El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control de este miércoles
Análisis jurídico
Los argumentos que desmontan las mentiras tras la resolución del TC
De lo que no hay precedentes es de que se intente colar de tapadillo, sin debate y vía enmiendas a una ley que nada tiene que ver con la elección y composición del TC, unos artículos que cambian unas reglas sancionadas por leyes de rango superior
El martes, tras la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar el proceso de aprobación de las dos enmiendas a la reforma del Código Penal que iban encaminadas a alterar la composición y funcionamiento de ese tribunal, asistimos a una auténtica ceremonia de la confusión y la mentira que, lo más brevemente que pueda, voy a intentar desmontar.
Primero. Es chocante que La 1, a pocos minutos después de la conocida la sentencia, suspendiese la programación, como si hubiese ocurrido una catástrofe nacional, para que apareciesen, sucesivamente, pero diciendo básicamente lo mismo, la presidenta del Congreso, el presidente del Senado y el ministro de Presidencia. Que era algo preparado de antemano es algo que, por obvio, no necesita aclararse. Pero, si les invitaron a participar y no fue una «sugerencia» suya, llama la atención que la televisión pública no invitase también al jefe de la oposición. La primera en la frente. La cadena pública al servicio del PSOE.
Segundo. Choca que los representantes de las cámaras, saliesen a decir lo que opinaban sin tener un comunicado discutido y acordado por esas cámaras a las que pretendían defender de un ataque a su libertad. Porque cuando estos personajes salen por lo que representan, no puede ser para dar la opinión de su partido, de sus socios de gobierno y de sus socios parlamentarios, sino de todos los diputados.
Tercero. A los pocos minutos, El País sacó un editorial diciendo casi exactamente lo mismo.
Cuarto. El contenido de la comunicación fue un conjunto de mentiras y medias verdades que intento desgranar a continuación.
Fácilmente desmontables
La «voluntad popular» y otras cuatro falsedades de la izquierda contra el Constitucional
Los miembros del TC recusados tuvieron la desvergüenza –dijeron todos ellos– de votar en la votación sobre si debían ser recusados. Estaría bueno. No es difícil imaginar lo fácil que sería influir en las decisiones del TC si los miembros que hubiesen sido recusados por cualquier partido no pudiesen votar.
Su mandato estaba vencido. Un miembro del TC lo es hasta que es relevado por otro nuevo debidamente nombrado. Mientras esto no ocurra, ese miembro sigue teniendo todas las facultades de voto y deliberación.
La sentencia del TC coarta la libertad del poder legislativo. Esa libertad ha sido coartada por este Gobierno de mil maneras antes de las tristes jornadas de estos días. Lo fue con su clausura durante la pandemia y el abuso de los decretos-ley, los procedimientos de urgencia que hurtan el debate y el desprecio de ignorar sistemáticamente a los órganos consultivos estipulados, aunque su dictamen no sea vinculante. Fue precisamente por hurtar este debate por lo que el PP presentó un recurso de amparo para defender los derechos de la minoría parlamentaria a ser escuchados en la forma debida. Sin esos debates el Parlamento sería totalmente innecesario y vacío de contenido. Bastaría con un recuento de los escaños de cada partido. Si eso es independencia del poder legislativo, que baje Dios y lo vea.
No hay precedentes de que una sentencia del TC paralice un trámite parlamentario. De lo que no hay precedentes es de que se intente colar de tapadillo, sin debate y vía enmiendas a una ley que nada tiene que ver con la elección y composición del TC, unos artículos que cambian unas reglas sancionadas por leyes de rango superior.
Pero, claro, desde siempre, la mentira ha sido una herramienta política de la izquierda gramsciana. El problema estriba en que, como dijo Alexis de Tocqueville, «la gente está dispuesta a aceptar antes una mentira simple que una verdad compleja». Y la izquierda es especialista en mentiras simples que calan en una ciudadanía ignorante de lo que es y lo que representa el Estado de derecho. Y no puede haber una democracia mejor de lo que sea su ciudadanía. Una ciudadanía políticamente analfabeta da unos políticos estúpidos, cuando no perversos que saben aprovecharse de ellos.
Otra especialidad de la izquierda es inflamar la calle con agitadores profesionales especialmente preparados para ello y con tontos útiles que les siguen. Lo vamos a ver.
Pobre España, pobre Rey.
Comentarios
