Cándido Conde-Pumpido, magistrado del Tribunal Constitucional
Tribunales
Los candidatos socialistas al Constitucional cuestionados por sus vinculaciones políticas
De asumir las tesis de la izquierda contra el nombramiento de Enrique Arnaldo Alcubilla, por sus presuntas vinculaciones políticas, las propuestas de la izquierda para el Tribunal de Garantías no soportarían su propio filtro
El acoso e intento de derribo del candidato popular a al actual renovación del Constitucional, Enrique Arnaldo Alcubilla, está resultando inédito en la historia democrática de nuestro país. Pese a que en el Tribunal de Garantías ha habido y hay magistrados de todo tipo de sensibilidades y vinculaciones políticas, la 'zurda' parece haber olvidado que los casos más recientes de Magistrados cuestionados en el órgano judicial han pertenecido a su bloque. Por ello, ha resultado sorprendente, entre propios y extraños, que los argumentos esgrimidos desde ciertos sectores del PSOE y de Podemos para criticar a Arnaldo y los obstáculos presentados para no votarle sean sus preferencias ideológicas. Estos son algunos de los nombres que se han visto salpicados por su mayor o menor proximidad con formaciones de izquierdas en los últimos años:
Cándido Conde-Pumpido
Cándido Conde-Pumpido (La Coruña, 22 de septiembre de 1949, el todavía magistrado del Constitucional fue fiscal general del Estado desde abril de 2004 hasta diciembre de 2011, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y no por ello ha resultado sospechoso de parcialidad. Su simpatía por el PSOE ha quedado oculta pese a que en sus pronunciamientos y votos particulares es difícil localizar una posición contraria a los intereses del socialismo político. Como muestra más reciente, Conde-Pumpido es uno de los miembros del Tribunal de Garantías que ha emitido sendos votos particulares, en contra de la posición mayoritaria del órgano, para salvar la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez por declarar el estado de alarma durante la pandemia del coronavirus.
Además, desde 1974 es miembro de Justicia Democrática, una entidad que agrupó a los magistrados, fiscales y secretarios judiciales partidarios de un sistema democrático durante la dictadura y que quedó disuelto al aprobarse la Constitución. Más tarde, en 1983 fundó junto a otros compañeros una asociación judicial heredera de los valores de la anterior, la actual Jueces y Juezas para la Democracia, de la que actuó como primer portavoz en el período comprendido entre 1984 y1986, repitiendo en el cargo en el bienio 1992 a 1994.
Juan Antonio Xiol Ríos
En 2013, Juan Antonio Xiol (Barcelona, 1946) fue elegido magistrado del Constitucional, donde continuará al menos hasta su próxima renovación, por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fue director general de Justicia con el ministro socialista Fernando Ledesma desde 1985 a 1990. E inmediatamente después de su salida del Ministerio, fue designado vocal del CGPJ a propuesta del PSOE.
Además, en 2011, Xiol fue uno de los seis magistrados de la Sala 61 del Tribunal Supremo que emitió un voto particular para oponerse a la ilegalización de EH Bildu.
Fernando Valdés Del-Ré
Fernando Valdés (Valladolid, 1945) fue elegido magistrado del Constitucional, en 2012, por el Congreso de los Diputados a propuesta del PSOE. No sólo fue el máximo responsable de la Abogacía del Estado con Felipe González en la Presidencia del Gobierno, en la legislatura comprendida entre 1986 y 1990, sino que también participó en la confección del programa electoral del PSOE en materia de Economía, Trabajo y Pensiones en las elecciones generales de 2004, con José Luis Rodríguez Zapatero como cabeza de cartel.
Valdés tuvo que abandonar, forzosamente, su puesto en el Tribunal de Garantías tras ser detenido por un supuesto delito de violencia de género. Sin embargo, para él hubo una apelación pública en defensa de la presunción de inocencia, de la mano del todavía presidente Juan José González Rivas, a través de un comunicado institucional que, por ejemplo, no existió cuando el detenido, por un delito de tráfico, fue el conservador Enrique López.
A Valdés nadie le pidió su dimisión hasta él mismo desistió cuando el Tribunal Supremo decidió investigarle, previo auto de apertura de juicio oral, por unos hechos que, presuntamente, atentaron contra su mujer, en un contexto en el que el Gobierno actual ha enarbolado la bandera del feminismo como ninguno otro antes.
Inmaculada Montalbán
La propia Inmaculada Montalbán Huertas (Iznalloz, Granada, 26 de noviembre de 1959), una de las candidatas para la vigente renovación del Tribunal Constitucional a propuesta del PSOE, votó como miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a favor de un informe sobre el anteproyecto de la ley del aborto, pendiente de resolverse el recurso contra la misma en el Tribunal de Garantías, en el mismo momento y Consejo en el que se señala y cuestiona a Concepción Espejel por haber votado en contra del mismo.
Ramón Sáez Valcárcel
En el caso del magistrado progresista de la Audiencia Nacional, Ramón Sáez Valcárcel (Madrid, 1957) llega al Constitucional como cuota de Podemos, dentro del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Tal es así que ya resultó elegido para anteriores cargos directamente derivados de pactos políticos, como por ejemplo, cuando ejerció de vocal del CGPJ durante cinco años, de 1996 a 2001, a propuesta de Izquierda Unida, actualmente integrada en Podemos.
En todas sus resoluciones se una traduce una altísima carga ideológica. De las más significativas, la sentencia en la que absolvió a los acusados de asaltar el Parlament de Cataluña, en 2014, que fue anulada por una instancia superior. O la que dejó libre de cualquier condena al mayor de los Mossos, José Luis Trapero, por su presunta implicación en los hechos que propiciaron la celebración del referéndum ilegal del 1-O.
Luis Ignacio Ortega Álvarez
Luis Ignacio Ortega Álvarez (Madrid, 1953). En 2010, resultó elegido magistrado del Constitucional por el Senado a propuesta del Parlamento manchego a instancias del PSOE. No en vano, Ortega antes había trabajado como asesor del primer Gobierno de Felipe González.
Luis Pascual Estevill
Luis Pascual Estevill (Cabacés, Tarragona, 1933) es juez español que fue separado de la carrera judicial, a la que accedió por el comunmente conocido como 'cuarto turno', tras resultar condenado en firme por su responsabilidad directa en varios asuntos de corrupción.
Fue nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial, en plena era Pujol, a propuesta de Convergencia i Unió, en 1994. Tan sólo dos años después solicitó una excedencia voluntaria, ante el escenario de las sucesivas querellas presentadas contra él, entre las cuales constaban acusaciones de prevaricación, que consistieron en la extorsión dirigida hacia determinados acusados. Y ello pese a que la mayoría del Consejo, de orientación progresista, se negó a expulsarle de oficio lo que provocó la dimisión en bloque de varios de sus miembros, críticos con el comportamiento de su compañero.
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