La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, durante una sesión del Congreso de los Diputados
Como avanzó El Debate
El Constitucional admite por unanimidad el recurso del PP contra Batet por no facilitar la justificación de los indultos del 'procés'
El Pleno del Tribunal de Garantías ha acordado aceptar la medida presentada por el grupo parlamentario popular contra la decisión de la presidenta socialista de la Mesa del Congreso
La decisión ha sido unánime. El Pleno del Constitucional ha decido admitir a trámite el recurso del Partido Popular contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por negarse a dar a conocer el contenido íntegro del expediente administrativo empleado por el Gobierno de Pedro Sánchez para justificar los indultos de los líderes políticos del 'procés'. Un expediente que el Supremo revisará en próximas fechas para determinar si cumplió con los requisitos legales que se exigen a la medida de gracia. Tal y como avanzó El Debate, la posición mayoritaria del órgano de Garantías era la admitir el recurso, pese a las previsibles reticencias iniciales de alguno de los magistrados que, finalmente, han quedado unificadas en un apoyo rotundo a la ponencia del magistrado Alfredo Montoya Melgar.
El pasado 23 de junio de 2021 el grupo popular en el Congreso solicitaba a la presidencia de la Cámara que informara acerca de los documentos empleados por el Ejecutivo para justificar la puesta en libertad de los nueve políticos catalanes condenados en firme por sendos delitos de sedición y malversación.
Sin embargo, Batet denegó la petición, y Cuca Gamarra, portavoz de los populares, presentó un recurso de amparo ante el órgano de Garantías al considerar que se estaban conculcando sus derechos parlamentarios. Ahora, una vez superado el trámite de la formalidad, los magistrados del Constitucional deberán dilucidar, entrando en el fondo del asunto, si las decisiones de la presidenta de la Cámara se ajustaron al marco de sus competencias, en el seno de una institución colegiada, y de la legalidad vigente.
Así las cosas, el Constitucional tendrá que arbitrar el conflicto surgido de la decisión presidencial en el Hemiciclo. No será la primera vez. Dos precedentes engrosan la dudosa legalidad de algunas sus resoluciones anteriores, por razones de transparencia o unilateralidad: el segundo estado de alarma constitucional, que dejó el Parlamento sin actividad; y, más recientemente, la retirada del acta de diputado al exmiembro de Podemos, Alberto Rodríguez, que ya ha sido incorporada por el mismo Pleno a las cuestiones pendientes del resolver del Tribunal.
Cómplice del 'cerrojazo' parlamentario
A finales del pasado año, el propio Constitucional concluía –seis votos contra cuatro– que con el Real Decreto por el que se estableció el segundo estado de alarma durante la pandemia quedó «cancelado» el «régimen de control» que, «en garantía de los derechos de todos», corresponde al Congreso de los Diputados. Una medida del Gobierno que contó con la complacencia de la presidenta del Parlamento, Meritxell Batet, y que fue declarada inconstitucional por tener un carácter no razonable o infundado.
En una extensa sentencia de 113 folios, que incorporó varios votos particulares, los magistrados del Tribunal estimaron el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra el decreto gubernamental que, a juicio del Tribunal hizo que el Congreso quedase «privado» y luego se le «desapoderó» de «su potestad para fiscalizar y supervisar la actuación de las autoridades gubernativas» durante la prórroga de seis meses.
Un escenario en el que, además, «quedó así cancelado el régimen de control que, en garantía de los derechos de todos, corresponde al Congreso de los Diputados bajo el estado de alarma», algo que «no puede en modo alguno soslayarse durante un estado constitucional en crisis». Primer tirón de orejas al silencio de Batet sobre la cuestión.
Los derechos políticos de los diputados
En segundo término, el Constitucional tiene pendiente la revisión de los dos recursos planteados por el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia del Supremo, que le condenó por patear a un policía; y, contra la decisión de la propia presidenta del Congreso de retirarle el acta parlamentaria.
En aquella ocasión, el Tribunal de Garantías daba luz verde a la petición del exparlamentario de supervisar, en amparo, por una parte, la adecuación del fallo de la Sala Segunda que le sentenció a un mes y medio de prisión e inhabilitación para el ejercicio de cargo público durante período equivalente, por un delito de atentado contra la autoridad cometido en Canarias, en 2014.
Y, por otra, la legalidad de la resolución de Batet que le dejó sin cargo, tras una agria polémica política y judicial que llegó a enfrentar, en clave institucional a la titular de la Mesa del Parlamento con el presidente de la Sala Segunda del Supremo, el magistrado Manuel Marchena.
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