Alfonso Fernández Mañueco, junto a Juan García-Gallardo en la Junta de Castilla y León
Las claves para entender el embrollo de Castilla y León
El PP sostiene que no habrá cambios en el protocolo previo establecido de atención a las mujeres embarazadas. Vox confía en que la Consejería de Sanidad sí emita una orden en los términos pactados durante los próximos días
Seis días han pasado ya desde que comenzara una polémica que algunos han interpretado como la primera gran crisis del Gobierno de coalición de Castilla y León, el primero formado por el Partido Popular y Vox, después de casi un año de entendimiento entre ambas formaciones que ha permitido, entre otras cosas, la aprobación de unos Presupuestos para 2023. De hecho, hace poco más de una semana, tanto el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como el vicepresidente, Juan García-Gallardo, coincidían en definir la coalición como «útil y eficaz».
Han sido varios los factores que han podido contribuir a generar una controversia que ha ido creciendo hasta dar la sensación de que, poco más o menos, pudiera implosionar el Gobierno regional en cualquier momento. Entre ellos, el hecho de que han trascendido a la opinión pública versiones distintas sobre un hecho, con matices interpretativos y declaraciones cruzadas que, lejos de aclarar, han supuesto una mayor confusión; o también, que las distintas formaciones ya están en clave electoral y todo se vuelve susceptible de ser empleado para desplegar una estrategia mirando a la cita con las urnas del próximo mayo.
¿Qué se anunció en la rueda de prensa?
Todo comenzó el pasado jueves 12 de enero, cuando comparecían en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el vicepresidente García-Gallardo y el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo. El líder de Vox en la región expuso entonces una serie de medidas, tal como explicó, de defensa de la familia y el derecho a la vida y de apoyo a la natalidad que complementaban a otras ya adoptadas con anterioridad.
Estas se habían recogido en una nota de prensa que emitió la Consejería de Sanidad de la Junta y en la que se señaló que se pondrían en marcha medidas relacionadas «con el ámbito sanitario y asistencial para el fomento de la natalidad y el apoyo integral a las familias», en el marco del acuerdo de Gobierno alcanzado por PP y Vox. Son cuatro:
- Garantizar el acceso a una atención psicosocial específica.
- Elaboración e implantación de un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre.
- El acceso a una ecografía 4D durante el seguimiento del embarazo.
- Velar por que se respete el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
Sobre este protocolo ha habido fundamentalmente dos aspectos con los que se ha generado confusión: la obligatoriedad o no del mismo y si había sido consensuado o no entre los dos partidos del Gobierno regional.
Respecto a lo primero, García-Gallardo dejó claro que este protocolo «es voluntario para la mujer; si no quiere no se le va a obligar». Lo que es obligatorio para los profesionales sanitarios es ofrecer estas medidas a las embarazadas, con el objetivo de que se sientan más acompañadas durante el embarazo y tengan «toda la información posible».
Y en cuanto a lo segundo, el portavoz autonómico señaló que habían realizado «el análisis de algunas medidas» relacionadas con el apoyo a la natalidad y la familia que «vienen a dar cumplimiento» al pacto de Gobierno que firmaron ambos partidos y que habían trabajado «conjuntamente» el vicepresidente y la Consejería de Sanidad. Algo que también expresó el número dos del Ejecutivo, indicando que había sido «consensuado y negociado» con el consejero de Sanidad.
La reacción del Gobierno central
Nada más saltar a los medios este protocolo, las reacciones por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez no tardaron en llegar. Una de las primeras en pronunciarse fue la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, que esa misma tarde afirmó: «Esto es intimidar a las mujeres», al tiempo que apeló al líder de la oposición: «¿cómo lo definiría usted, Núñez Feijóo?». Al día siguiente, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, llegó a acusar al «matrimonio» con Vox de ser «peligroso para la democracia» y a pedir a Feijóo que «rectifique».
Es más, tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE ese mismo viernes, la ministra María Jesús Montero dedicaba gran parte de su intervención ante los medios a cargar contra la oposición por estas medidas que, a su juicio, suponían «un ataque a la libertad de las mujeres», y acto seguido, señalaba que estudiaban «acciones legales» contra las mismas. Acusaba al PP de «abonarse a las tesis más reaccionarias», y a Vox, de ser «la ultraderecha más reaccionaria».
La polémica ya estaba servida para un Ejecutivo nacional que buscaba desviar el debate de otros asuntos sobre los que, hasta el jueves, recaía el foco mediático, como las rebajas de penas o las excarcelaciones de agresores sexuales por la ley del 'solo sí es sí', las controvertidas declaraciones de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, al respecto, o los efectos de la derogación del delito de sedición y la rebaja del de malversación.
El último movimiento del Gobierno central ha sido el de plantear un requerimiento al Ejecutivo regional, pese a que, como ha contado El Debate, no ha habido ningún acto administrativo previo por parte de la Junta en el que basarse. Lo anunció en un comunicado el domingo por la tarde en el que Moncloa amenazaba a la Junta de Castilla y León con utilizar «todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición» si llegaba a aplicar las medidas provida.
La reacción del PP
Mientras los socialistas y Podemos ponían el grito en el cielo por las medidas del Gobierno de Mañueco, y solo un día después de que García-Gallardo las anunciara, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León aseguraba que el protocolo de atención a las embarazadas previo a las nuevas medidas no cambiaría.
El recién nombrado portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, señaló que su partido no va a «tragar con cualquier cosa» y que expresaría el rechazo con las medidas con las que no esté de acuerdo y se quieran «imponer», y afirmó también que es «perfectamente compatible las políticas de fomento de la natalidad con una política clara de respeto a la libertad de la mujer».
Tras conocer el domingo el comunicado del Gobierno, el presidente Mañueco respondía al Ejecutivo que «no se ha tomado ningún acuerdo que vulnere derecho alguno» y le recriminaba su ataque «basado en mentiras» y para «generar alarma social». Al día siguiente, ofrecía una declaración institucional en la que aseveraba que «no se obligará a los médicos ni a las mujeres a nada» y que «siempre se garantizarán» los derechos de las mujeres.
Minutos después comparecía en rueda de prensa Borja Sémper, que afirmaba que «la polémica artificial generada» había resultado «positiva para el PSOE y para Vox» y atacaba a la formación de Abascal: «Es un chollo para el Gobierno de Sánchez y Podemos».
Como informó este periódico, desde el Partido Popular aseguraban que no se aprobará ningún protocolo ni habrá ningún cambio en el que ya estaba establecido. Y en ello también ha incidido este martes el líder popular, Alberto Núñez Feijóo: «El Gobierno de Castilla y León no va a modificar el protocolo de atención a la mujer embarazada».
La reacción de Vox
La postura que desde que se dieron a conocer las medidas adoptó la formación de Santiago Abascal fue que no darían «ni un paso atrás» al respecto. «Nosotros nos vamos a mantener firmes», aseguraba el líder de Vox ante los medios el pasado viernes.
El lunes siguiente el secretario general de la formación, Ignacio Garriga, comparecía en rueda de prensa desde la sede nacional de Bambú, aunque no fue hasta el turno de preguntas cuando habló sobre esta cuestión. Definió Castilla y León como «un dique de contención» de las políticas de Pedro Sánchez y afirmó que el protocolo había sido una decisión «consensuada» y que no había «discrepancias» en el Gobierno regional.
En este sentido, también desde el entorno de García-Gallardo quisieron zanjar la polémica, que consideran una «cortina de humo» del Gobierno para «minar las relaciones» entre los dos socios de la coalición autonómica.
No obstante, este martes tanto el propio Garriga como el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, trasladaron que confían en que la orden con las medidas anunciadas que está a cargo de la Consejería de Sanidad se emita en los próximos días y se cumpla así «con lo pactado». De no cumplirse, revisarían el acuerdo de Gobierno. «No quiere decir necesariamente que vayamos a romper Gobierno, sino que reevaluaremos su capacidad o incapacidad de cumplir los pactos», puntualizaba el portavoz parlamentario, al tiempo que reprochaba al PP su «nuevo giro a la izquierda».
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