La política y las políticas educativas en España
La educación española se halla situada en una encrucijada, y su futuro, y consiguientemente el de la sociedad entera, se verán influidos por el camino que elijamos ante ese punto crucial de bifurcación
En el idioma español utilizamos el mismo término para designar lo relativo al ejercicio del poder –política–, o para referirnos a directrices o programas que orientan o definen las decisiones de los gobiernos en un sector determinado –políticas–. Sin embargo, en el idioma inglés a lo primero lo llaman «politics» y a lo segundo «policies». En el ámbito de la educación, ambos componentes –junto con sus interrelaciones– configuran la política educativa de un país.
La elección de las políticas educativas no se limita simplemente a su formulación, a su fundamentación, a su normativización y a su implementación, sino que supone, asimismo, el ejercicio de la política; acción que opera sobre aquéllas desde diferentes planos situados a un nivel superior al de la propia realidad de los hechos. Cabe señalar tres de esos canales de influencia principales y no independientes entre sí: la concepción que se tenga del poder y de su uso por parte de quienes lo detentan; el marco ideológico que se profese; y las relaciones que se asuman entre conocimiento y realidad.
Las políticas educativas corren el riesgo de orientarse a mantener el poder o a recuperarlo para beneficio propio; es decir, no mejorando la formación del individuo, ni promoviendo el desarrollo del talento, ni sacando a la población en desventaja de la pobreza. Por otra parte, las políticas educativas pueden estar fuertemente condicionadas por un marco ideológico rígido que se trata de implantar en la sociedad, a través de la formación de las nuevas generaciones, con la intención subyacente de promover una trasformación de las mentalidades, dirigida desde el poder y que es alentada por una vocación de ingeniería social. Finalmente, las políticas educativas pueden verse afectadas por un posicionamiento epistemológico –referido, en este caso, a las relaciones entre conocimiento y realidad– que privilegia el marco mental, la doctrina o el pensamiento, por encima de los hechos, y trata de sojuzgar éstos, o de ignorarlos, si así conviniera a la ideología.
Tales condicionantes de las políticas educativas no son estancos. Así, la concepción que se tenga del poder y la declinación ideológica están íntimamente relacionados; como lo están, asimismo, la posición doctrinal y la posición epistemológica. El filósofo, economista y premio Nobel austríaco F. Hayek, señaló el pasado siglo que existe una conexión directa entre las doctrinas políticas y las concepciones epistemológicas; conexión que se traduce, en términos prácticos, en el diferente valor que distintas ideologías otorguen a los hechos o a las evidencias.
La experiencia histórica nos advierte de que, incluso en las sociedades democráticas, esos tres riesgos existen, en mayor o menor medida, y que, por tanto, resulta imprescindible para la mejora de su educación operar tanto desde la política, como desde las políticas educativas. Desde la política, entendiéndola en su mejor acepción como un arte noble orientado al logro del bien común. La multiplicidad de contingencias que, en las sociedades avanzadas, el ejercicio del poder comporta, unido a la interpretación de los diferentes marcos de referencia, visiones del mundo y valores de sus ciudadanos hacen de la política una tarea difícil de someter a patrones inspirados en el quehacer científico. Sin embargo, el plano de las políticas educativas se debe y se puede aproximar, más que hasta el presente, a una racionalidad basada en hechos que asegure la adecuación de las propuestas desde el mismo momento de su concepción, y esté abierta a las evidencias no sólo en su fundamentación, sino también a través de la evaluación del impacto de aquéllas sobre la realidad que se pretende mejorar.
El movimiento de las «políticas basadas en evidencias» o informadas por ellas –destinado a iluminar la acción educativa– ha adquirido un impulso notable en las dos últimas décadas. Inspirado en los antecedentes de la Medicina, dicho movimiento ha progresado de forma notable, particularmente en aquellos países que gozan de una tradición cultural empirista. Y, a través de su influencia en los organismos internacionales con responsabilidades en educación, está propagándose alrededor del mundo.
En España, diferentes factores nos sitúan en una posición retrasada en ese movimiento. En primer lugar, nuestra insuficiente asunción histórica de una cultura científica alcanza a la clase política -de uno y otro signo- que prefiere desenvolverse en el plano fácil de la retórica antes que asumir la dificultad que entraña una comprensión profunda de los fenómenos como base imprescindible, aunque no suficiente, del acierto en las reformas. En segundo lugar, el predominio de la izquierda ideológica en materia educativa y su alejamiento progresivo del pensamiento ilustrado han llevado consigo, en bastantes casos, una desconfianza con respecto a las evidencias, no fuera a ser que echaran por tierra la validez empírica de sus buenas doctrinas. En tercer lugar, el posicionamiento de la derecha política se ha aproximado más al polo conservador que al polo liberal; ha faltado reflexión y se ha prescindido, en la práctica, de ese componente epistemológico, propio de un racionalismo crítico, que es característico del pensamiento liberal y que le hubiera acercado mucho más a una inspiración de las políticas educativas basada en evidencias.
Pero la educación española –como reza el encabezamiento genérico de esta columna que acompaña al lector de El Debate todos los martes– se halla situada en una encrucijada, y su futuro, y consiguientemente el de la sociedad entera, se verán influidos por el camino que elijamos ante ese punto crucial de bifurcación.
- Francisco López Rupérez es director de la Cátedra de Políticas Educativas de la UCJC y expresidente del Consejo Escolar del Estado
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