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28 de marzo de 2024

Fernando Grande-Marlaska, Irene Montero y Álvaro García Ortiz

Fernando Grande-Marlaska, Irene Montero y el fiscal general del Estado, Álvaro García OrtizEFE

La instrucción de la Fiscalía no frenará la avalancha de recursos provocada por la ley del 'solo sí es sí'

A pesar de la orden emitida por Álvaro García Ortiz, seguirán siendo los jueces quienes decidan si una condena debe ser reducida al amparo de la nueva ley

El daño ya está hecho. A pesar de que la Fiscalía General del Estado emitió ayer una instrucción para que los fiscales rechacen reducciones de condena al amparo de la ley del 'solo sí es sí', todo apunta a que la avalancha de recursos (y de posibles rebajas penales) seguirá produciéndose como hasta ahora.
Este lunes, pasadas las seis de la tarde, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dictó un decreto con el que pretende unificar el criterio de los fiscales ante la montaña de recursos que se están produciendo con motivo de la ley del 'sólo sí es sí'. En su instrucción, dado que en el cuerpo de fiscales impera el principio de jerarquía, establece que no se revisarán sentencias si la pena que se impuso sigue vigente en la horquilla que fija el Código Penal para cada delito tras la entrada en vigor de la nueva norma.

¿Qué dice la Fiscalía?

La ley del 'sólo sí es sí' rebajó el castigo mínimo por agresión sexual con acceso carnal (lo que se considera violación) de seis a cuatro años de prisión. Eso ha provocado que las defensas de agresores condenados hayan pedido una reducción proporcional de su condena. Y es contra eso contra lo que ha reaccionado la Fiscalía: «Como regla general, no procederá la revisión de las condenas firmes cuando la pena impuesta en la sentencia también sea susceptible de imponerse con arreglo al nuevo marco legal resultante de la reforma. Se evitará la adaptación automática de las penas anteriormente impuestas en proporción aritmética al nuevo marco punitivo».
«Con esta instrucción, lo que se le está diciendo a los fiscales es que cada vez que alguien pida la revisión de una condena que esté dentro de marco penal [que en el caso de la agresión sexual con acceso carnal va de 4 a 12 años] tienen que decir que 'no'», explica a este periódico Carlos Pérez del Valle, catedrático de Derecho Penal.

Yo si fuese abogado seguiría pidiendo la revisión para mi defendido. Otra cosa es lo que diga luego el SupremoCarlos Pérez del Vallecatedrático de Derecho Penal

Dicho todo lo cual, esta instrucción difícilmente va a disuadir a ningún abogado de seguir pidiendo una revisión de condena para su representado porque, a fin de cuentas, serán los jueces quienes decidan si una pena debe ser reducida al amparo de esta nueva ley.

¿Qué puede pasar ahora?

«Yo si fuese abogado seguiría pidiendo la revisión para mi defendido, faltaría más. Otra cosa es que luego el Supremo diga que tienen razón unos u otros», responde el catedrático a la pregunta de si este pronunciamiento de la Fiscalía puede frenar la avalancha de recursos.
Al final, tal y como apunta Pérez del Valle, todo está a la espera de lo que decida el Tribunal Supremo cuando le lleguen las primeras sentencias. Sánchez y el Ministerio de Igualdad son los primeros interesados. «Lo que diga el Supremo va a ser decisivo (...). De todos modos, si el Supremo aceptara el criterio de la Fiscalía y yo fuera abogado, me iría al Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque ha sido muy estricto con el tema de la individualización de la pena».
Por resumir, la Fiscalía propone meter en un mismo saco –y no revisar– todas aquellas condenas cuya duración esté dentro del nuevo marco legal. Y eso es algo que podría colisionar con la doctrina europea.
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