23 de mayo de 2022

Una camarera, en Valencia, esta Navidad

Una camarera, en Valencia, esta NavidadEFE/Kai Försterling

Tribunales 

El Supremo se prepara para un aluvión de reclamaciones por las pérdidas de hostelería y comercio tras los ERTE

La medida urgente adoptada por el Gobierno durante la pandemia para la «protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo» se mantendrá prorrogada hasta el próximo 28 de febrero 

La Hostelería de Todos y la Plataforma de Empresarios Afectados por el cierre de negocios durante la pandemia (PEACovid-19) serán la punta de lanza de las empresas de la hostelería española unidas, en un frente judicial común, para reclamar indemnizaciones multimillonarias al Gobierno por las pérdidas sufridas en la pandemia, tras el cierre forzoso decretado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, durante el primer estado de alarma. 
El Supremo se prepara para resolver el aluvión de demandas que llegarán en los próximos meses a la Sala Tercera del Alto Tribunal, una vez agotado el plazo legal de los expedientes en trámite ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, iniciados durante la entrada en vigor del confinamiento y sobre los que se ha guardado un atronador silencio administrativo. 
Así lo han confirmado a El Debate fuentes próximas al Alto Tribunal, que ya ha admitido a trámite la primera de las reclamaciones presentadas por lucro cesante por valor de más de 300 millones de euros. En la diligencia de ordenación dictada se han dado veinte días a la Abogacía del Estado para contestar a la petición.
El argumento principal del Despacho Cremades & Calvo-Sotelo, que representa los intereses de más de mil negocios de hostelería en toda España –desde restaurantes con estrella Michelín a los bares más modestos– «se ha visto reforzado por la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró parcialmente inconstitucional el decreto» ministerial, han apuntado a El Debate desde el bufete. Los abogados al frente de la causa han avanzado que «después de Reyes» se empezarán a «presentar las demandas» escalonadamente ante el Supremo. Una acción en cascada que podría superar los 500 millones de euros. 
Lo único seguro en este momento es que los empresarios, autónomos, cocineros, hosteleros,... quieren que se compensen los cierres «si no nos dejan trabajar». Pepa Muñoz (del Qüenco de Pepa), Alfonso García (de Casa Alfonso), Juanjo López (de La Tasquita de Enfrente), Iñaki López de Viñaspre (del Grupo Sagardi) y Alfonso Pastor (del Grupo Caterdata) han abanderado las reivindicaciones que defienden que la hostelería «no es la culpable» de la situación pandémica. 
«Somos la víctima propiciatoria para que las administraciones públicas se eximan de la responsabilidad de adoptar medidas que no están tomando, como contratación de personal médico y de rastreadores o aumento de ucis. Somos sus chivos expiatorios», han denunciado alto y claro los afectados. 
Más de un año después de que varias plataformas del sector de la hostelería presentasen sus reclamaciones contra el Gobierno por los cierres obligatorios de sus establecimientos durante la pandemia, la Justicia tendrá que revisar sus solicitudes de indemnización millonarias. No en vano, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la llamada «cogobernanza» de Pedro Sánchez, y el hecho de que, en la práctica, las peticiones de indemnización cursadas por los afectados ante las propias administraciones no hayan recibido respuesta, harán que el Supremo se ponga manos a la obra con las peticiones de compensación que podrían alcanzar cifras considerables, tal y como avanzó El Debate en primicia
Además, los plazos favorables a los profesionales del sector de la hostelería han coincidido en el tiempo con el momento, inédito, en que la Fiscalía, desmarcándose de la posición del Ejecutivo socialista, ha interesado ante el Alto Tribunal que se tengan por formuladas sus alegaciones» y, en consecuencia, «se proceda a dictar sentencia acordando la estimación parcial del recurso interpuesto» ante el Supremo «declarando la nulidad del Decreto 2/2021, de 24 de enero» por el que el presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig, «limitó la movilidad en horario nocturno» durante el segundo estado de alarma inconstitucional, decretado por el Gobierno central de Pedro Sánchez, que delegó bajo la fórmula de la cogobernanza, la gestión de la pandemia en las Comunidades Autónomas. 
Esto es, que el Alto Tribunal a instancia del Ministerio Público declare nulas las medidas restrictivas de las autonomías para el control de la pandemia.

Sin el paraguas de los ERTE

A las pérdidas astronómicas de la hostelería que tendrá que resolver el Supremo, se unirá el levantamiento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) del Gobierno. Un escenario que, a juicio de los expertos consultados por El Debate, se convertirá en la «estocada final» para un mercado laboral herido de gravedad, una vez superada la crisis sanitaria del coronavirus y finalizada la cobertura legal prevista el próximo 28 de febrero de 2021. 
En este sentido, los jueces han advertido del volumen de peticiones empresariales que se avecinan contra las resoluciones «estereotipadas y sin ninguna motivación» que se dieron, al comienzo de la pandemia, en el marco laboral.
El rechazo administrativo de algunas peticiones para acogerse a la medida extraordinaria decretada por el Ejecutivo de Sánchez de la que ha hecho gala la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha supuesto el marco idóneo para que los primeros recursos vean la luz a comienzos del próximo año. Fecha en la que algunos pequeños y medianos empresarios no tendrán más alternativa que «declararse en concurso de acreedores», ante «el colapso en los juzgados de lo Social» y en un Supremo mermado de plazas vacantes sin cubrir por la parálisis del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han alertado fuentes próximas al Alto Tribunal. 
No en vano, las mismas fuentes han explicado a El Debate que la negativa de las autoridades laborales autonómicas a una gran cantidad de pymes no ha atendido ni a los plazos previstos –se dictan después del máximo legal de 5 días– ni a los requisitos exigidos, entre los que se encuentra el de motivar dicho rechazo. «Algo que no se atendió en los numerosos casos en los que las administraciones han utilizado documentos tipo, sin argumentos de peso y resueltos una vez agotado el plazo legal previsto», han asegurado varios magistrados.
Los primeros recursos no se verán, como mínimo, hasta el próximo año, según han apuntado los magistrados. Para entonces muchos pequeños empresarios, que todavía aguantan el tirón de la pandemia, quedarán obligados a «declararse en concurso de acreedores» y abocados a la quiebra, porque «la inactividad y el colapso en los juzgados de lo Social harán imposible su supervivencia», añaden.
Yolanda Díaz aseguró que su Departamento iba a revisar cada uno de los expedientes ERTE. Sin embargo, lejos del control y medios teóricamente al servicio de los interesados, la puesta en marcha de las ayudas empresariales provocó el registro masivo de demandas. Una situación previa que, superados los momentos más duros de la crisis, llevarán al «colapso» al ya de por sí saturado Tribunal Supremo.
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