Los enfermeros denuncian a su expresidente por pagar 180.000 € por trabajos fantasma a un familiar de su equipo

El Consejo General de Enfermería (CGE) de España ha denunciado a su expresidente, Máximo González Jurado, por abonar 180.000 euros por trabajos inexistentes a la empresa del hijo del expresidente del colegio de enfermeros de Castilla y León, Alfredo Escaja. Actualmente González Jurado está investigado por los tribunales por desfalcar 20 millones de euros durante los 30 años que dirigió la institución enfermera. Con esta denuncia se le abre un nuevo frente judicial.

Tal y como ha podido saber El Debate, el Consejo, hoy presidido por Florentino Pérez Raya, presentó el pasado 25 de abril una denuncia contra Máximo González, presidente de la institución durante tres décadas y dos personas de su confianza: Alfredo Escaja Fernández, su mano derecha y expresidente del Colegio de Enfermería de Castilla y León, y su hermano Julio González Jurado, exgerente de los enfermeros.

Los hechos delictivos de los que se acusa a estas tres personas son administración desleal, apropiación indebida y descubrimiento y revelación de secretos. Según la denuncia, Máximo González autorizó el pago de un total de 180.000 euros a la empresa Serviclar 2000 SL, dedicada a la formación y a la asesoría sanitaria. El administrador único de esta compañía es David Escaja Borrego, hijo de Alfredo Escaja, hombre de confianza del expresidente del CGE.

Teóricamente, el objeto de estos pagos era la realización de trabajos de asesoramiento. Sin embargo, tras la llegada del actual presidente Pérez Raya al Consejo se realizó una auditoría y no se encontraron por ningún sitio. Por este motivo, la cúpula del Consejo denuncia que estos abonos se pagaron por trabajos que nunca se llevaron a cabo.

El Consejo descubrió estos pagos tras una intensa investigación ya que el gerente de la institución, hermano del denunciado, se negó a colaborar con las directrices de transparencia instaladas por el entonces recién nombrado presidente Pérez Raya. Los 180.000 euros fueron abonados desde Cofunsalud (9.571,31 euros) y E-Network Salud (171.116,45 euros), entidades dependientes del Consejo.

En total, 180.687,76 euros. Los abonos por trabajos fantasma se realizaron durante toda una década, entre los años 2000 y 2010. La primera entidad dependiente del Consejo hizo dos pagos de 4.785,66 euros. Sin embargo, la segunda optaba por la fórmula de contratos trimestrales de esa misma cantidad para aumentar la cantidad a facturar por parte de la empresa familiar de la mano derecha del ex jefe de los enfermeros.

Las facturas, tal y como figura en la documentación aportada por el Consejo ante los tribunales, eran emitidas por parte de Serviclar 2000 SL de tres en tres, de cuatro en cuatro y hasta de cinco en cinco. Según el Registro Mercantil, esta empresa fue constituida en octubre de 1999. Es decir, tan sólo unos meses antes de que comenzara a recibir dinero de la institución médica. En aquel momento el administrador único de la compañía era José Ignacio Sánchez Calderón, familiar se Escaja.

Serviclar 2000 SL no ha vuelto a facturar desde que González Jurado abandonara la presidencia de los enfermeros. Desde 2017 hasta el día de hoy, el Importe neto de la cifra de negocios que ha declarado a la Agencia Tributaria ha sido de cero euros. De la misma manera, la compañía tampoco cuenta con trabajadores. En 2016, tan sólo un año antes de que González Jurado dejara el Consejo declaró un trabajador. Desde ese fecha hasta la actualidad ninguno, aunque la empresa continúa operativa.

Paralelamente, el escrito también pide que se investigue a Escaja por figurar como representante legal de Desarrollos Aulares SA, una empresa radicada en Cuauhtémoc (México) dedicada al sector de la construcción por si tuviera alguna relación con los pagos por trabajos que no se llevaron a cabo. La denuncia pone en duda que Escaja, enfermero de profesión, pueda poner en funcionamiento una empresa extranjera dedicada a una materia distinta a su sector.

En esta denuncia también se acusa a Escaja de usar correos electrónicos internos del Consejo obtenidos de manera ilegal. El uso de Escaja coincide con otra denuncia que los enfermeros interpusieron ante la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional en mayo de 2021 por haber sufrido un misterioso hackeo de sus ordenadores y archivos electrónicos.

El Consejo de la Enfermería se querelló contra su propio expresidente por una serie de actuaciones durante su mandato, entre 1997 y 2017, que hace sospechar de un desvío de 19,7 millones de euros de fondos de la entidad para su propio su provecho, tal y como desveló El Mundo. El Consejo representa a 316.000 profesionales de 52 colegios provinciales. Con esta nueva actuación judicial tiene como objetivo recuperar el patrimonio supuestamente sustraído por el expresidente González Jurado.