La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, este martes en rueda de prensa
El PP sigue adelante
Sánchez se guarda la reforma del delito de sedición hasta que Feijóo firme el nuevo CGPJ
El Gobierno no quiere ahuyentar al líder de la oposición, que ya está recibiendo presiones de Vox y Cs para que rompa las negociaciones. Las negociaciones están «en la fase final», según la portavoz
Cuca Gamarra ha asegurado este martes que son «cosas diferentes». Y en eso están de acuerdo con el Gobierno. Socialistas y populares se han conjurado para que el debate en torno a la a la reforma del Código Penal para abaratar el delito de sedición (de 15 años de cárcel máximo a unos seis) no haga descarrilar, en los últimos metros, la negociación sobre la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha señalado tras el Consejo de Ministros que las negociaciones están a punto, «en la fase final». A la que se ha referido como «la parte más compleja».
De ahí que Pedro Sánchez no quiera que ninguna componenda con ERC ahuyente a Alberto Núñez Feijóo, a quien Vox y Ciudadanos ya han empezado a recriminar que no se levante de la mesa viendo cómo el presidente está dispuesto a reformar el Código Penal al antojo de Esquerra.
El portavoz de Cs, Edmundo Bal, ha pedido a los populares que no sean «cómplices» de este nuevo ataque de Sánchez a la Justicia y, en consecuencia, no sigan negociando el reparto del CGPJ y del TC. Desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros ha lamentado que el PP se preste a «malnegociar», a «chalanear los puestos en el CGPJ».
Es por eso que la portavoz del Ejecutivo ha intentado rebajar la presión sobre Feijóo, insistiendo en que no hay «novedad» sobre una reforma del delito de sedición y en que la prioridad del Gobierno pasa ahora por sacar adelante los Presupuestos Generales de 2023.
Por las cuentas públicas y por la cerrar, de una vez por toda, la renovación del órgano de gobierno de los jueces y del Constitucional. No obstante, no ha querido confirmar si el ex Fiscal General del Estado Cándido Conde-Pumpido será el presidente de este último, ni tampoco si la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la exdiputada de Podemos Victoria Rosell, sigue con opciones para ser vocal del CGPJ.
Isabel Rodríguez ha vuelto a incidir en uno de los argumentos recurrentes del Gobierno estos días: «No parece que tengamos una mayoría parlamentaria para avalar esa posición». Aun cuando el diputado del PDeCAT Ferran Bel hizo el viernes la cuenta por el Gobierno en Twitter: «Los votos (176) en el Congreso si se trata de modificar el delito de sedición, están desde principio de legislatura (mínimo 187, PSOE, UP, ERC, Bildu, PNV Junts y PDeCAT). Hace falta voluntad y coraje político, si se crean impuestos con pocas semanas, también se puede modificar el Código Penal», señaló.
El Ejecutivo insiste en que su posición al respecto del delito de sedición es conocida desde el principio de la legislatura, porque Sánchez la expresó en su discurso de investidura. Hasta en cuatro ocasiones ha aludido la portavoz a aquel discurso durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En realidad, el presidente no fijó postura durante su investidura, sino en una entrevista que concedió a TVE el 20 de enero de 2020. Entonces sostuvo: «Hay que ir paso a paso. Es evidente que toda esta crisis ha demostrado que tenemos un Código Penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España».
En junio de 2021 Sánchez se planteó reformar el delito de sedición en paralelo a la concesión de los indultos a nueve cabecillas del procés, pero el coste político ya era bastante solo con los indultos y ahí quedó aparcada la reforma del Código Penal que había hilvanado el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que fue destituido un mes después en la remodelación del Gobierno de aquel verano.
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