Una torre de luz eléctrica, en una imagen de archivo
La Generalitat creará una empresa energética pública y pretende gestionar instalaciones
Es la segunda energética pública catalana, tras el fracaso de la creada por Ada Colau, y competirá con las 96 comercializadoras con sede en Cataluña registradas en la CNMC
Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña, ha anunciado la creación de una compañía energética pública «que suministrará energía renovable» y que competirá con las 96 empresas comercializadoras registradas ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) con sede en Cataluña, entre ellas algunas del peso de Audax, Hola Luz o Factor Energía.
Aragonès no se conforma con crear una compañía comercializadora sino que ha afirmado que dicha empresa gestionará instalaciones hidroeléctricas a medida que venza la concesión de las mismas. El presidente de la Generalitat apunta de forma directa a Llesp, una central hidroeléctrica cuya concesión está en manos de ENDESA y vence en 2028. Para conseguir hacerse con la central de Llesp, con una potencia de 12,4 MW, el ministerio de Transición Ecológica debería no renovar la concesión a ENDESA y a continuación cedérsela a la compañía pública catalana, hecho que los expertos creen que generaría problemas por arbitrariedad a nivel de competencia y frente a las autoridades europeas por intervención de mercado. Asimismo la Generalitat prevé apropiarse de la gestión de las centrales de Can Trinxet, Cúblia y Vilana mediante la revocación de la concesión. Los expedientes para asumir la gestión de dichas centrales están en marcha desde mayo de este año. El objetivo de la administración autonómica es crear la empresa utilizando como base el ICAEN, el Instituto Catalán de la Energía. El modelo de transformación de organismo público a empresa ya lo intento, sin éxito por ahora, la Generalitat con el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) al intentar que se convirtiera en banco público.
El presidente de la Generalitat ha explicado que, de entrada, la energía que ofrecerá la empresa pública procederá de los propios edificios de la Generalitat, que, según datos de la Consejería, de Economía, ascienden a cerca de 20.000 inmuebles entre alquiler y propiedad. Asimismo, Aragonès afirma que la Generalitat será la primera cliente de dicha empresa. La posibilidad de adjudicar contratos de forma directa a una empresa pública también es de dudosa aplicabilidad legal debido a la obligatoriedad de convocar concurso y además supondría un menoscabo importante a las actuales empresas suministradoras. La consejera de Acción Climática de la Generalitat catalana, Teresa Jordà, afirmó que el objetivo de la nueva compañía pública es «democratizar la energía» (sic).
Mientras, paran proyectos verdes
La apuesta de la Generalitat por crear una empresa que comercialice energía renovable viene tras la paralización de diversos proyectos eólicos y renovables en Cataluña, así como la línea de alta tensión que debía mejorar la interconexión con Francia. Entre los proyectos paralizados está el campo eólico marítimo en el Empordà. Desde 2019 en Cataluña solo se ha concedido permiso para la instalación de cinco campos eólicos, dado que el pacto de investidura entre ERC y la CUP incluía una moratoria de proyectos de energía renovable.
Batería de impuestos
Cataluña ha creado en los últimos años diversos impuestos que gravan la producción y el uso de energía, hecho que ahora podría afectar a la propia Generalitat. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional un gravamen autonómico sobre residuos nucleares al alegar que ya existía un impuesto a nivel nacional y que eso supondría una doble tributación. Lo que sí consiguió la Generalitat es gravar con un muevo impuesto a los vehículos matriculados en Cataluña con un tributo sobre las emisiones de CO2 de los mismos, con el que espera recaudar 90 millones anuales.
Tras el fracaso de Colau
Ada Colau impulsó en 2018 desde el Ayuntamiento de Barcelona una empresa energética de titularidad pública municipal, Barcelona Energía. La energética de Colau facturó en 2021 23,7 millones de euros, de los cuales el 94,93 % se facturó a sí mismo el Ayuntamiento de Barcelona. Los clientes privados supusieron solo 1,2 millones de euros de ingresos. Ante esta situación, la empresa de Colau tuvo que recurrir a CaixaBank para obtener seis millones de euros de financiación bancaria y subió las tarifas. La oposición municipal solicitó, sin éxito, el cierre de la compañía.
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