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24 de junio de 2024

Padres miran a sus hijos a través de la verja del colegio

Padres miran a sus hijos a través de la verja del colegioEduardo Parra /Europa Press

Vox dará la batalla para que los padres puedan decidir sobre la educación de sus hijos

La formación de Santiago Abascal presenta propuestas en varios parlamentos autonómicos para lograr que se garantice el conocimiento previo de las familias y su aceptación sobre cualquier contenido afectivo-sexual organizado por las escuelas

Vox sigue dando la batalla para garantizar que las familias tengan conocimiento previo por parte de los colegios e institutos sobre cualquier contenido de tipo afectivo-sexual que reciban los escolares en las aulas y puedan dar su posterior consentimiento.

El partido de Santiago Abascal ya se había comprometido, en el 'contrato' con el que concurrió a las elecciones del 23 de julio, a implantar un sistema estatal de inspección educativa que fuera efectivo, con poderes suficientes, y que incluyera un duro régimen sancionador. Algo a lo que sus críticos se refieren ya bajo el nombre de pin parental.

«Queremos recuperar la legítima autoridad de los padres y su protagonismo en la educación de sus hijos, por lo que defenderemos garantizar el conocimiento previo y la aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir los hijos en el aula», se leía en su programa de cara a los comicios del 23-J, y cuyos resultados han dejado en el aire la formación de un nuevo Gobierno a la espera de que el ahora candidato a la investidura Pedro Sánchez logre su nombramiento.

El ejemplo de Extremadura

Ahora, Vox ha llevado esta particular batalla a los parlamentos autonómicos, con el objetivo de proteger a la infancia de un contenido que pueda dañar su inocencia, especialmente en la etapa educativa.

Para ello, la propuesta de su Grupo Parlamentario en Extremadura ha ido en esta dirección, para instar a la Junta a «respetar el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos y de garantizar de este modo el artículo 27 de la Constitución española».

Por ello, sus diputados han solicitado que se revisen los currículos educativos para adoptar las medidas necesarias para promover la inmediata retirada de libros de texto y material educativo que contenga cualquier tipo de adoctrinamiento o contenido dañino que afecte a los menores, debido al auge de contenido sexual o ideología transgénero que circula sin control en los colegios e institutos.

«En muchos casos los contenidos chocan abiertamente, no sólo con las convicciones morales, políticas o religiosas de los padres, sino con la propia verdad científica o histórica», denuncian.

Resto de autonomías

Lo de Extremadura se enmarca en una campaña de mayor alcance donde la formación de Abascal presentará propuestas similares en otros parlamentos autonómicos.

Vox ya ha registrado en al menos cuatro cámaras regionales mociones que recojan su sentir en este materia para lograr situar a las familias por encima de las leyes educativas vigentes, que con su aprobación permitían que no se pudieran censurar los contenidos que reciben los alumnos.

Se trata de, amén del caso extremeño, Aragón, País Vasco y Cantabria. «Se trata de una acción coordinada en todas las instituciones donde la formación tiene representación», apuntó el secretario general del partido, Ignacio Garriga.

Reacción del Gobierno

El Ministerio de Educación, por su parte, ha advertido de que irá a los tribunales si las propuestas educativas de Vox prosperan, tras tener constancia de que en algunas regiones aspiran a instalar este tiempo de supervisión.

​Ese ha sido el caso de la Comunidad Valenciana, cuya Consejería de Educación ha enviado una carta a todas las direcciones de escuelas e institutos para que informen a las familias de lo que se hace en los centros.

​Por su parte, el número 2 de Pilar Alegría en el ministerio, José Manuel Bar, secretario de Estado de Educación, ha asegurado que lo que ellos llaman 'veto parental' sobre los contenidos curriculares no tendría ningún encaje jurídico y, si una comunidad lo aprobara, ellos acudirían a la Justicia.
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