Centro educativo, en una imagen de archivo
El PP pide al Congreso cambiar el modelo de escolarización de alumnos con apoyo especial
Los populares advierten de que «la simple incorporación de los alumnos que presentan necesidades especiales a los centros educativos ordinarios no puede considerarse inclusión»
El Grupo Parlamentario Popular tiene previsto presentar esta semana ante el Congreso una iniciativa legislativa para modificar la actual Ley Orgánica de Educación (Lomloe) en lo que respecta al modelo de escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales. El objetivo de esta propuesta es que las familias puedan elegir libremente el tipo de centro educativo al que desean llevar a sus hijos, ya sea un colegio ordinario o uno de educación especial.
El texto impulsado por el Partido Popular establece que «las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los padres o tutores a la elección del modelo educativo y del centro docente para estos alumnos», poniendo así el acento en la libertad de elección de las familias como pilar del sistema educativo.
Desde esta formación se considera que la Lomloe favorece de forma unilateral la escolarización en centros ordinarios por entenderla como una opción más inclusiva, lo que –a juicio del grupo proponente– deja de lado el verdadero interés del menor. En este sentido, argumentan que la ley vigente «da absoluta preferencia a que la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales se lleve a cabo en centros ordinarios, marginando a los centros de educación especial y condenándoles a su cierre efectivo».
Asimismo, los populares advierten de que «la simple incorporación de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales a los centros educativos ordinarios no puede considerarse inclusión», subrayando que esta solo se alcanza cuando se acometen en los centros los ajustes necesarios que aseguren un entorno que favorezca la relación positiva con sus iguales y una integración social real.
La proposición plantea también que la evaluación de las necesidades de este alumnado se realice de forma temprana y que esté a cargo de profesionales especializados, siempre con participación e información preceptiva a los padres o tutores legales. De este modo, se pretende reforzar la implicación familiar en el proceso educativo desde su inicio.
Otra de las medidas incluidas en la iniciativa del PP contempla que la escolarización de estos estudiantes venga acompañada de orientación a las familias, promoviendo así una colaboración estrecha entre el ámbito escolar y el familiar. En caso de discrepancias durante este proceso, las Administraciones educativas deberán establecer mecanismos para su resolución, priorizando siempre el interés superior del menor.
Según los datos aportados en la exposición de motivos de la proposición, durante el curso 2023-2024 se contabilizaron 292.897 alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad. Este colectivo representa un 3,6 % del total del alumnado. De ellos, el 85,2 % está integrado en centros ordinarios, mientras que el 14,8 % restante acude a centros específicos de educación especial.
En cuanto a la distribución por tipo de centro, los mayores porcentajes de alumnos con necesidades especiales se encuentran en los centros públicos y concertados, con un 4,0 % y un 3,6 % respectivamente, siendo notablemente inferior en la enseñanza privada no concertada, donde alcanza apenas un 0,8 %. Las principales discapacidades detectadas en este alumnado corresponden a trastornos del espectro autista (31,4 %), discapacidad intelectual (24,7 %) y trastornos graves del lenguaje y la comunicación (13,9 %).
Paralelamente, el Pleno del Congreso debatirá otra proposición no de ley del PP que solicita la puesta en marcha de un plan de choque, en coordinación con las comunidades autónomas, para hacer frente al gasto escolar que implica el inicio del nuevo curso.
Entre las medidas solicitadas figuran el aumento de recursos humanos y materiales para atender adecuadamente a la población escolar inmigrante en la etapa obligatoria, así como el refuerzo del programa de gratuidad de libros de texto y materiales didácticos, cuya dotación mínima se propone elevar hasta los 100 millones de euros.
Del mismo modo, se insta a aprobar de forma urgente un programa de cooperación territorial para reforzar las ayudas autonómicas destinadas a comedores, transporte escolar y gratuidad del ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años. Este último apartado contempla un modelo de cofinanciación entre el Estado y las comunidades autónomas, con un reparto equitativo del coste del 50 % para cada parte.
