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Imagen de la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, tomada este viernes

Imagen de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana MorantEFE

El Defensor avisa del «colapso» en la homologación de títulos universitarios y pide «transparencia» al Ministerio

Estima en 100.000 los expedientes pendientes de resolución y ve insuficientes los canales establecidos para atender incidencias

El Defensor del Pueblo ha advertido de que la situación de «colapso» en la gestión de la homologación de títulos universitarios extranjeros «provoca también errores procedimentales, con reiterados requerimientos de subsanación ya cumplimentados e indebidas declaraciones de desistimiento».

En este contexto, pide un «esfuerzo de transparencia» que permita supervisar la actuación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y «dé certeza a los interesados sobre sus reales expectativas de obtener una resolución, carencias de las que adolece actualmente el procedimiento».

Así lo ha reflejado la institución que dirige Ángel Gabilondo en su informe anual 2025, recogido por Europa Press, que se ha registrado este martes en el Congreso y ha entregado a su presidenta, Francina Armengol.

El Defensor del Pueblo concluye que «el elevado número de quejas recibidas» sobre los servicios de información, atención y resolución de incidencias en la homologación de títulos universitarios «revela la insuficiencia de los canales establecidos al efecto por la Administración».

En 2025, el Defensor del Pueblo recibió más de 1.000 quejas en relación con la falta de resolución o la tramitación incorrecta de expedientes de homologación y declaración de equivalencia de títulos universitarios extranjeros.

Durante este año han proseguido las actuaciones de carácter general seguidas por esta institución ante la Secretaría General de Universidades, en relación con la «grave situación» de retraso en la tramitación de estos expedientes y, simultáneamente, ha tramitado con carácter individual aquellos expedientes en los que la demora puede ser indiciaria de algún error procedimental, o la superación de los plazos para evacuar el correspondiente trámite es tal que requiere una explicación específica por parte de la Administración.

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