El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez durante su visita al Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2), en Puertollano
Tribunales
El Gobierno gasta 70 millones de euros para evitar sin éxito los 2.000 millones de multas de las renovables
El Ministerio de Transición Ecológica fichó hasta a 7 despachos internacionales para pleitear en el extranjero contra los inversores perjudicados por la revocación retroactiva de las primas del sector
En el año 2020, en plena pandemia, el Gobierno tomaba la decisión de pleitear contra los arbitrajes solicitados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por varios de los fondos de inversión y empresas que solicitan ser indemnizadas por España en compensación por los cambios regulatorios que retiraron, retroactivamente, las primas a las energías renovables aprobadas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico aprobaba la contratación, a través de un a serie de procedimientos urgentes, negociados sin publicidad –esto es, sin concurso público– de algo más de media docena de despachos de abogados internacionales que le ayudasen a rebajar la factura de más de 8.000 millones de euros iniciales a los 2.000 millones actualmente en juego.
Hasta la fecha, y desde entonces, la factura se aproxima a los 70 millones de euros entre honorarios profesionales, intereses legales y costas judiciales por las derrotas sufridas en buena parte de los casos. No en vano, en las últimas semanas, tal y como avanzó El Debate, se han ido produciendo ya, por parte de algunas Cortes Supremas internacionales, como las de Reino Unido y Australia, decisiones orientadas al embargo de bienes españoles para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago que pesan sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, que éste se resiste a atender y que ha intentado sortear, de varias maneras, sin éxito.
Así las cosas, el nada desdeñable coste asumido por el Departamento que dirige Teresa Ribera con grandes bufetes con sede en Reino Unido, Suiza, Australia o Estados Unidos –ya que la Abogacía del Estado no puede actuar fuera de nuestras fronteras– se ha centrado en que marcas como Froriep Legal, K&L Gates o Squire Patton Boggs, se opongan a la ejecución de los laudos arbitrales que favorecen a los inversores beneficiados y que estos ya han empezado a hacer efectivos en dichos países.
Y, aunque desde el Ministerio justifican el mismo asegurando que la factura inicial de las sanciones se ha reducido considerablemente para el Estado, gracias a ello, lo cierto es que el formato elegido para los fichajes de los despachos VIP, sin licitación pública, se amparó en la Disposición adicional tercera, punto 4, del RD 463/2020 del Estado de Alarma declarado inconstitucional por el TC.
Despachos VIP
Dos de los despachos contratados por el Gobierno español, de referencia en el sector energético en EE.UU. son Williams & Connolly y Sovereign Arbitration Advisors. El primero de ellos, por valor de algo más de por valor de algo más de 240.000 euros y vinculado al procedimiento planteado ante el Tribunal Federal norteamericano por la compañía RREEF Infrasestructure. Y, el segundo, que supera los 230.000 euros, encargado de combatir el laudo en manos de InfraRed Capital Partners presentado, para su convalidación, ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia.
También en EE.UU., y con sede en Pensilvania, es K&L Gates, firma asignada al laudo del grupo inversor Watkins Holding que es propietario de varios parques eólicos en España. Para este caso, competencia del CIADI, el importe de la minuta ascendió, de partida, a unos 213.000 euros. Así las cosas, y a pesar del intento, sólo en la jurisdicción norteamericana las condenas a España superan con holgura los 70 millones de euros que el Gobierno ha preferido invertir en abogados antes que en pagar y amortizar los títulos a favor de los demandantes.
Otros dos contratos de 250.000 y 335.000 euros recayeron en el despacho helvético Froriep Legal, para la representación legal en el proceso arbitral abierto en Zurich (Suiza) contra España por un grupo de fondos de inversión vinculados por una suerte de cooperativa designada The PV Investor para evitar el reconocimiento del laudo instado o bien, en su caso, para procurar la anulación posterior de dicho título.
En el caso de Australia, la Alta Corte equivalente a nuestro Tribunal Supremo decretaba, este miércoles, y tal como avanzó El Debate, la conformidad del laudo esgrimido por Antin Energía Termosolar por valor de hasta 101 millones de euros, lo que se traducirá, en la práctica, en el posible embargo de nuevos bienes del Estado español como la sede del Instituto Cervantes en Sideny o los activos de la empresa pública Navantia. Un mal precedente para el despacho Squire Patton Boggs que fue contratado por el Gobierno, por algo más de 225.000 euros para desvirtuar las peticiones de 9Ren en los tribunales de Australia.
También en Australia, el Ministerio de Teresa Ribera cuenta con el asesoramiento de Johnson Winter and Slattery, fichado por unos 400.000 euros para asumir la dirección letrada de los intereses españoles en el arbitraje que RREEF Infrastructure, también, sostiene en paralelo al norteamericano, en el país oceánico.
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