Escuela de la localidad catalana de Canet de Mar, las familias que quieren castellano sufrieron una campaña de acoso
Convivencia Cívica Catalana exige al TSJC que se cumpla el 25% de las clases en castellano
Presentarán una petición en nombre de la asociación de guardias civiles Jucil, dado que el incumplimiento de la sentencia «dificulta que puedan trasladar a sus familias a Cataluña»
La asociación Convivencia Civil Catalana, junto con Hablamos Español, se han sumado a las distintas asociaciones de Guardia Civil y de Policía Nacional que este lunes registrarán ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una petición instando a la ejecución de la sentencia que el propio tribunal proclamaba que, al menos, el 25% de las clases que se imparten en Cataluña deben ser en castellano como lengua vehicular.
Las dos asociaciones consideran que «su legitimación para pedir la ejecución la basamos en su derecho a la conciliación familiar, por ser padres de niños y jóvenes en edad escolar». Señalan que «en la situación actual se dificulta que puedan trasladar a sus familias a Cataluña, por no tener a su disposición centros educativos donde poder educarlos conforme a la legislación vigente, algo que atenta claramente contra su derecho a la conciliación familiar».
Las dos asociaciones, presididas por el jurista barcelonés, Ángel Escolano, y por la profesora viguesa, Gloria Lago, recuerdan que "el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, reconocía que había un problema con la conciliación familiar de Policías Nacionales y Guardias Civiles en Cataluña a causa de la imposición del problema lingüístico, y que su Ministerio abogaba por «el cumplimiento de las resoluciones judiciales».
Negativa de la Generalitat
El Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación presentado por la Generalitat catalana el pasado 21 de enero. En el auto correspondiente, se establecía el plazo de dos meses para que se hiciera efectiva la sentencia que procedía del TSJC desde noviembre de 2020.
Sin embargo, el propio consejero de Educación del Gobierno catalán, Josep Gonzàlez-Cambray calificó la decisión de «un intento de judicializar el modelo de escuela catalana». En principio, Educación no tiene previsto aplicar la medida durante este periodo voluntario y se esperaría a que llegara la orden de ejecución forzosa.
Para las dos asociaciones demandantes, «a diferencia de las solicitudes de familias, que solo afectan al grupo de sus hijos, esta petición sería efectiva para el conjunto del sistema» e indican que en los próximos días llevarán a cabo nuevas iniciativas por distintos frentes para lograr el objetivo de «lograr la mayor efectividad con la menor exposición posible para las familias».
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