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19 de mayo de 2024

LA EDUCACIÓN EN LA ENCRUCIJADAFrancisco López Rupérez

Pequeños pasos hacia políticas educativas efectivas

El movimiento de las políticas educativas basadas –o informadas– por evidencias no ha hecho más que crecer en estas últimas décadas en el plano internacional

Actualizada 04:30

La educación constituye un pilar básico del orden social. Y no solo en su faceta de escolarización, sino también en lo que tiene de instrumento fundamental para la preparación del futuro de los individuos y de las sociedades. La función ordenadora y estructurante de la vida familiar que posee la escolarización, particularmente en los países desarrollados, se manifiesta con toda su fuerza cuando ésta se altera o falla por alguna circunstancia. El impacto de las huelgas de profesores, o de la pandemia del covid-19, por ejemplo, pone claramente de manifiesto ese papel ordenador en las sociedades contemporáneas. Quizás por la función capital y con efectos inmediatos de la escolarización, es éste el aspecto de la educación que más interesa a los responsables políticos.
A diferencia de esa primera faceta de la educación, que se garantiza en el plano macro cuidando su «mecánica» cotidiana y asegurando que todos sus componentes funcionen en tiempo y forma, la segunda lleva consigo una actividad bastante más abierta que no puede delegarse en las estructuras burocráticas. Quizás por las dificultades y los desafíos que emergen en los contextos actuales, los responsables políticos se refugian, con frecuencia, en la primera y debilitan sus compromisos con la segunda. No obstante, y aun cuando los efectos colectivos de una adecuada preparación del futuro no se adviertan en el corto plazo, su importancia ha ido creciendo paralelamente al progresivo desarrollo de las sociedades del conocimiento. Así lo han visto expertos, organismos multilaterales y gobiernos de muchos países, de modo que el logro de políticas educativas eficaces se ha convertido en un objetivo ampliamente compartido alrededor del mundo.
En este contexto, basar las políticas en el conocimiento, la evidencia empírica y la investigación constituye una cuestión esencial que practican los países de alto rendimiento educativo. Por ejemplo, el reciente informe de 2024 de la reputada consultora internacional McKinsey & Co -Spark & Sustain: How all the worlds school systems can improve learning at scale-, en el que se examinan los factores que comparten los sistemas que mayor éxito tuvieron en la década anterior a la pandemia del covid-19, señala en primer lugar el «anclarse en la evidencia», que se describe en los siguientes términos: «Los sistemas escolares exitosos fundamentan los cambios en el aula sobre la base de una investigación clara sobre lo que mejora los resultados, centrándose en primer lugar en los docentes y en el contenido que imparten. Eligen estrategias respaldadas por la evidencia, relevantes para su punto de partida, y priorizan los aprendizajes fundamentales, particularmente en sistemas con recursos limitados. Utilizan la tecnología como una herramienta para mejorar el aprendizaje, no como un fin en sí mismo». En el caso español, un panel de prestigiosos expertos se manifestó en 2017 en un sentido similar al identificar, mediante un estudio Delphi, dicho factor como un componente clave de una gobernanza educativa de calidad.
Llegados a este punto, cabe preguntarse por las maneras de posicionarse sobre la relación entre la investigación y las políticas educativas. Young et al. (2002), del Center for Evidence-Based Policy and Practice de la Universidad de Londres, han identificado cinco modelos que describen diferentes formas de integrar esos dos elementos. El modelo guiado por el conocimiento, en el cual predomina la componente científica que dicta, a la postre, las decisiones políticas. El modelo de resolución de problemas que, a diferencia del anterior, otorga la prioridad a la política, la cual define los problemas que investigar y establece su financiación desde el poder político. El modelo interactivo que asume una orientación pluralista, reconoce la legitimidad de visiones del mundo y marcos de referencia diferenciados y acepta el valor del diálogo entre opuestos. El modelo táctico, cuya orientación predominante es la de una política sometida a las exigencias del corto plazo y enfocada al mantenimiento o consolidación del poder. En este modelo, la investigación es empleada al servicio de dicha orientación. Y, finalmente, el modelo ilustrado que privilegia la autonomía de la investigación, cuya misión sería la de iluminar –ilustrar–, pero no la de sustituir o fundamentar la acción política.
Ni que decir tiene que estamos ante modelos puros y que, sin embargo, en la práctica se dan modelos híbridos, con una mayor o menor proporción de cada uno de los anteriores componentes. En el caso español han predominado hasta ahora el modelo táctico y el modelo ilustrado, que son los más distantes entre sí y los menos útiles para la definición y la implementación de políticas orientadas hacia la mejora del sistema educativo.
Pero el movimiento de las políticas educativas basadas -o informadas- por evidencias no ha hecho más que crecer en estas últimas décadas en el plano internacional. En el caso español, ha entrado en liza, de un modo decidido, la Economía aplicada. El ejemplo más reciente de lo anterior nos lo ofrece la publicación Economía de la Educación, editada por la Fundación Ramón Areces y coordinada por los profesores Antonio Cabrales e Ismael Sanz, en la que se hace un recorrido por los fundamentos metodológicos de dicho enfoque y se presenta una colección significativa de resultados. Objetivamente hablando, quizás por la mayor consistencia epistemológica de la Ciencia económica, frente a las llamadas Ciencias de la Educación, y por su mayor respetabilidad desde la política, estamos ante un motivo de esperanza si somos capaces de integrar el potencial interpretativo que aporta la Educación a partir del conocimiento derivado de la experiencia sobre el objeto de estudio.
Los responsables políticos de algunas Comunidades Autónomas, como es el caso de la Región de Murcia, han iniciado ya ese camino, lo que puede ser considerado como algunos pequeños pasos. Ello alimenta nuestra confianza en que sean progresivamente extendidos a otros territorios, contribuyendo así al necesario avance de nuestro sistema educativo.
  • Francisco López Rupérez es director de la cátedra de Políticas Educativas de la UCJC y expresidente del Consejo Escolar del Estado

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