23 de mayo de 2022

Marta Castro, vicepresidenta jurídica de Vox

Entrevista a la vicepresidenta jurídica de Vox

Marta Castro: «De los jueces depende el futuro de España»

El Debate ha hablado con la vicesecretaria jurídica de la formación que lidera Santiago Abascal. Tras ella, un cerebro incansable que ha diseñado la mayoría de las acciones legales iniciadas por la formación contra las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, como los recursos ante el Constitucional contra el estado de alarma

Marta Castro, vicesecretaria jurídica de Vox, es abogado especializada en Derecho de Empresa y Responsabilidad Civil y Seguro, en especial en el sector de construcción. Experta en litigación y resolución de conflictos en sede judicial y extrajudicial. Administradora concursal y mediadora civil y mercantil. Lleva más de veintiséis años en el ejercicio de la abogacía y veintidós de ellos al frente de su propio despacho. 
Trabajadora incansable es una defensora a ultranza del Estado de Derechos y de la importancia de ejercer un control al Poder Legislativo y Ejecutivo desde los tribunales cuanto se exceden determinados límites. 
–¿Cuál es el balance para Vox desde el punto de vista jurídico de este año que termina?
–Ha sido muy bueno. Estamos muy satisfechos con los resultados que hemos ido obteniendo, no sólo por la satisfacción del trabajo bien hecho con independencia del resultado, sino por defender en nuestras acciones judiciales  con apasionamiento los valores y los posicionamientos en los que creemos. Es una mezcla muy bonito poder sacar adelante lo que de verdad piensas con encaje en Derecho. 
–¿No es un poco incoherente que desde un partido político haya que defender los valores constitucionales o el cumplimiento de la ley que todas las formaciones deberían atender en una democracia, en un Estado de Derecho?
–Es muy preocupante. Cuando yo me hice cargo la Secretaría Jurídica fue lo primero que pensé: lamento tener tanto trabajo. Se supone que en una democracia, en un Estado de derecho, los primeros garantes de todas las libertades, de todos los principios constitucionales en los que hemos construido nuestro país, deben ser la Administración, el Gobierno, el Estado, pero hemos puesto de manifiesto que no lo estaban haciendo de la manera en que se tiene que hacer. Es triste, aunque también de agradecer que nuestros poderes constituyentes nos dotasen de las herramientas para corregirlo. 
–¿Quiere entonces decir que si no existiese Vox nadie habría tomado esa iniciativa judicial?
–Esa es la pregunta que yo me hago constantemente. si Vox no existiese, cómo se defenderían los ciudadanos. Simplemente el voto en las urnas cada cuatro años es muy deficiente. 
–Sin duda han sido punta de lanza, ¿qué diría a quienes les acusan de judicializar la política?
–Bueno, es que es al contrario. Nosotros precisamente tratamos de evitar que se politice la Justicia. Nosotros intervenimos porque los partidos políticos pueden ejercer la acción popular y entendemos que debe seguir siendo así. Se trata de uno de los balances de control al Ejecutivo, incluso a la Fiscalía e incluso al propio Poder Judicial. Es un elemento de equilibrio cuando no se actúa por otras vías. 
Los partidos podemos instar a la Fiscalía o incluso a los jueces a que actúen, a que los ciudadanos tomen la iniciativa de participar en la vida democrática y eso pasa por estar personados en determinadas causas. La asincronía es la politización absoluta de la Justicia, eso es lo que no cuadra en un Estado de Derecho y lo que deberíamos erradicar para mantener una democracia sana y limpia. 

La politización absoluta de la Justicia no cuadra en un Estado de Derecho y es lo que deberíamos erradicar para mantener una democracia sana y limpia

Ya hemos visto en otros países a qué se llega cuando cuando la Justicia está en manos de los políticos y nosotros queremos evitarlo. Por eso nos hemos opuesto rotundamente a la forma de designación del Consejo General del Poder Judicial y aspiramos a que sus miembros sean designados por los propios miembros de la Carrera, con neutralidad -porque de ellos dependen después los jueces que se designan para puestos en los que tendrán que enjuiciar a políticos, en tanto que ciudadanos y responsables- o acabar con las puertas giratorias. 
–Este año han tenido una importante victoria en el Tribunal Constitucional que anuló los dos decretos del estado de alarma y sin plegarse a las presiones del Gobierno... 
–El hecho de que la entonces vicepresidenta del órgano [Encarnación Roca] pusiese de manifiesto las presiones recibidas es de una gravedad que nunca antes se ha visto. Pero, por otro lado, la valentía de hacerlo público cuando se sabía de la existencia de las mismas y los jueces, en este caso los del Tribunal Constitucional, no tienen por qué soportarlo. Por eso, insisto, es tan importante dejar a los políticos al margen de la Justicia. 
Es esperanzador ver que hay jueces como Encarnación Roca a las que no les afectan, pero no se tiene que quedar solamente en la valentía personal sino que deberían sentirse suficientemente apoyados como para que eso sea la norma, no en el papel que todo lo soporta sino en la realidad del día a día. 
–Al hilo de la anulación de los estados de alarma, ¿qué seguridad jurídica produce al ciudadano saber que las resoluciones sobre cuestiones vitales llegan tan tarde?
–Siempre se ha dicho que la Justicia que llega tarde ya no es Justicia. Por eso, lo que nosotros valoramos es que, aún estando en una situación extraordinaria, la forma de gestionar podría haber sido muy distinta y se podría haber hecho sin saltarse las normas, dando unas un soporte legal adecuado, que estaba previsto, y utilizando los mecanismos sin motivaciones políticas, que es lo que más nos preocupa. 
Nos alegra haber tenido resoluciones positivas en algo tan importante. Serán históricas. Quizás ahora estamos muy cerca de la noticia como para darnos cuenta pero es verdad que, más adelante, seremos conscientes de la importancia y de la trascendencia de ambas sentencias. Al menos, al ciudadano se le han abierto un poco los ojos y se ha concienciado de que no hay que admitir todo lo que nos venga impuesto desde arriba. 

Aún estando en una situación extraordinaria, [la pandemia], la forma de gestionar del Gobierno se podría haber hecho sin saltarse las normas

Cuando las cosas no se están haciendo bien hay que luchar frente a ellas, si hay fundamentos sólidos para hacerlo. Las consecuencias que vamos a ver palpables, posiblemente el ciudadano no las note, pero desde luego nosotros vamos a seguir manteniendo y luchando no solo para obtener esas declaraciones, sino para que surtan efecto. Ahora mismo vemos que no se ha aprendido de esa experiencia previa, se siguen cometiendo los mismos errores y Vox tiene que seguir manteniéndose en lo que cree: que con las normas que tenemos no necesitamos otras. 
Se puede hacer compatible la situación sanitaria con el derecho de los ciudadanos a su propia salud y también una situación de actividad en libertad porque sin salud no hay trabajo, pero sin trabajo, por ejemplo, tampoco una actividad económica que nos permita vivir en una buena situación y con eso tendremos que seguir luchando. A veces contra grandes decretos y otras, contra pequeñas normas difuminadas que vienen instauradas y que tenemos que ir analizando. No sólo por la descoordinación que supone sino porque están generando españoles  ya no de primera y de segunda, sino españoles muy diferenciados en base a qué atención pueden recibir, qué pueden hacer, cómo pueden desarrollar su negocio según donde vivan. Eso no lo  podemos consentir porque España es una y todos los españoles tenemos los mismos derechos en todo el territorio y, además, la unidad hace la fuerza y la economía. 
Marta Castro en la sede madrileña de Vox

Marta Castro en la sede madrileña de VoxEl Debate (copyright)

–El presidente del Gobierno cerró un Parlamento durante seis meses. ¿De verdad no hay nadie en el Gobierno o en las altas instancias del Estado que le advirtiera del error?
–A Sánchez le gusta gobernar sin control. Estoy segura de que hubo voces discordantes porque los mecanismos de los técnicos, la administración, a pesar de que tenga sus disonancias, están bien pensados y organizados. Las propias Cortes cuentan con un buen equipo técnico. Pero el afán de manipulación de la izquierda es innegable. 
–Visto lo visto ¿está la presidenta del Parlamento, Meritxell Batet, que no deja de ser la tercera autoridad del Estado, legitimada para seguir al frente de la Mesa del Congreso?
–No podemos olvidar quiénes son los socios del Gobierno. Gracias a ellos está ahí sentado Sánchez. Lo que deberíamos haber aprendido del procés es, como ha quedado demostrado, que la utilización de todas las instituciones en contra del interés general y a favor partidista es obviar la representatividad que confiere el cargo. Olvidan que es el gobierno de todos. Olvidan que la presidenta de un Parlamento representa a todos. 
Lo ocurrido no tiene parangón. En ningún otro país. Creo que se hubiese admitido mantener a esas personas en sus puestos cuando se han saltado o han retrasado, por ejemplo, la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo, que determinó que un diputado no tenía que seguir sentado en su escaño. Poner en duda el mandato judicial y no darle el trámite que le da el reglamento es delictivo. Han estado tratando de evitar por artimañas que no se pueda acreditar una desobediencia manifiesta cuando casi existía. Es de una irresponsabilidad política abrumadora
–Pero siguen reincidiendo sin consecuencias. Una sentencia firme obliga a la Generalitat a impartir el 25 % de las clases en español y se han reiterado una y otra vez en el incumplimiento sin que el Gobierno haga nada
–El problema es la utilización partidista de las instituciones, desde el Parlamento catalán hasta el propio Parlamento español. Ni qué decir ya del CIS. Continúan haciéndolo porque se sienten impunes, de ahí la importancia de tener un Poder Judicial que controle las actuaciones de los políticos. Nadie te asegura que cuando llega un político no quiera adquirir todo el poder, pero para eso existen unos mecanismos de control y esos mecanismos de control no pueden fallar porque uno de los últimos bastiones en la defensa del Estado de Derecho es el Poder Judicial, un poder judicial firme, seguro, apoyado y no politizado, que actúe rápido porque se ha visto que cuando no lo hace las cosas son muchísimo más graves. 
Y que los ciudadanos despierten. Lo peor que nos podía pasar es que estas dos sentencias del Constitucional queden en una anécdota, en el recuerdo de todos los ciudadanos. Nos ocuparemos nosotros también de recordarlas muy a menudo, para que el cuando lleguen las elecciones, pueda decidir haciendo balance. 
–¿Qué le ha parecido entonces que el Supremo no haya querido entrar en el fondo del recurso contra el nombramiento de la Fiscal General del Estado? ¿Si la Sala se hubiese reunido en Pleno se habría dado otro resultado?
–Sí. Por eso antes he insistido en la necesidad de un Poder Judicial valiente, seguro, que tome decisiones y no se deje amedrentar. No estoy diciendo que lo haga pero es verdad que se echa en falta esa valentía, por ejemplo en un criterio que ya se había establecido previamente y al que se ha dado una vuelta de tuerca para poder desestimar. No han querido entrar en el fondo de muchos asuntos, quizá, por no ser ellos los que decidan sobre los mismos. Tienen que hacerlo. Es el control. Decirle al Gobierno: señores, esto lo han hecho mal y tiene que anularse y desplegar consecuencias que ya veríamos cuáles son el caso de la fiscal general. 
Decir que no admiten los recursos por falta de legitimación... Si un partido político o los grupos parlamentarios o los suficientes diputados no tienen legitimación para presentar un recurso contra una decisión política, lo que se está creando son unas áreas de impunidad que sean se hurtan al control de la legalidad cuando lo cierto es que el Derecho lo impregna todo.
En el caso de la fiscal no era una un cargo idóneo, no reunía los requisitos para el nombramiento y si nosotros mismos nos hemos dotado de unos requisitos, de una normativa que nos la saltamos, alguien tiene que venir a decirle al Gobierno hasta aquí no podéis llegar, tenéis que retroceder y tenéis que corregir. Si no hay nadie que les corrija, es el poder sin control.

Toda nuestra admiración al juez Pablo Llarena que lo está haciendo impecablemente. Ha sido un magistrado de instrucción magnífico que permitió el enjuiciamiento de nueve cabecillas del 1-O. A pesar de los indultos

–Y sin embargo, sí ha habido magistrados valientes, como por ejemplo el juez Pablo Llarena, que sigue peleando casi en solitario contra el prófugo Puigdemont. ¿Qué va a pasar desde el punto de vista jurídico? ¿Cuál es la expectativa?
–Desde luego, por nuestra parte, toda nuestra admiración al juez Llarena que lo está haciendo impecablemente, incluso cuando no nos da la razón a lo le que pedimos. De eso se trata, de aplicar la ley, el rigor,.. Ha sido un magistrado de instrucción magnífico que permitió el enjuiciamiento de los otros nueve cabecillas del 1-O. A pesar de los indultos. 
Hemos planteado para revisión de la Sala Tercera esa decisión con el informe en contra del Alto Tribunal. Confiamos en que la Constitución sobrevuela por encima de todos, incluso de los jueces. Y a mí me parece que con independencia de lo que puedan decir yo creo que están viendo que como no sean ellos los que intervengan habrá un antes y un después en lo que puede ser España en un futuro. Tienen una gran responsabilidad y la tienen que asumir como tal. Todo nuestro apoyo, también, a la Fiscalía del Tribunal Supremo, excelente, que no puede ser más rigurosa y minuciosa. 
Lo único que te puedo asegurar es que seguiremos luchando porque se cumpla la legalidad, lo que dicen nuestro Código Penal y nuestra Constitución, la normativa vigente,... que para eso somos un país soberano. En España tenemos uno de los procesos más garantistas, a pesar de lo que puedan decir los propios implicados, y yo confío en que consigamos que los tres fugados (Puigdemont, Comín y Ponsatí) puedan ser enjuiciados y dejen de utilizar el paraguas de Europa. Cuando alguien incumple la ley tiene que pagar por ello. 
–Sin embargo, Bélgica ha sido un refugio para casi la mayoría de los delincuentes huidos de la Justicia española: etarras, raperos, separatistas,... ¿Justicia y belga empieza a ser un oxímoron?
Pues desde luego. Allí yo veo quizá un poco más la politización de ciertas instancias y creo que ahí a los fugados, el separatismo, han sabido hacer económicamente como mecanismo de presión para obtener decisiones favorables. Eso se tiene que ir acabando y, en esa lucha, Vox tiene que liderar ese cambio también en Europa, porque es importantísimo. Muchos nos sentimos abandonados en  Europa porque no está protegiendo nuestra legislación. 
Queremos ser europeos, porque Europa es parte de nuestra cultura, de nuestra esencia y de nuestro desarrollo, pero ante todo somos españoles y eso tenemos que empezar a cambiarlo y poco a poco se irá cambiando. Queremos una Europa que proteja las decisiones del Estado y no ponga en duda las sentencias del Tribunal Supremo. 
–En clave nacional y al hilo de los indultos... también se ha concedido a Juana Rivas. ¿Qué está pasando con la ideología de la igualdad en la Justicia?
–Cuando se imparte Justicia se trata de ejecutar lo que tú has argumentado de forma ideal para que el ciudadano, el propio interesado, vea la forma de interpretar en la práctica las normas que tenemos. En el caso de Juana Rivas se han ocultado informes que podrían haber sido causa de que no se concediese el indulto si se hubiesen conocido. Me parece de una gravedad tremenda de la misma manera que otorgar los indultos, y vuelvo al tema, o los permisos de los etarras o las salidas de delincuentes peligrosos, con informes desfavorables. Yo creo que eso merecería una revisión muy profunda, pero muy profunda. 
–El CGPJ sigue prorrogado y creando verdaderos problemas de vacantes en la Audiencia Nacional y el Supremo. Las dos posiciones negociadoras, enquistadas. ¿Cuál puede ser la fórmula para que en los próximos meses se desatasque o habrá que esperar a elecciones?
–A nosotros nos gustaría poder tener suficiente fuerza para poder ser imprescindibles en la toma de esa decisión y eso es lo que tenemos que trabajar porque, por mucho que nosotros queramos plantear buenas soluciones, ahora mismo, tenemos que mejorar. El estancamiento entre PP y PSOE es la evidencia de ello y pone en evidencia que los dos quieren lo mismo.
A nosotros nos gustaría ser llave porque seguramente entonces se impondría la tendencia de que los miembros del Consejo no puedan ser designados, como un reparto de cromos,  por los partidos políticos sino como nosotros proponemos, por los propios jueces. 

Cuando se está en el Gobierno se es el Gobierno de todos y no se puede admitir un sectarismo como el que estamos viviendo

De ahí la importancia del recuerdo. Que los ciudadanos sepan qué se ha estado haciendo durante este tiempo, quién lo ha hecho y por qué. Y nosotros, ahí, salimos ganando. Los hechos, las evidencias son tantas... La política no sólo es gestión, es muy importante la gestión, pero no en exclusiva. Haces política para instaurar unos valores y unos valores en los que, además, tienes que creer. Cuando se está en el Gobierno se es el Gobierno de todos los españoles y no se puede admitir un sectarismo como el que estamos viviendo hoy.
–¿Qué opinión le merece la situación legal de los MENAS? 
Tenemos herramientas jurídicas suficientes porque todo está regulado y bien pensado, lo que falta es la voluntad política de aplicarlas y de primar la seguridad del ciudadano español frente a quienes entren ilegalmente. Es verdad que por este mensaje a nosotros nos han tildado de todo pero, la verdad, Vox habla muy claro incluso cuando a otros les escuece escuchar lo que decimos, sobre todo cuando a la gente le llega el mensaje y piensan lo mismo que nosotros. 
Vox no está en contra de la inmigración sino de la inmigración ilegal. Ésa que es origen de mafias en los países de origen, que provoca la utilización de las mujeres como objetos o que envía a niños y jóvenes a su suerte, pidiendo dinero, estafando o coaccionando en sus países. Lo que están creando es una especie de esclavitud para poder llegar a España y de España a Europa, como si esto fuese El Dorado. 
No queremos esa inmigración sino una que dote de seguridad a los propios inmigrantes. Cuando entras con un contrato, entras con derechos: a la Seguridad Social, a otros beneficios... La política que se está teniendo hasta ahora sólo alimenta a las mafias interesadas que sólo derivan en delincuencia e inseguridad incluso para ellos mismos que se ven obligados a vivir en unas situaciones que no querríamos para ningún ser humano. Consentir y mirar para otro lado, amparados en una pantalla buenista, queda muy bien en los medios pero no está poniendo el espejo de la realidad. Nos ha costado muchos insultos que se sepa cuál es la situación real, pero es la única manera: conocer la verdadera situación y, luego, trabajar para solventarla.
–¿Poner frente al espejo implica también recordar el pasado a aquellos que están permitiendo la celebración de homenajes a etarras?
–Claro, sin duda. No sé de qué manera puede justificar el Gobierno esas decisiones. Cómo las permiten sin pensar en todos esos ciudadanos que han sufrido la lacra del terrorismo y a los que les ha cambiado la vida en un segundo, durante muchos años. Esa falta de protección ante el delincuente, frente a los asesinos, frente a las condenas que ha habido, es la que no se puede permitir a ningún Gobierno de ningún partido, de ningún color. La protección a las víctimas no puede quedar en palabras bonitas y en bonitos titulares. Hay que pasar a las acción y lo tenemos perfectamente regulado: el enaltecimiento del terrorismo, en el artículo 578 Código Penal; la humillación a las víctimas, en el artículo 61 de la Ley de Víctimas,... la obligación del Gobierno es no permitirlo.  
–No puedes acercar o soltar a asesinos que tienen sobre sus espaldas, como Henri Parot, 86 condenas y más de 4.800 años de cárcel. No puede estar inmune en la calle porque lo dice nuestra ley, la que nos hemos dado, y nos lo dice el sentido común y nos lo dice la Justicia. La Justicia está para algo. Y esto tendremos que solucionarlo, y nosotros no pararemos hasta conseguirlo y seguiremos dando voz a las víctimas. 
Seguiremos pidiendo, como hemos hecho ahora, que el delegado del Gobierno actúe porque le obliga su propia normativa, que la Audiencia Nacional también actúe porque los homenajes a etarras son un delito. Y, ante la flagrancia de un delito, hay que actuar. Las víctimas lo merecen. Han sacrificado su vida por todos los españoles y eso tenemos que tenerlo muy presente todos los días. 
–¿Con más de 28 recursos en el tintero, que le pide la vicepresidenta jurídica de VOX al Año Nuevo?
–Pues mi carta a los Reyes no sería que la Justicia fuese más rápida, que los jueces viesen todos los temas con el mismo rigor de siempre pero mucho antes y sobre todo, y además, teniendo la ley de eutanasia o la ley Celáa, por ejemplo, recurridas en el Tribunal Constitucional que se valore mucho en qué momento se resuelven.
Todas las causas son importantes pero algunas más trascendentales de otras porque habrá situaciones irreparables y eso no se puede permitir en la defensa de los valores. No sólo los que defiende Vox sino los que compartimos todos los españoles, el Tribunal Constitucional también, porque están reflejados en nuestra Constitución y son dignos de protección. 
De los que quedan pendientes las dos leyes que he mencionado afectan a dos derechos fundamentales y son muy importantes para la sociedad en conjunto: cómo es su visión de la vida y la educación del futuro de sus hijos. Deberían resolverse lo antes posible y, además, con una visión trascendente, en el más amplio sentido de la palabra. 
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