La ministra Robles se esforzó por escenificar el cambio en la dirección del CNI como algo amable
Justicia
Los juristas alertan de la «ambigüedad» del anuncio de Pedro Sánchez para la reforma del CNI
El presidente ha prometido, en sede parlamentaria, una reforma de la Ley de Secretos Oficiales, de 1968, y otra de la ley orgánica que regula los controles previos del CNI, para las que no tiene mayoría de diputados
Pedro Sánchez se asomaba este pasado jueves a la tribuna de oradores del Congreso para hacer, una vez más, un anuncio político –con cuestionable derivada legal– para contentar a sus socios separatistas catalanes, críticos con él desde que se desvelase el caso del espionaje de los Servicios de Inteligencia españoles a los sediciosos del procés. En esta ocasión, como ya se había comprometido repetidamente, en las últimas semanas, se trata de una reforma normativa de la Ley de Secretos Oficiales –vigente desde 1968– para regalársela al independentismo. A partir de ahora, el texto se llamará Ley de Información Clasificada que, presuntamente, «tendrá por finalidad adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las necesidades actuales y adaptarlo, asimismo, a los estándares internacionales».
Comparecencia en el Congreso
Sánchez distrae al independentismo con dos reformas legales de muy difícil aprobación
El mundo jurídico, sin embargo, alerta de lo «etéreo» de un anuncio en el que el presidente del Ejecutivo no ha dicho «qué va a cambiar» exactamente, «ni por qué». «No explica la reforma, cómo se va a alcanzar los objetivos que expresa, ni los fallos que aspira a corregir», reflexiona para El Debate la magistrada Teresa Puchol. Para la juez, de las palabras de Sánchez podría deducirse que, en efecto, es necesario corregir fisuras «pero entonces, ¿cuáles son las modificaciones?, ¿cuál el precio que se paga y cómo?».
Lo cierto es que Sánchez ha hecho el anuncio extendiendo una densa cortina de humo en el Hemiciclo para no explicar por qué –y, sobre todo, en qué fechas– espió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès y otros 17 independentistas, al mismo tiempo en el que Sánchez negociaba con ERC su investidura. Y, para ello, el líder del Ejecutivo se ha presentado con una futura ley bajo el brazo; y, el anuncio de una reforma del texto orgánico que regula el control judicial previo del CNI, que data de 2002.
Pura pirotecnia, también, esto último, puesto que para reformar cualquier norma con rango de ley orgánica Sánchez necesita una mayoría absoluta de 176 diputados que solo sumaría incorporando a la ecuación a los independentistas a los que intenta apaciguar, toda vez que un eventual apoyo del Partido Popular a este dislate ha quedado descartado.
Las secuelas del 'caso Pegasus'
El anuncio de Sánchez se producía simultáneamente a su presencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el 'caso Pegasus' sobre el espionaje a los independentistas, donde ha defendido el sistema que rige, actualmente, el funcionamiento de los servicios de inteligencia pero sin renunciar a su voluntad de «aprobar avances normativos» en la materia, «acompañados de mayores compromisos presupuestarios».
Sánchez quiere «adaptar» tanto la ley que regula el CNI, del año 2002, para adecuarla a los nuevos retos que plantean las nuevas tecnologías, como la ley de secretos oficiales –ya incluida en los planes normativos del Gobierno durante los dos últimos años–. Tras el escándalo de las escuchas y los seguimientos a sus, todavía, socios de legislatura catalanes el titular del Ejecutivo ha asumido que la medida es «fundamental e impostergable» para adaptar dos textos tan delicados y eficaces a «los principios democráticos, constitucionales» y a «los mejores y mayores estándares internacionales». Legislar en caliente, vamos.
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