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03 de mayo de 2024

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Un alumno utilizando su dispositivo electrónico en claseEFE

Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha son las únicas CC.AA. que prohíben el uso de móviles en colegios

Cataluña ya ha impulsado un proceso participativo, que comenzará a mediados de noviembre, para regular el empleo de los teléfonos en las aulas

La Comunidad de Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha son las únicas comunidades autónomas de España que no permiten el uso de móviles en los centros educativos como mecanismo de comunicación durante los periodos lectivos, mientras que en el resto de regiones son los centros los que limitan su uso.
No obstante, la Consejería de Educación de la Generalitat catalana ha impulsado ya un proceso participativo, que comenzará a mediados de noviembre, para regular el empleo de los teléfonos en las aulas. Además, prevé que el nuevo marco regulador llegue a las escuelas en enero de 2024.
Este proceso será conducido por el Consejo Escolar de Cataluña (CEC), que dará indicaciones al departamento para elaborar el marco regulador y que, una vez esté redactado y consensuado, se mandará a todas las escuelas para llevarlo a cabo. Este nuevo marco regulador tendrá orientaciones claras para las escuelas y pretende homogeneizar los elementos de referencia que se deberán regular en los colegios sobre la utilización de este aparato de comunicación.
Al hilo, fuentes de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias han explicado a Europa Press que la regulación del uso de dispositivos móvil en las aulas es un tema que está sobre la mesa en estos momentos y que se va a abordar, aunque cualquier decisión que se adopte la debatirán previamente con los centros, el profesorado y las familias, con el objetivo de que sea una iniciativa consensuada con la comunidad educativa.

Ley regional de Castilla-La Mancha

En 2014, Castilla- La Mancha fue la primera comunidad autónoma que dio el gran paso y prohibió el uso de estos dispositivos móviles en los centros escolares. Así, según menciona la agencia de comunicación, la Ley de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de 2014 establece que los menores «no deberán mantener operativos teléfonos móviles ni otros dispositivos de comunicación en los centros escolares, salvo en los casos previstos expresamente en el proyecto educativo del centro o en situaciones excepcionales, debidamente acreditadas».
Asimismo, la ley detalla que los menores deben hacer un empleo «adecuado» de las tecnologías de la comunicación e información para preservar así su intimidad. También apunta que esta medida sirve para respetar el derecho a los demás usuarios que navegan por la red.

Galicia y su herramienta pedagógica

Un año después, en 2015, Galicia prohibió el uso de móviles y dispositivos electrónicos durante los periodos lectivos. El entonces presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, destacó que prohibían el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos como mecanismo de comunicación «durante los periodos lectivos».
«Excepcionalmente, los centros podrán establecer normas para la correcta utilización como herramienta pedagógica. La prohibición es expresa y taxativa», zanjaba el ahora presidente del Partido Popular.
Aunque esta norma continúa en vigor, el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha mostrado partidario de abordar una «regulación más estricta» sobre el uso del móvil en los centros educativos y ha sostenido que la decisión debe ser «colectiva» y contar con el «máximo consenso posible».

Madrid los limitó en 2020

Por su parte, la Comunidad de Madrid limitó el uso de os teléfonos al inicio del curso escolar 2020-2021 con el objetivo de «mejorar el rendimiento académico» y luchar «contra el acoso escolar». Este cambio en la regulación madrileña incorporó la prohibió expresa de dispositivos electrónicos durante la jornada escolar, a excepción del material didáctico y de salud.
Esta medida, contemplada en la Estrategia integral para la Convivencia escolar y en el Plan de Ciberseguridad del Ejecutivo regional, afecta a todos los centros públicos y concertados
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