Malestar entre los abogados por la visita de Bolaños a la sede del ICAM en plena crisis de la Justicia

No ha gustado nada entre los abogados madrileños la visita del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al Foro organizado, este jueves, por la Junta directiva del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) que, desde el pasado 21 de diciembre, preside Eugenio Ribón. Ni la presencia de «un perfil netamente político del Gobierno», ni el hecho de que la misma se haya producido en una fecha tan próxima a la «campaña electoral de las municipales y autonómicas» del próximo 28-M han sentado bien entre la mayoría de los colegiados. «Es una tomadura de pelo que se convierta a la institución en una alfombra roja para los políticos» que, no sólo «no defienden las necesidades reales de los operadores de la Administración de Justicia» sino que «no representan para nada a los abogados», lamentan algunos letrados en declaraciones a El Debate.

Sin embargo, las críticas más contundentes hacia la elección del brazo derecho de Pedro Sánchez en la Moncloa para hablar de las prioridades legislativas de la Presidencia española de la UE, han venido porque «viene a contar su propaganda» cuando «aquí las cosas están como están, con una huelga general de los funcionarios en ciernes» que, si nada lo impide, arrancará con paros diarios desde el próximo 17 de abril; y las medidas de presión progresiva que ya han anunciado jueces, fiscales y magistrados.

Félix Bolaños, por su parte, ajeno a la polémica creada por quienes no ven con buenos ojos que «el decano y su Junta busquen la foto con el político de turno» –«a costa del dinero y en el espacio que pertenece a todos los colegiados»– ha desglosado en su intervención las prioridades del Gobierno en materia legislativa para el curso político vigente y, en especial, para el escenario que España estrenará a partir de junio al frente del Consejo Europeo.

Bolaños ha anunciado que la meta del Ejecutivo es la de aprobar un total de 117 normas en 2023, de las cuales dos terceras partes responden a transposiciones de directivas europeas y al cumplimiento de compromisos adquiridos con la Comisión para el reparto de fondos comunitarios. En la esfera europea, la regulación del mercado eléctrico en base a las propuestas españolas será uno de los puntos destacados en el próximo semestre.

Para afrontar los retos legislativos en el marco de la presidencia europea del Gobierno de España, la vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, le ha invitado a apoyarse en el ICAM como mayor Colegio profesional de Europa: «Las mejores presidencias del Consejo de la UE se han caracterizado por ser capaces de crear espacios que fomenten la participación, el dialogo y la actividad de su sociedad civil. Por ello, desde el ICAM, como institución de referencia de la Abogacía europea, garantes del Estado de derecho y defensores de la seguridad jurídica, tenemos la firme voluntad de ser una de las instituciones especialmente relevantes en esos espacios que son, en nuestra opinión, de suma importancia».

El conflicto con los funcionarios

Mientras su compañero en el Consejo de Ministros intervenía desde la tribuna del ICAM, la titular del ramo, Pilar Llop, aseguraba a los funcionarios de la Administración de Justicia, que se disponen a iniciar declararse formalmente en huelga, el próximo lunes, que está abierta a negociar con ellos sus reivindicaciones laborales; si bien, como ya sucediera con los Letrados (LAJ) hace unas semanas, les ha recordado que ya les subió el sueldo, al tiempo que les ha instado a «mirar por los ciudadanos» como verdaderos perjudicados por el cese de su actividad.

«Los funcionarios de territorio Ministerio», que son las cinco comunidades autónomas que no tienen las competencias de Justicia transferidas, «ya tuvieron una subida» con un «paquete presupuestario de aproximadamente 40 millones de euros que se han consolidado en los presupuestos de los años siguientes», añadía LLop.

«Nosotros apelamos constantemente al diálogo, lo hemos demostrado con una huelga que ha tenido una duración de varias semanas por parte de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y vamos a hablar ahora con los sindicatos», pero «les pido que tengan en cuenta que es necesario mantener el buen servicio público de Justicia (...) y que no se cause un perjuicio», ha dicho la ministra en declaraciones a la prensa, en el marco de las III Jornadas de Mediación Intrajudicial organizadas por el despacho de abogados Roca Junyent.