Cándido Conde-Pumpido, nuevo presidente del Constitucional y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno
En un Pleno dividido
La izquierda del TC impondrá su mayoría para avalar otras tres causas controvertidas del sanchismo
La ley Celaá de Educación, el segundo recursocontra el impuesto de Plusvalía en segundas viviendas y la validez del aborto frente a la abstención de la magistrada Concha Espejel
El de este martes no será un Pleno de mero trámite en el Constitucional. A las cuestiones previas –algunas de ellas «de calado», como la admisión de una segunda impugnación de la Memoria Democarática del PSOE y Bildu– que abordarán los magistrados convocados en el único cónclave previsto para este mes, se sumarán un total de cuatro causas de amparo e inconstitucionalidad que la apisonadora de la izquierda avalará para sortear, una vez más, las presuntas tachas que contienen algunos de los decretazos aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Así las cosas, según han podido saber El Debate, el sector encabezado por Cándido-Conde Pumpido cerrará filas, de nuevo, entorno a varios de los temas más políticos que se han incluido en el orden del día: la 'ley Celaá' de la reforma educativa, el recurso de más de cincuenta diputados de Vox contra el Impuesto de Plusvalía o la súplica presentada por parte del PP contra la decisión de inadmitir la abstención de la magistrada Concha Espejel en el recurso contra la ley de plazos del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero.
Además, el Pleno allanará el camino a la inexistencia de «indefensión material» en una decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) que resolvió en catalán una sentencia, sin atender a la traducción al castellano solicitada por una de las partes; mientras que, lo hará en estimación del amparo solicitado por un abogado contra la «pérdida de imparcialidad» de una juez que, en el transcurso del procedimiento penal, interrogó de manera «incisiva» a uno de los peritos que este letrado había presentado.
Un escenario, este último, que «abre un escenario muy peligroso para la práctica procesal, constriñendo la actuación de los jueces y magistrados», apuntan algunas voces críticas a El Debate.
La 'ley Celaá' para la reforma educativa
Aunque fue en el cónclave del pasado 23 de marzo cuando el TC respaldó, indirectamente, la conocida como 'ley Celaá' frente al recurso de Vox contra la norma, no será hasta este martes cuando el texto de la ley quede plenamente avalado por el órgano, una vez la sentencia inicialmente propuesta por el magistrado Ricardo Enríquez ha sido retocada por el ponente para adaptarla a las indicaciones de la mayoría. en un primer momento, Enríquez presentó la conformidad del modelo educativo recogido en la LOMLOE salvo en dos cuestiones –el rechazo a la segregación del alumnado por sexos y en centros de educación especial–, que fueron determinantes para que se le encargase un nuevo borrador que avale sin fisuras la ley, y que será el que vote, esta mañana, el conjunto de la Corte.
Enríquez proponía declarar constitucional la Ley Orgánica de Educación de 2020, excepto los artículos que recogen que «los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas» y «no separarán al alumnado por su género»; y, que las administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y dispondrán las medidas necesarias «para evitar la segregación del alumnado».
Hoy, martes, la ley Celaá salvará el trámite gracias a las tachas eliminadas por Enríquez a petición de sus compañeros del sector de la izquierda por siete votos frente a cuatro que, sin embargo, respaldarán el borrador inicial del magistrado como voto particular opuesto a la decisión final.
El 'decretazo' sobre la plusvalía
Enn una reciente sentencia, de hace un mes, dictada por el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, el Pleno de los magistrados, desestimaba por mayoría el recurso de inconstitucionalidad del PP contra el Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, para adaptar parte de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional relativa al Impuesto sobre la Plusvalías. Un fallo contra el que votaron los magistrados Arnaldo y Espejel en sendos votos particulares.
La ponencia de Conde-Pumpido apreció, en contra de uno de los argumentos de los populares, que en las medidas medidas aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez concurría el presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad, en el marco de «una situación económica problemática explícita y razonada», en el que «los preceptos impugnados tuvieron como finalidad colmar el vacío normativo producido» por una declaración de inconstitucionalidad previa que, de no haberse salvado, habría impedido «seguir recaudando el impuesto por parte de las entidades locales».
En segundo lugar, la sentencia no admitió la vulneración de «los límites materiales que el art. 86.1 CE (en relación con el art. 31.1 CE) establece para la utilización del decreto-ley en materia tributaria». Una tesis contraria a la que defenderá el magistrado Ricardo Enríquez en el Pleno de este martes, sobre la misma materia, y en respuesta al recurso planteado, en este caso por Vox, contra el polémico 'decretazo'.
A diferencia de Conde-Pumpido, el también veterano Enríquez considera que, de acuerdo al sistema tributario español, la normativa impugnada «modifica la base imponible del impuesto local y, además, altera sustancialmente la posición de los obligados a contribuir», de manera progresiva y según su capacidad económica, «en el conjunto del sistema» de manera que lo contrario afecta a «la esencia de su deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos» que enuncia nuestra Carta Magna. También, en este asunto troncal para el Gobierno actual, la mayoría zurda del TC impondrá la aritmética para sacar adelante una interpretación favorable a los intereses del sanchismo. La tensión está servida.
La polémica sobre el fallo del aborto
Ni el durísimo voto particular de la magistrada afectada, Concha Espejel, ni el recurso de súplica interpuesto por varios de los diputados populares que, en su día, recurrieron ante el Constitucional la ley 'Aído' del aborto aprobada durante el Gobierno socialista de José Luis Roddríguez Zapatero, han conseguido evitar la sentencia amplia que prepara el Constitucional , ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, para declarar, conforme, el sistema de plazos.
En el Pleno de esta mañana, según ha podido saber El Debate, quedará rechazada la petición encabezada por el exministro popular Federico Trillo para que se anulase la votación de la ponencia inicial, rechazada, del magistrado Enrique Arnaldo al haber sido fruto de la deliberación de un cónclave «indebidamente constituido» tras no admitirse la abstención presentada por su compañera del bloque conservador, Concepción Espejel.
Fuentes de toda solvencia, próximas al Tribunal, muestran su disconformidad con la falta de legitimación que se empleará desde el ala zurda de la Corte para desestimar el último recurso posible contra la decisión a favor del sistema de plazos, sin limitación alguna al texto aprobado por el Ejecutivo de Zapatero. A juicio de estas mismas fuentes, el defecto formal alegado por la mayoría podría haberse arreglado, de arranque, «habilitando un plazo de subsanación al recurrente». Sin perjuicio, «de cuál fuese el resultado posterior del debate sobre el fondo del asunto».
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