Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias y Carolina Bescansa en Vistalegre
Tribunales
Un informe pericial sobre cómo Podemos borró contenidos de su Facebook, clave para prorrogar el caso Neurona
La Asociación Prolege, personada como acusación, ha solicitado ampliar 6 meses más la investigación por un nuevo delito de estafa procesal a la formación morada
El caso Neurona está en sus últimas bocanadas pero podría prorrogarse más de lo esperado. Un nuevo recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid que imputa a Podemos delito de estafa procesal en grado de tentativa al hilo de varios «hechos nuevos» acontecidos en la investigación judicial de la trama principal, atribuida al juzgado de instrucción número 42 de Madrid, por la financiación de su campaña electoral de 2019, está cada vez más cerca de resolverse. En este último sentido, un nuevo informe pericial aportado por Vox al juez Juan José Escalonilla, el pasado mes de agosto y firmado por la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales, arroja datos reveladores sobre la supuesta manipulación «consciente» de alguna información reclamada por el magistrado y será clave en la prórroga del caso.
El dictamen profesional asegura que algunos datos de Facebook de la cuenta del grupo parlamentario de la formación morada, correspondientes a las fechas en las que se trata de depurar su actuación financiera en período electoral y reclamados judicialmente, fueron eliminados de manera de la cuenta «exclusiva del partido» en la conocida red social, cuyas normas impiden que nadie que no disponga de control sobre la misma pueda sustraer ningún dato de manera fortuita.
Así lo hacen constar los expertos de parte en un extenso documento al que ha tenido acceso íntegro El Debate y en el que se asegura que existen pruebas y rastros informáticos que demuestran «que alguien con acceso a la cuenta de la página Facebook.com/ahorapodemos» habría borrado parte de la información solicitada por el Juzgado en relación a la instrucción de Neurona y cómo debido a dicho «borrado de archivos» la propia Unidad de Delitos Informáticos de la Guardia Civil (UDEF) no habría podido realizar correctamente la investigación que se le encomendó en su día para determinar las posibles irregularidades de Podemos en la financiación de su campaña política a las últimas generales.
Tras varios meses de periplo en los que el juez Escalonilla, al frente de la causa, había tratado sin éxito de localizar a un perito experto en la materia, con la formación, experiencia y conocimientos suficientes, para completar los informes contradictorios presentados por cada una de las partes, el nuevo documento podría inclinar la balanza hacia una prórroga adicional de 6 meses en la instrucción del caso, tal y como apuntan fuentes judiciales consultadas por el Debate.
Hasta el momento, el rechazo de seis empresas requeridas para confeccionar el informe pericial final sobre el caso, y una más descartada por el propio magistrado por su falta de especialización en consultoría electoral, habían venido complicando la decisión del juez sobre el archivo definitivo de la causa o el procesamiento de alguno de los responsables del partido fundado, entre otros, por Pablo Iglesias. Así las cosas, tras el cierre de la instrucción del procedimiento, el pasado 27 de julio, el juez Escalonilla estaría a expensas de analizar este último documento y otro informe de la Policía sobre varios correos electrónicos de Juan Carlos Monedero, para emitir su veredicto.
«Podemos manipuló información»
Por su parte, la Asociación de Juristas Europeos Prolege, a la luz del nuevo estado de las cosas, ha pedido al juez Juan José Escalonilla que decrete la continuidad de las actuaciones judiciales encaminadas a depurar responsabilidades en lo ocurrido. No sólo porque «cabe pensar que Podemos ha dificultado claramente la investigación policial» en curso, sino porque, además, «ha aportado a la instrucción actas notariales y supuestas periciales (...) con las que habría maquillado o directamente manipulado información de difícil comprensión para un lego en informática como puede ser un abogado o un juez».
«Si este borrado de información ha perjudicado la investigación policial de una prueba acordada por el Juzgado, no cabe la menor duda de que se ha intentado la manipulación de pruebas u otro tipo de fraude con la intención de provocar un error en el juez o tribunal, lo cual sería constitutivo de un delito de estafa procesal», sostienen desde la entidad sin ánimo de lucro.
Un motivo por el que, a su juicio, «es evidente que la instrucción no puede darse por concluida mientras no se hayan culminado las diligencias acordadas, en este caso, la investigación de la cuenta de Facebook, y que la UDEF no pudo continuar por el borrado de la información y por la negativa de Podemos a facilitar el acceso a dicha cuenta, lo cual debería haber provocado la debida actuación del Juzgado con nuevas diligencias tendentes a dar debido cumplimiento a la diligencia que había acordado previamente y facilitar» a los investigadores «terminar su investigación, que debido a las falsedades del supuesto informe pericial aportado» por la formación morada «se dieron por terminadas».
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