La presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, en una imagen de archivo
Cataluña
Asociaciones defensoras del bilingüismo en Cataluña tildan de «mezquindad» la ley del plurilingüismo
Lamentan que el Gobierno se preocupe porque un ciudadano pueda dirigirse en catalán a la administración en Cádiz, pero un niño no pueda ser escolarizado en castellano en un colegio público en Cataluña
«Es un sinsentido que el Gobierno de España se ocupe y preocupe de que un ciudadano pueda dirigirse en catalán en Cádiz a la administración y que en Cataluña ni un solo colegio público imparta asignaturas en castellano». Es lo que asegura la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, tras el reciente anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se va a impulsar una ley de protección del plurilingüismo.
Ley, por cierto, sobre la que Sánchez no dio muchos detalles. Sí los dio el presidente de la Generalitat, que puso el foco en el ámbito audiovisual, la educación y la justicia, algunos de los caballos de batalla, precisamente, del gobierno catalán. De hecho, Pere Aragonès llegó a hablar de «consolidar el modelo educativo en Cataluña» y de «medidas concretas para preservar el modelo lingüístico de la escuela catalana». Esto es la inmersión lingüística.
No hay que perder de vista, por un lado, que las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, si bien no hablan de porcentajes, sí que van en la línea de que haya una o unas materias troncales que se den en español, además de la propia de lengua y literatura castellana.
Los tribunales han decidido cambiar el concepto, después de que el Parlament aprobara la ley y la Generalitat el decreto que prohíben el uso de porcentajes en la enseñanza de lenguas. Dos normas, en definitiva, que se hicieron para evitar que se aplicara la llamada sentencia del 25 % de castellano que ratificó el Tribunal Supremo. Y ambas normas están pendientes de que se pronuncie el Constitucional sobre su constitucionalidad.
Sobre la justicia, desde la Generalitat aseguran que la ley «garantizará el derecho de la ciudadanía de Cataluña a dirigirse a la Administración General del Estado, y en especial de la Administración de Justicia presente en Cataluña o con jurisdicción en todo el estado y a ser correspondida en catalán». Según datos de la Generalitat, un 9 % de los fiscales habla bien el catalán, y entre los jueces, ese porcentaje es de un 14 %.
Interpretación tendenciosa
Para la presidenta de la AEB, Ana Losada, el anuncio de esta ley es una «mezquindad», mientras que el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ve bien que se abra un debate sobre las políticas lingüísticas, tanto las del Estado, como las de las comunidades autónomas con lenguas cooficiales. No estaría mal, apuntó, que en el Congreso o en el Senado se realizaran comisiones de estudio en esta línea.
El problema, dice, es que los nacionalistas siempre hacen una interpretación tendenciosa de esta cuestión, «porque no es la administración del Estado quien no respeta las lenguas oficiales. Si no que son las administraciones autonómicas las que discriminan a los castellanohablantes». Domingo ponía como ejemplo, que un ciudadano puede ir a una sede de la Agencia Tributaria o de la Seguridad social en Cataluña y «los ciudadanos encontrarán modelos bilingües y serán atendidos en cualquiera de sus idiomas. Pero el problema es otro».
Para José Domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, perdió una oportunidad de oro, después de su reunión con Pere Aragonès, para reclamar que la Generalitat acabe con las políticas discriminatorias y de asimilación lingüística en Cataluña, especialmente en las escuelas. Y no pidió, por ejemplo, que se respete el derecho de los alumnos a ser escolarizados también en español.
De hecho, ha recordado Domingo, Pedro Sánchez se prestó a hacer todo lo posible para que no se ejecuten las sentencias sobre el 25 % de castellano. Lo pactó así con Pere Aragonès. Y por cierto, el presidente de Impulso Ciudadano hace una propuesta con relación al respeto al plurilingüismo: que el presidente de la Generalitat haga su tradicional discurso de Navidad en las tres lenguas oficiales de Cataluña: castellano, catalán y aranés.
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