirigidas a mejorar la calidad, la equidad y la excelencia de la educación» para evitar la promoción y titulación con suspensos que permite la Ley Orgánica.
Este aspecto se desarrolla luego en el currículo regional, exigiendo una mayoría en el equipo docente de dos tercios en Secundaria y de cuatro quintos en Bachillerato para garantizar el máximo consenso posible en una decisión tan trascendente.
Este cambio en el currículo le costó el ataque de los sindicatos, que llegaron a pedir al TSJM medidas cautelares para evitar su aplicación y que finalmente el tribunal levantó al no encontrar indicios de estar invadiendo competencias del Gobierno.
A vueltas con el currículo
Los decretos curriculares también fueron controvertidos. Las comunidades tienen un margen de entre el 40 % y el 50 % –si tienen lengua cooficial– para completar los currículos de cada ciclo. Madrid realizó un buen afeitado en estos textos para reducir su carga ideológica y ampliar aquellos contenidos que la Comunidad considera claves para los alumnos.
Aquí se abrió la primera brecha con la dirección nacional del partido, poco después de la llegada de Feijóo. Madrid presentó un recurso contra el Gobierno por el currículo de Bachillerato al tiempo que aprobó el currículo regional con los nuevos cambios para reducir la carga sobre editoriales y docentes.
El nuevo presidente popular apoyó de palabra a la presidenta madrileña, pero lo cierto es que el resto de comunidades del PP se mostraron reacias a acudir a los tribunales. Es más, a 7 de septiembre, las autonomías gobernadas por los populares todavía no han publicado sus decretos dejando a Madrid como la única que sí lo ha hecho.
«Becas para ricos»
Las discrepancias entre Madrid y Génova se repetirían con las famosas becas de Ayuso. La presidenta madrileña apostó por aumentar las ayudas para las etapas no obligatorias incrementando el techo salarial de los solicitantes. El resultado fue que Sánchez y varias ministras denunciaron que estas medidas «retuercen y violentan» las políticas de redistribución de renta.
Feijóo también se mostró tibio y reconoció la «discusión razonable» que provocaba el anuncio de Ayuso, aunque en otros feudos socialistas, como la Comunidad Valenciana, el sistema de ayudas es similar al anunciado por la madrileña.
No cabe duda de que los más beneficiados por este conflicto serán, aparentemente, los alumnos madrileños que recibirán una educación más exhaustiva que en otras comunidades. Pero a qué precio.
Reducción de ratios y nuevos docentes
Fuera del debate político, este curso trae bastantes novedades. La Comunidad contará este año con 1.266 nuevos profesores en centros públicos y mantendrá a los 2.120 que fueron contratados el pasado año para paliar las carencias educativas que los alumnos pudieran mostrar tras el confinamiento.
Además, la ratio en infantil baja de 25 a 20 alumnos para lo que se abrirán 150 nuevos espacios. Esta reducción se irá aplicando al resto de ciclos educativos en los próximos cursos.
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