Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en la Moncloa
Malos precedentes
Cuatro de los cinco pactos que Sánchez ha arrancado al PP han acabado mal para los populares
Feijóo no se fía del presidente ni de su negociador en jefe, el ministro Bolaños. Y quiere garantías. En lo que va de legislatura, los populares ya han tenido malas experiencias
Ni antes ni después de la larga reunión de este lunes en la Moncloa, el PP está dispuesto a moverse un ápice de su principal línea roja: no habrá acuerdo para la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional sin un compromiso de Pedro Sánchez, por escrito, para cambiar juntos la Ley Orgánica del Poder Judicial.
«El sistema de elección es… un asunto que ustedes conocen cuál es (sic) las distintas posiciones y, por tanto, que sea un asunto que el PP plantea de manera pública pues quiere decir que es un asunto que perfectamente, perfectamente, ellos mantendrán esa posición sin ninguna duda y será una pregunta que tendrán que formular al PP», señaló de forma desordenada Félix Bolaños en su comparecencia; sin aclarar si el Gobierno estaría dispuesto, esta vez sí, a cambiar el sistema de elección.
Los populares quieren garantías porque ya están escarmentados. De los cinco acuerdos que ha hecho Pedro Sánchez esta legislatura con el principal partido de la oposición, todos con la anterior dirección de Pablo Casado, cuatro han acabado mal para ellos. Y, aunque ha cambiado el presidente del PP, el del Gobierno sigue siendo el mismo.
También es el mismo su negociador en jefe y ministro de la Presidencia, que en mitad del verano no tuvo reparos en filtrar un documento firmado por él mismo y por el anterior secretario general del PP, Teodoro García Egea. El documento daba cuenta de un acuerdo entre ambos para que socialistas y populares presentaran juntos una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para desbloquear el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional; un bloqueo provocado por la parálisis en el CGPJ.
RTVE, la primera en la frente
El primer pacto se produjo en febrero de 2021, sobre la renovación del Consejo de Administración de RTVE. Y es el único en el que también participó Unidas Podemos; ellos y el PNV. Los populares accedieron a que José Manuel Pérez Tornero fuera elegido presidente a cambio de poder designar a tres consejeros. El PSOE se quedó con cuatro, Unidas Podemos con dos y el PNV, con uno.
Aquella componenda enterró el compromiso adquirido por Sánchez para elegir al presidente de la corporación pública por un concurso de méritos. A finales del pasado septiembre, Pérez Tornero dimitió, harto de presiones gubernamentales. Así pues, se trató de un cese encubierto.
En su lugar, el monclovismo maniobró para colocar como presidenta interina a la consejera Elena Sánchez, que en febrero de 2021 había sido nombrada a propuesta del PSOE. En el último Consejo de Ministros, el Gobierno aprobó de forma unilateral una modificación en los Estatutos Sociales de RTVE para dotar de plenos poderes a la nueva presidenta. Era la forma de saltarse al Parlamento y al Consejo de Administración de RTVE. La maniobra fue criticada por los tres consejos de informativos de la radiotelevisión pública y por la oposición.
El Tribunal de Cuentas
En octubre de 2021, Casado pactó con el presidente del Gobierno la renovación de los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas. De entrada, el PP sacrificó a Margarita Mariscal de Gante, la que había sido ministra de Justicia de José María Aznar, bestia negra del independentismo.
Hasta entonces, a pesar del indulto a los líderes del procés en junio de ese año, el Tribunal de Cuentas había avanzado implacable en la causa contra 31 ex altos cargos del Govern por el desvío irregular de fondos públicos para la «acción exterior» de la Generalitat en favor de la independencia. Les reclamaba fianzas que sumaban 5,4 millones de euros.
Sede del Tribunal de Cuentas en Madrid
Cuando el PSOE se hizo con la mayoría del órgano fiscalizador, las cosas empezaron a cambiar. El pasado mes de febrero, el Tribunal de Cuentas dio un giro de 180 grados y aceptó el aval de la Generalitat (a través del Instituto Catalán de Finanzas) para hacer frente a las fianzas de, entre otros, los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont y de Oriol Junqueras. Ello significó que los ex altos cargos pudieron evitar el embargo de sus bienes, un procedimiento que ya estaba en marcha.
En julio, el órgano aceptó la solicitud del exconsejero Raúl Romeva y acordó devolver a ERC los 2,13 millones de euros que el partido había depositado en su nombre y en el de otros acusados. El próximo 16 de diciembre, el Tribunal de Cuentas ha convocado a los abogados de los encausados a una audiencia previa, como trámite anterior al juicio. Si es que llega a haberlo, he ahí la cuestión.
La renovación parcial del TC
Aquel acuerdo de octubre de 2021 incluyó la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional: dos nombrados a propuesta del PSOE, Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán; y dos a propuesta del PP, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. Aquel reparto no alteró la mayoría del TC, que todavía es conservadora (los cuatro que toca renovar ahora sí la alterarán).
No obstante, desde entonces Sáez Valcárcel se ha dedicado a emitir votos particulares que han favorecido los intereses de los independentistas, para disgusto de los populares. En marzo discrepó de la sentencia con la que el Constitucional avaló la condena al expresidente de la Generalitat Quim Torra por desobediencia (se negó a retirar los lazos amarillos de edificios públicos). Según él, Torra vio vulnerados dos derechos fundamentales: a un juez imparcial –en alusión al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña– y a la proporcionalidad de las penas. Un mes después, emitió un voto particular muy crítico con el juicio del procés que lideró Manuel Marchena y cuestionó que los condenados -y después indultados- cometieran sedición.
La Agencia de Protección de Datos
Hace un año, Bolaños y el anterior PP también pactaron que la nueva presidenta de la Agencia Española de Protección de Datos sería Belén Cardona y su adjunto, Francisco de Borja Adsuara. Sin embargo, el pasado mes de mayo el Tribunal Supremo anuló ambos nombramientos porque socialistas y populares se repartieron los dos cargos un mes antes de convocarse un concurso público que estaba decidido de antemano.
El quinto acuerdo entre Sánchez y el PP de la legislatura, y de momento el único que ha salido bien, es el que encumbró a Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo, con la popular Teresa Jiménez-Becerril como su adjunta. La proporción es de cuatro a uno. Por eso el PP quiere garantías de que el presidente no se la jugará a Feijóo.
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