Manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) el pasado sábado en Madrid
Informe de la delegación del Parlamento Europeo
Las tres iniciativas europeas para resolver los crímenes de ETA que el PSOE quiere suprimir
Los socialistas han presentado 15 enmiendas al informe elaborado por la delegación del Parlamento Europeo dentro de la misión para investigar los 379 asesinatos de ETA no resueltos
El PSOE pide suprimir tres iniciativas propuestas por la delegación europea que visitó España el pasado noviembre para recabar información sobre los casi 400 asesinatos de ETA que a día de hoy, y diez años después de que la banda terrorista se disolviera, no se han resuelto: una que plantea crear una comisión de juristas que elabore un informe de cada uno de los expedientes de las víctimas de la banda terrorista cuyos casos están sin esclarecer; otra que propone considerar los crímenes de ETA como crímenes de lesa humanidad, incluso los cometidos antes de 2004; y otra que insta a garantizar que los beneficios penitenciarios a los etarras se otorguen en la medida en que colaboren para esclarecer los atentados. Así figura en el documento que recoge las enmiendas al que ha tenido acceso El Debate.
En total, se han planteado 16 enmiendas al informe que elaboró la delegación europea tras reunirse con víctimas de ETA, representantes de la judicatura y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De ellas, 15 han sido presentadas por la eurodiputada socialista Cristina Maestre. El citado informe, que se votará el próximo 20 de abril, presenta 31 recomendaciones, tanto de actuación en el ámbito nacional como en el marco europeo e internacional.
Una de los puntos más significativos, y que el PSOE quiere quitar de esa lista, es el de considerar los asesinatos de ETA como crímenes de lesa humanidad, también los cometidos antes de 2004. Concretamente, lo que proponen los eurodiputados es «sugerir a las instituciones competentes» incluir que se reconozcan los crímenes terroristas de ETA como crímenes contra la humanidad, «incluso antes de 2004, por lo que se considera que no están sujetos a prescripción ni amnistía».
El pasado 14 de marzo, cuando se presentó el informe en el pleno de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la europarlamentaria socialista alegó que no se recogía en la legislación española, al no existir el delito de lesa humanidad antes de 2004. A este respecto, Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, le espetó que «el Parlamento nacional tiene la capacidad, la legitimidad y el poder para modificar el Código Penal» para perseguir todos los delitos, señalando que es «inmoral e injusto distinguir las víctimas en función de la fecha en que se cometió el delito».
Por su parte, desde Ciudadanos, la europarlamentaria española Maite Pagazaurtundúa defendió que conseguir juzgar por crímenes de lesa humanidad a «buena parte de los responsables de ETA sería catártico para España; sería su propio Núremberg».
Otro de los puntos destacables que recoge la delegación del Parlamento Europeo en el informe es el de «instar a las instituciones competentes a que garanticen que los beneficios y el trato penitenciarios» a los condenados de ETA «vayan ligados a su colaboración en el esclarecimiento de todos aquellos atentados de los que tengan conocimiento». Otra iniciativa que los socialistas quieren suprimir.
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Si bien, el PSOE, en otra de las enmiendas, pide «sugerir al poder legislativo en España» que se modifique la ley para que, «dentro del marco constitucional español, los condenados por terrorismo tengan que colaborar en la resolución de todos los atentados de los que tengan conocimiento», a pesar de que eso ya existe en la legislación, tanto en el Código Penal, como en la Ley General Penitenciaria. Ambas normas legislativas señalan que, para para progresar de grado u obtener la libertad condicional deben mostrar «signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas», así como colaborar «activamente con las autoridades».
Pagazaurtundúa, junto al también eurodiputado del grupo Renew Europe, Vlad Gheorghe, han presentado como enmienda instar a la Audiencia Nacional a informar «sobre la situación procesal del procedimiento judicial seguido contra los dirigentes de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, Mikel Carrera Sarobe, Ata y Ángel Iriondo Yarza, Gurbitz, por la posible comisión de un delito de lesa humanidad del artículo 607 del Código Penal cuya instrucción se concluyó en abril de 2018».
Juzgar a la cúpula de ETA
El informe de la delegación europea recoge otras iniciativas que las asociaciones de víctimas reivindican con rotundidad, Una de ellas es prohibir los ongi etorris u homenajes públicos a los etarras a su salida de la cárcel, que provocan una «victimización secundaria» y una «humillación» para las víctimas de ETA y sus familias.
Por otro lado, también la de «enjuiciar» a los líderes de la cúpula de ETA en el momento en que se cometieron los asesinatos no resueltos «como autores intelectuales e instigadores de la orden», señala el informe.
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