Fundado en 1910

28 de marzo de 2024

Pedro Sánchez y Pere Aragonés

Pedro Sánchez y Pere AragonésEFE

Crisis intitucional

Las 72 horas en las que Pedro Sánchez intentó doblegar al Estado de Derecho

Las dos enmiendas con las que el Gobierno trata de alterar las mayorías del Consejo General del Poder Judicial para elegir a los magistrados del Constitucional

Pedro Sánchez no tiene límites. Con la reforma legal, por la puerta de atrás y vía exprés, con la que el Gobierno socialista cumplía con el pacto alcanzado con sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), el presidente del Ejecutivo inauguraba la era de una serie de atajos legales que, más allá de la polémica inicial, de la protesta enardecida de la oposición y del malestar manifiesto de ciertos sectores de las instituciones concernidas encerraba una verdadera marejada de fondo para la Constitución. La barrera de contención que, hasta ahora, ningún presidente democrático se había atrevido a debilitar, amenazada y cuestionada a golpe de enmienda, quedaba en manos del Estado de Derecho en la que ha sido, hasta la fecha, la semana más negra desde la instauración de la democracia en España.
La que ha recordado a aquellos poderes que, más allá de la voluntad de un Gobierno, estaban llamados a defenderla con los mecanismos a su alcance y, pese a que no lo hayan hecho, todavía, con toda la contundencia debida. El pasado jueves, en que el Congreso de los Diputados se dio cita para deliberar y votar, sin saberlo, sobre cuál será el futuro 'encaje' de Cataluña en España, empezaban 72 horas de infarto en un doble plano, jurídico y político, por tratar de evitarlo.
No en vano, la revisión de la Carta Magna ha sido, siempre, una de las bazas que Sánchez ha barajado como posible eje vertebrador para su último año de legislatura e, incluso, de su eventual y futura continuidad en el cargo si tras las generales de 2023 es capaz de reeditar el «Gobierno Frankenstein», de nuevo, con el apoyo de los separatistas catalanes, gallegos y vascos y de los partidos minoritarios. «Nosotros alumbramos la Constitución hace más de cuarenta años cuando la derecha estaba en otra cosa», aseguraba el presidente del Gobierno, arrogándose el mérito de una obra de consenso. Así las cosas, ¿por qué no iba a estar dispuesto a reformarla cuasi unilateralmente?
Primero fue controlar la Fiscalía General del Estado. Más tarde, complacer a los sediciosas catalanes a golpe de indultos, sedición y, también, malversación. Vamos, amnistía encubierta. Reforma del Código Penal a la carta, pactada con quienes lo incumplen para traer, de nuevo, a Oriol Junqueras a la primera línea de la representación pública y, así, contar con un apoyo para reeditar, de nuevo en 2023, en la Moncloa el Gobierno 'frankenstein'.
Pero la estocada final a esta faena constante contra los pilares de nuestra democracia está siendo el cambio del mecanismo reforzado de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Una institución que se le ha atragantado Sánchez... Con el que no es Poder Judicial, pero lo parece, hasta que se han parido las dos polémica enmiendas en que obviando todos los cánones de participación democrática, con premeditación y unas prisas impropias de una reforma de tal calado, el Gobierno de PSOE y Podemos maniobraba para que, en lugar de los dos tercios del Consejo del Poder Judicial para elegir a los dos magistrados, de los cuatro, llamados a renovar la Corte de Garantías, bastase con la mayoría simple.
Y es que, retorcer las leyes a conveniencia es, en palabras de los juristas 'prevaricación de Estado'. El asalto al corazón mismo de la esencia constitucional se perpetraba a espaldas de los informes preceptivos de los órganos consultivos, sin diálogo alguno con la oposición, sin atender al criterio de los magistrados directamente a los magistrados que, en nuestro país, velan, también porque nadie, ni siquiera los tres Poderes que conforman el Estado, crucen los límites de lo arbitrario para desmantelar España, tal y como la hemos conocido. El 'procés' de Sánchez.
Si el del 1-O en Cataluña fue la desobediencia manifiesta, pública y evidente de una sola parte del Estado, la Generalitat, contra el Estado que, con el Rey al frente, detuvo la afrenta con la Constitución en la mano, artículo 155, el pasado jueves, en sede parlamentaria, asistimos a cómo el propio Gobierno de la Nación el que se salta procedimientos, leyes y normas para consumar sus fines. La hoja de ruta que pasan por dinamitar nuestro actual marco de convivencia, e imponer otro muy alejado de los más deseables parámetros democráticos, está en marcha. Y sólo el Constitucional, atendiendo a las medidas solicitadas por la oposición en el recurso de amparo planteado y ampliado, puede frenarlo. El próximo lunes tendrá una segunda oportunidad de demostrarlo.
Comentarios
tracking