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29 de marzo de 2024

El vicesecretario del PP, Miguel Tellado, en Génova

El vicesecretario del PP, Miguel Tellado, en GénovaTarek/ PP

Partido Popular

El PP exige a Sánchez que retire el decreto energético, pero dejará en manos de los barones la batalla judicial

Génova pretende dar completa autonomía a las comunidades para que presenten recursos de inconstitucionalidad aunque el partido no lo vaya a hacer

El Partido Popular ha pedido a Pedro Sánchez que retire el decreto energético que entrará en vigor este martes a pesar de las quejas de las comunidades autónomas. Ha sido el vicesecretario de organización territorial, Miguel Tellado, el encargado de transmitir la decisión de su formación que asegura que no apoyará este decreto tal y como lo pretende sacar adelante el Gobierno.
«A día de hoy es un real decreto hecho a espaldas de la ciudadanía. Es el decreto de la improvisación. España necesita tomar medidas, pero no estas. Además, tienen que estar consensuadas con el conjunto de las administraciones públicas», ha asegurado el vicesecretario. Sin embargo, el PP está dispuesto a apoyar el decreto si éste se mejora: «Está a tiempo de mejorar el plan y contemplaríamos la posibilidad de apoyarlo», ha añadido al respecto.
Además, el PP ha asegurado que, si a Sánchez «le quedara algo de dignidad política, debería suspender sus vacaciones y convocar la conferencia de presidentes». A pesar de las múltiples quejas de los populares, el partido no está dispuesto a emprender una batalla judicial con el Gobierno por este motivo y, por el momento, se quedará al margen de los estudios sobre la constitucionalidad del decreto.
Fue el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el que pidió este domingo la convocatoria urgente de una conferencia de presidentes. El jefe del Ejecutivo recordó que la «Unión Europea no impone a los Estados un plan de ahorro de energía pero el Gobierno español sí lo impone a las regiones sin discutirlo ni negociarlo».

Autonomía a las comunidades

Por otro lado, Tellado ha afirmado que Génova no se interpondrá en las decisiones de sus presidentes autonómicos y que serán estos los que tengan la última palabra para decidir sobre los recursos de anticonstitucionalidad del decreto del Ejecutivo. «Respetaremos la decisión que se tome. Ya sea Castilla y León o cualquier otra comunidad», ha pronunciado afirmando que son los líderes de las comunidades los que mejor saben cómo tienen que proteger a sus ciudadanos.
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