Los sindicatos policiales, temerosos ante la oficina del Gobierno para gestionar supuestos malos tratos

El Ejecutivo estaría ultimando la creación de la Oficina Nacional de garantías de los Derechos Humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad, con el objeto de hacer frente a los casos de malos tratos recibidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, informa Europa Press. Un nuevo órgano que respondería a las recomendaciones del Consejo de Europa, que se presenta en medio de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y que es recibido por las fuerzas de Seguridad como «una nueva forma de criminalizarlos», afirma un antidisturbios de la Policía en activo para El Debate.

Frente a las recomendaciones del Comité para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa tras la visita que realizó a España en septiembre de 2020, el informe de respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez propone la creación de esta oficina. El documento de la delegación del CPT no obstante señala que los detenidos con los que hablaron afirmaron «haber sido tratados correctamente por los agentes de la ley». Aunque también recibió «un número importante de denuncias de malos tratos, incluso de menores, que afectaban principalmente a la Policía Nacional». Una cifra que en concreto no se especifica en la información procurada por la agencia.

Dichos malos tratos «se infligían supuestamente como medio para obligar a los sospechosos a proporcionar información o a confesar determinados delitos o para castigarlos por el supuesto delito cometido». En el informe también se destacan «algunas denuncias de abusos verbales» hacia los extranjeros particularmente y «de esposas excesivamente apretadas».

Recomendaciones a las autoridades

El CPT traslada al ministro del Interior y los jefes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que «transmitan un mensaje contundente de que los malos tratos a las personas detenidas son ilegales, poco profesionales» y que han de «ser objeto de las sanciones correspondientes». También, que las autoridades competentes garanticen «una investigación efectiva de cada denuncia» y que los oficiales superiores «rindan cuentas de sus responsabilidades de dirección».

Además, respecto de la obligación de almacenar las grabaciones durante un mínimo de 30 días, el Gobierno ha esgrimido que no se aplica en las instalaciones que carecen de «disponibilidad técnica para su conservación durante dicho plazo, hasta que no se disponga de la asignación presupuestaria necesaria para su ampliación o renovación». Respecto a la recomendación del uso de cámaras corporales, el Ministerio del Interior advierte que «el empleo de cámaras y la grabación sistemática no parece compatible con las finalidades y criterios del vigente marco normativo».

La labor del Ejecutivo

El Gobierno responde que el «Ministerio del interior mantiene una vigilancia estrecha y permanente», a través de vías como las «acciones formativas» tanto para el ingreso como en el marco de la «actualización de conocimientos, promoción profesional, especialización y altos estudios». El Ejecutivo recuerda que ya existe la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad del Ministerio del Interior, que da seguimiento a las denuncias contra policías y guardias civiles en el ejercicio de sus funciones.

«Es una forma de criminalizarnos»

Esto es lo que sentencia para este medio el antidisturbios de la Policía que prefiere mantener su anonimato. En su opinión, la creación de esta oficina «no es más que otra estrategia para desprestigiar a la Policía y para ganar votos de los que están en el Gobierno, de ese sector de izquierda, más que algo efectivo y real», a lo que ha añadido: «La realidad es que somos uno de los mejores antidisturbios del mundo y de los más garantistas de Europa».